Por Andrea Sosa Alfonzo. El grupo DOTA, empresa monopólica de transporte en el área metropolitana, atropella a sus choferes con prácticas que remiten al peor escenario de violación de los derechos del trabajo en la Argentina.
El avance de un entramado perverso, que tiene como actores nodales a las patotas sindicales por un lado y a las empresas del transporte por el otro, ocupa los recónditos recuadros en las páginas de los diarios para reflejar en su menor intento, las prácticas de abuso y corrupción en el sistema de transporte. Mientras tanto, mientras no sean muertes en las voces de los trabajadores precarizados, dichas prácticas crecen a la sombra del silencio y la invisibilidad.
El ejercicio del amedrentamiento
Uno. En la madrugada del 19 de septiembre de 2011 el auto de Néstor Marcolini fue incendiado en la puerta de su casa como señal de amenaza y amedrentamiento para él y su familia. Fue en el marco de un plan de lucha que llevaba adelante la línea 60 ante la negativa de la empresa Micro Omnibus Norte S.A (MONSA), perteneciente al Grupo DOTA, al reconocimiento del Cuerpo de Delegados, negando además el convenio colectivo y el derecho al descanso entre viajes.
Dos. El 7 de octubre de 2011, la nieta de 15 años del delegado de la línea, Daniel Farella, fue golpeada y torturada por cinco hombres que ingresaron en la casa del dirigente gremial en la localidad de Isidro Casanova, advirtiendo a su familia que lo estaban buscando “para matarlo”. La ataron de pies y manos a la cama, le pasaron un cuchillo por el cuerpo, y le mostraron una foto de la libreta de trabajo de Farella.
Tres. A la 1.30 de la madrugada del pasado sábado 18 de agosto, el delegado de la línea 60 Héctor Rubén Cáceres sufrió el incendio de su automóvil frente a la puerta de su casa. Una de las lecturas por parte del cuerpo de delegados fue que la acción se dio en el marco de “acallar nuestros reclamos laborales”.
Un comunicado de los trabajadores de la línea se solidarizó y afirmó que “ante las reiteradas agresiones, atentados y amenazas sufridas hacia el Cuerpo de Delegados y los trabajadores frente a las reiteradas denuncias contra la empresa UN-DO (DOTA), que usa la amenaza recurrente para acallar nuestros reclamos laborales”, no descartan medidas contra la empresa, a quien consideran artífice intelectual de los hechos. Dichos episodios se dan en el marco de un conflicto de larga data en la línea, al que se sumó durante el mes de abril un paro de cinco días en demanda de mejoras salariales y laborales y en rechazo a cuatro despidos arbitrarios. La línea 60 tiene uno de los recorridos más amplios del área metropolitana, con 32 ramales y más de 200 mil usuarios por día.
La voz de los que pelean
Héctor Rubén Cáceres, delegado de la línea 60, dialogó con Marcha mientras el Cuerpo de Delegados de la línea permanece en estado de asamblea permanente, a raíz de los últimos atentados.
“Esa misma noche estábamos reunidos algunos compañeros de trabajo, haciendo un tallercito de cómo leer el recibo de sueldo. Hacia las 23.30 hs los compañeros se fueron y ahí cerca de la 1.30 de la madrugada fue que ocurrió el atentado. Los testigos que tenemos sólo vieron un auto Volkswagen rojo alejarse del lugar”, relató Cáceres sobre su propia experiencia el 18 de agosto.
“No me dieron custodio ni para mí ni para mi familia. Nosotros venimos recibiendo amenazas concretas y verbales desde hace un tiempo, pero las denuncias que hacemos en la Comisaría Nº26 en Capital Federal directamente ya no las toman”, alertó con preocupación.
Los delegados han realizado denuncias permanentes ante la Justicia: “Tenemos 17 causas abiertas en contra de la empresa, por la quemadura del auto de Marcolini el año pasado, por el ingreso a la casa de Daniel Farella, maniatando a la nieta para que el compañero renuncie. Pero esto no sólo es a los delegados, sino también hay amenazas a los trabajadores dentro del establecimiento de la empresa.”
Otras líneas del grupo económico sufren las mismas prácticas perversas: el miércoles pasado le incendiaron el auto a un chofer de la línea 24, a dos trabajadores de la línea 135 los molieron a golpes al mismo tiempo que los obligaron renunciar, el jefe de personal de la línea 32 amenazó a las hijas de un chofer de la línea para que no reclame más nada. Y los atropellos siguen.
Cuando el avance de las políticas más duras sobre la población trabajadora lo hacen de la mano del ocultamiento de la información, de la concordancia con patotas sindicales rentadas por el negocio y por la omisión de un Estado que subsidia sin control mediante, surgen los peores escenarios. Y Cáceres lo menciona mejor que nadie. “La política de la empresa es el amedrentamiento para que los trabajadores abandonen los reclamos. Una sola causa está avanzando, sobre dos personas de la patota que sacaron armas de fuego y apuntaron a otros compañeros, pero las demás están congeladas”. Sin embargo, en la empresa DOTA se trabaja en negro, e incluso en este contexto el trabajador es obligado a renunciar.
En el decreto 1395/98 la CNRT menciona en sus arts. 81, 82 y 83 que la violación del régimen de frecuencias en la prestación de los servicios de transporte diurno y nocturno, urbano o interurbano, será sancionado con multas de 3 mil a 20 mil boletos mínimos por cada “servicio en exceso, no iniciado o desatendido, sin perjuicio de las demás consecuencias jurídicas que dicha violación acarrease al transportista”. La compañía no cumple con ningún régimen de frecuencia establecido por la CNRT.
Pero la empresa DOTA sólo recibe premios. El subsidio para el primer semestre fue aumentado en 112 millones de pesos, que implica un valor de 55 mil pesos por unidad por 480 coches, cuando en realidad sólo está sacando 240. Es decir, 140 unidades menos que no están en la calle y sin embargo no hay apercibimientos, ni multas, ni controles en el tipo de contratación en negro que hace. Sin embargo, meta palo y palo. Silencio.