En estos días en que las imágenes distópicas parecen cada vez más palpables, la fuga hacia la ciencia ficción que propone Carlos Alberto Solari en “Fusilados por la cruz roja”, no resulta difícil de imaginar en el corto plazo: un cyborg, como Robocop, con capacidad de poder detener y encarcelar a seres humanos, sin ningún marco normativo que lo regule ni se lo impida. De verdad, no estamos tan lejos.
Por Nacho Saffarano
Este artículo surge a partir de las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en las cuales confesaba que las fuerzas de seguridad se encontraban realizando “patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social”. Estas declaraciones, realizadas en el marco de una conferencia virtual de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Nación, despertaron una serie de reacciones que podemos dividir en tres bloques:
1 – rechazo de la oposición mayoritaria, comandada por Juntos por el Cambio y particularmente por la antecesora de Frederic, la sinvergüenza de Patricia Bullrich, tristemente célebre por encarcelar tuiteros durante su gestión.
2- repudio del oficialismo ante el cinismo de la oposición, y una combinación de silencio y apoyo en voz baja a las declaraciones de Frederic, teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento que estamos atravesando.
3- una tercera voz que expresaba preocupación ante las declaraciones de la Ministra y rechazo a los fundadores de la Doctrina Chocobar; con muy poco rebote mediático, trabajada por organizaciones sociales, sectores de la izquierda, y un pequeño grupo de intelectuales.
Frederic estuvo rápida de reflejos y pidió disculpas por la desafortunada declaración, manifestando que lo que hacían – vaya a saber uno qué fuerza y qué personas – era un rastrillaje sobre el contenido público de las redes sociales, y no una búsqueda a publicaciones de particulares. Al día de hoy, ya tenemos al primer imputado, acusado por el delito a la intimidación pública. Un pibe de 21 años, de Balcarce, que luego de haber sido rechazado para ser beneficiario del IFE, tuiteó “¿sigue en pie lo del saqueo, no?”. No está de más aclarar, si bien no es el objeto de análisis aquí, que toda esta actuación es ilegal, en tanto contraria lo dispuesto por los incisos 2 y 3 del artículo 4°, de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
Todo lo líquido se desvanece en las redes
En un artículo anterior, decíamos que uno de los principales riesgos que corríamos al ensalzar el accionar de las fuerzas policiales y quitar el ojo sobre el necesario contralor de sus actividades, era la legitimación de un giro autoritario, una vez que la situación de la pandemia esté controlada. Pocas certezas tenemos en cómo va a ser el día después de que termine “todo esto”. Una de esas es que la enorme mayoría social, va a ser más pobre. Y con un sistema penal preparado para perseguir a los marginados, este no debe ser un dato menor. Esta es la razón por la cual, más allá de la declaración ligada a la coyuntura que hace Frederic, el campo popular debería ponerse a estudiar y debatir cuánta libertad estamos dispuestos a perder, hasta donde puede vigilar el Estado.
Hay dos buenas razones para preocuparse. La primera, es la alta legitimidad popular con la que cuentan los discursos punitivos en estos tiempos. Cuando los principales referentes de Juntos por el Cambio salen a criticar a Frederic, no lo hacen porque piensen que esté mal las políticas de control tecnológico sobre la población o porque su base social la rechaza, sino porque precisan polarizar, distinguirse y nada más. Tal vez su preocupación sea que puedan imputar a alguno de sus trolls. Pero no, las Fuerzas de Seguridad, el sistema penal en su conjunto, no olvidan su carácter de clase, por lo que los trolls-center podrán seguir operando tranquilos, sabiendo que no son pibes de un barrio popular de Balcarce.
En una entrevista reciente, el abogado e investigador Esteban Rodríguez Alzueta, habla sobre el peligro de una sociedad con miedo. El miedo al contagio del Covid-19, a la muerte golpeando la puerta de una casa en Nordelta y de una casilla en la 1.11.14 al mismo tiempo, unificó reclamos y exigencias. Ese miedo que lleva a desconfiar todo el tiempo del que tenemos adelante en la fila de la verdulería, del que no usa barbijo, que nos lleva a denunciar compulsivamente. El miedo es el mejor amigo de la punición, la vía de acceso para una batería de medidas represivas. Y una vez que el compendio normativo-punitivo se logra instalar, así sea en este caso como una medida excepcional para combatir una situación de crisis, las voluntades estatales para dejar de utilizarlas, casi nunca existe.
La segunda razón para preocuparse, es la internacionalización de las prácticas de vigilancia digital, las cuales se agudizaron con la pandemia, principalmente con los datos de geolocalización para seguir de cerca a quienes sean portadores del virus. Insistimos que en nombre de la situación de emergencia, no es posible defender cualquier actividad tecnológica. Sobre todo con el riesgo que existe de que la recopilación de datos personales, pueda ser utilizada con fines extra-sanitarios. Una vez más, cuando las fuerzas de seguridad y control toman más atribuciones que las normales, la tarea es tener un control doble sobre las mismas
La combinación de una sociedad con miedo, y un desarrollo tecnológico capaz de penetrar cualquier capa de privacidad, nos deja muy cerca de los postulados fundamentales de “Vigilancia líquida”, un ensayo de Zygmunt Bauman y David Lyon, que recupera la idea del banóptico: un sistema de control que no necesita de un vigilante físico, donde los individuos son quienes entregan su información por voluntad propia; la cual podrá ser utilizada para diseñar perfiles, clasificar y etiquetar. Aquí ya no es necesario el “mantener adentro” como imaginaron Bentham y Foucalt al panóptico, sino que ahora a partir de la entrega de datos, se logra “mantener lejos” a los grupos que cada sociedad determina como peligrosos ¿A cuánto estamos de una app que marque donde se encuentran los contagiados de Covid 19?
No es novedad que el Derecho corre de atrás, a veces a kilómetros, a la realidad. Frente a un desarrollo tecnológico que no para, con la propagación de datos personales e información que se entiende como “privada”, es fundamental una legislación ajustada a estos nuevos tiempos, que principalmente, limite las posibilidades de intromisión del Estado en los datos y metadatos de los individuos; que los ciudadanos sean capaces de conocer que se hace con su datos y de poder controlar, tanto al Estado como a las empresas privadas.
Parece una pelea contra molinos de viento. Y lo es. Que pueda fusilarte hasta la Cruz Roja, no implica que no haya que combatirla.