Por Mario Hernandez
El fallido plan de Aranguren y las preocupaciones de The Economist frente al freno al tarifazo. Análisis y respuestas desde diversos sectores del campo popular.
Es un secreto a voces que Mauricio Macri fue el defensor más obstinado del aumento de tarifas dentro y fuera del gobierno y perdió la batalla. El director del Enarsa y ex Secretario de Energía, Jorge Lapeña, admitió que “el trámite del aumento se había constituido en un hecho traumático y único en la historia energética argentina, ya que un incremento de tarifas dispuesto en febrero o marzo aún no pudo ser aplicado”.
Con el fallido plan de Aranguren, que incluía un nuevo incremento tarifario antes de fin de año, Macri aspiraba a reducir los subsidios energéticos de la friolera de u$s 15.800 millones que insumieron el año pasado a menos de la mitad en 2016: u$s 6.800 millones. Tras el “No” de la Corte, el gasto no bajará de u$s 10.000 millones. La mayor parte de lo que logrará ahorrar no será gracias a las tijeras del ex CEO de Shell, sino al abaratamiento de los hidrocarburos a nivel global (que redujo abruptamente el costo de importar gas en barcos y combustibles líquidos para las usinas de luz) y a la eliminación de los subsidios directos para los usuarios de Edesur y Edenor, que insumieron casi u$s 2.000 millones en 2015.
En un artículo publicado el 13 de agosto el semanario vocero de la City de Londres, The Economist, expresó su gran preocupación de que el Presidente argentino Mauricio Macri se halle en graves aprietos políticos. La publicación señala que un tribunal federal, respondiendo a la furia popular, emitió un interdicto en contra de las alzas astronómicas en las tarifas públicas, una pieza central del plan de “recuperación” económica de Macri y se informa que la confianza de los inversionistas extranjeros en el sistema judicial está “quebrantada”. El flujo de inversiones extranjeras que supuestamente iban a entrar a raudales, una vez que tomara posesión Macri en diciembre, no se ha materializado.
“La luna de miel de Macri está llegando a su fin” se lamenta The Economist, para concluir que su única alternativa era esperar que el voto programado para el 18 de agosto en la Corte Suprema sobre la legalidad de las alzas exorbitantes en las tarifas públicas, le sea favorable y después, “persistir con las alzas en los precios y pagar el costo político”.
A contramarcha de las expectativas del vocero de la City londinense, el fallo de la Corte Suprema no favoreció al gobierno y, además, abrió la puerta a una nueva oleada de demandas de los que fueron excluidos de la anulación de los aumentos de gas. La Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) presentará una demanda que englobará a unas 65 cámaras y 10.000 pymes. La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, que depende de la CAME, hizo lo propio. También se están organizando entidades que agrupan a clubes de barrio, centros culturales, cooperativas, empresas recuperadas y comercios.
Para José Rigane, secretario Adjunto de CTA Autonoma y Secretario General de la FeTERA, “este fallo de la Corte, si bien aparece como un ‘freno al tarifazo de Macri’ en el corto plazo, en realidad esconde en el mediano y largo plazo un fuerte aval a la política estatal en materia energética que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que no es otra cosa que beneficiar a los sectores concentrados petroleros”.
“Creemos que el fallo de la CSJN resolvió de acuerdo a lo que necesita el gobierno de Macri y las petroleras, porque garantiza el precio del gas en boca de pozo, que es la clave del valor de la factura y del precio final (la producción de gas en boca de pozo representa entre un 50 y 60% de lo que hoy paga un usuario, 15% es de transporte y 25% distribución, aproximadamente)”, añadió el dirigente lucifuercista de Mar del Plata.
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, sostuvo que “mediante el tarifazo pretenden consagrar una re-dolarización de las tarifas y endilgarle a los trabajadores pagar un precio a boca de pozo un 300% más que lo que se paga en Estados Unidos, que ahora compensa el Estado manteniendo de esta manera los subsidios”. Respecto a la audiencia, Solano agregó: “Para que las audiencias públicas cumplan su función es necesario una auditoría independiente sobre los costos de generación de energía, transporte y distribución. A su vez, las empresas encargadas de estas tareas deben de rendir cuentas sobre los subsidios recibidos, que en total alcanzan el medio billón de pesos de los que no han invertido uno solo, como lo prueba el vaciamiento energético al que Argentina ha sido sometida”.
Ambas declaraciones evidencian que los límites al ajuste tarifario continúan dependiendo de la movilización popular. En ese sentido, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a movilizarse en todo el país el próximo 16 de septiembre, día de la audiencia pública convocada por el gobierno para analizar el aumento de las tarifas residenciales del gas, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, las centrales reclamaron que lo resuelto en las audiencias públicas por aumentos tarifarios “sean vinculantes” y que el freno “a los tarifazos” se haga extensivo a pymes, clubes y teatros, entre otros espacios.