Por Javier Torres Molina, Río Negro. Luego de 28 años ininterrumpidos de gobiernos radicales, asumió el justicialista Carlos Soria la gobernación de la provincia de Río Negro y uno de los principales objetivos que se plantea bajo el argumento de “combatir el hambre” es desarrollar la minería a gran escala en la provincia, para lo cual se plantea derogar la ley que prohíbe la utilización de cianuro y mercurio en las actividades mineras.
Lejos de por lo menos intentar elaborar algún tipo de política pública que intente compensar la catástrofe humanitaria provocada por la ceniza volcánica en la Región Sur Rionegrina, Carlos Soria expresó que “mientras hay un pibe cagado de hambre, no voy a tener guardado el oro de Calcatreu por un a cuestión ambiental” en referencia al yacimiento de ese mineral que no se encuentra en explotación en virtud de la aplicación de la ley provincial 3981 sancionada en el año 2005 que prohíbe “la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”.
Pocos días antes de asumir, Carlos Soria se refirió a la explotación minera en una entrevista concedida al diario Río Negro –representante de las empresas exportadoras de fruta que le brindó a Soria un denodado apoyo durante la campaña electoral- donde señaló que: “Voy a priorizar las inversiones, hay organismos internacionales y nacionales, universidades y, también, empresas que me pueden decir si se preserva el medio ambiente, pero no le tengo miedo a explotar nada, voy a explorar todas las posibilidades mineras”, confesando que su proyecto de gobierno no solo es dejar que las empresas multinacionales extractivas den solución al problema del hambre en la provincia que se caracteriza por producir alimentos, sino que también el cuidado de la naturaleza recaerá en manos de empresas privadas.
Esos argumentos fueron repetidos en la ceremonia de asunción de su cargo, cuando en una reformulación de las banderas que otrora el peronismo levantó expresó que “la independencia económica significa extraer petróleo y desenterrar minerales”.
Sus declaraciones fueron repudiadas por diferentes organizaciones ambientalistas y por organizaciones del Pueblo Mapuche.
Desde Bariloche, la organización Piuké elaboró un documento titulado “el oro no se come” en el que expresaron que “El trillado argumento de contraponer meganegocios contaminantes al hambre de los pibes es falaz. Si el señor Soria quiere garantizar el derecho a la alimentación de toda la población -meta que sin duda compartimos y reclamamos al Estado alcanzar- debería generar políticas para nuestros productores, para producir desde economías más justas y ambientalmente saludables”. Además señalaron que “la ley provincial de prohibición de uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en actividades mineras es una conquista social importantísima, que como tal, no se gestó ni se sostiene desde un determinado partido político, a cargo o no del gobierno”.
Desde la Comarca Viedma-Carmen de Patagones, la fundación Uñopatun se dirigió a Soria a través de una carta abierta en la que expresan, entre otros argumentos, que “cuando se trata de la preservación del agua, ahora y siempre, no hay situación social ni ambiental acuciante, ni tentativa económica, ni sistema inocuo, ni evaluación mensurable, ni supeditación al control, ni término medio, ni resquicio ético, ni mucho menos moral que justifique el diario envenenamiento de millones de litros de agua pura, a fin de permitir por ello la explotación de ningún recurso metalífero hidrotóxico, ni energético petrolero”.
Por su parte, desde la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche se expresó que “El Pueblo Mapuche no separa al hombre del universo y de la naturaleza, no se siente dueño y señor para hacerlo que quiera sobre ella, creemos que se es parte y por lo tanto sentimos la obligación de defender la Nuke Mapu, la tierra, de defendernos. La minería depreda sobre la tierra, depreda un recurso tan valioso como es el agua y la contamina, en lugares como la Línea Sur y la meseta de Somuncura el agua es un recurso valiosísimo para la vida y vale más que todo el oro del mundo”.
Desde la organización mapuche también señalaron que “No podemos usar de excusa el fenómeno natural que implica la ceniza al abandono en que se encuentra regiones como la zona sur de la provincia, si no a la falta de políticas públicas proactivas que generen una mejor forma de vivir, que generen un modelo sustentable de desarrollo. Sabemos que este fenómeno les cae como anillo al dedo a ciertos mercachifles de las soluciones neoliberales que fracasaron completamente en los noventa y que hoy quieren hacer migas de las desgracias ajenas, no solo en la Patagonia si no en el mundo entero”.
La ayudita radical
A pesar que el gobierno radical sancionó la ley que prohíbe la utilización de cianuro para la explotación de minerales, no puede tildarse a ese gobierno de cuidar los recursos hídricos de la provincia como lo demuestran las declaraciones del ex gobernador Miguel Saiz cuando expresó que si pudiera embotellaría el agua del río Negro para venderla hasta la continua contaminación de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro por los residuos de los fertilizantes agroquímicos que se utilizan para la producción de la fruta y que se filtran en las aguas de los ríos o por ser el lugar donde se arrojan los residuos cloacales de las principales ciudades.
Por ejemplo, entre las últimas medidas se destacan la autorización a la empresa privada El Cerro S.A. para que utilice 8.500 litros de agua por segundo a ser extraída del caudal del río Negro, para ser destinada al riego de unas 10 mil hectáreas en la zona de Guardia Mitre, a cien kilómetros de Viedma, que se verán desmontadas.
Además en octubre se firmó el decreto 1.541 por medio del cual se faculta la exploración para la explotación del petróleo y el gas no convencional en la provincia, proceso para el cual tras la destrucción del subsuelo, se precisa la utilización y consiguiente contaminación de enormes volúmenes de agua pura para su extracción- se precisarían contaminar 800 litros de agua por cada 200 litros de petróleo-, sumándose a ello la destrucción del subsuelo y la contaminación provocada por el corte y el envenenamiento de las napas y corrientes hídricas subterráneas de su cuenca correspondiente.
Por si eso fuera poco, en la última sesión antes que se renueve la legislatura, el radicalismo aceptó el planteo del justicialismo de frenar el proyecto que ya tenía dictamen mayoritario que protegía los glaciares rionegrinos, por lo que el gobierno de Soria –con amplia mayoría en la Legislatura- tiene prácticamente allanado el camino para establecer la minería hidrotóxica en la provincia.