Mientras fueron sobreseídos los responsables del operativo policial que derivó en la sangrienta represión en el Parque Indoamericano, referentes sociales que pelean por sus derechos siguen procesados.
Este lunes el juez Eliseo Otero dictó el sobreseimiento de 33 miembros de la policía Metropolitana, de 4 jefes y superiores de la Policía Federal y de la jueza contravencional y de faltas porteña María Cristina Nazar, todos procesados en la causa que investiga el asesinato de Rose Mary Churapuña y Bernardo Salgueiro en ocasión del desalojo violento del Parque Indoamericano en diciembre de 2010. El juez consideró que la fiscalía había proporcionado una “acusación genérica” y aludió a la incapacidad de la investigación dirigida por el fiscal Sandro Abraldes para dar con los autores materiales de las muertes.
Pasaron ya trece meses de la violenta represión en el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, Ciudad de Buenos Aires, cuando miles de personas tomaron el espacio público para reclamar una solución al enorme déficit de viviendas que golpea de manera dramática a los habitantes de las villas y asentamientos del sur de la Ciudad. Cansados de convivir con enfermedades en un ambiente contaminado y peligroso, familias enteras realizaron esa recordada ocupación que logró llegar a millones de argentinos ocupando el centro de la escena mediática por unos días. Un año más tarde, como publicó Marcha en su momento, casi nada había cambiado en el barrio. Las promesas seguían siendo sólo eso, promesas.
Sin duda esas familias hubieran querido despertarse esta semana con una noticia que pusiera fin al calvario del derecho negado a la vivienda por una ciudad plena de contrastes que excluye a la población pobre del enorme boom de la construcción. La novedad, sin embargo, fue la impunidad para los responsables de un operativo policial en el que mataron a dos de los tantos que reclamaban un techo para sus familias.
Mientras tanto, mostrando la doble cara que la justicia acostumbra, las causas por usurpación del espacio público contra referentes sociales de la villa continúan su curso. Marcha dialogó con Diosnel Pérez, integrante de la Junta Vecinal de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán, y a la vez uno de los imputados por un proceso al que acusa de ejemplo de criminalización de la protesta social. “Esta decisión de la justicia me genera impotencia. ¿Cómo no van a ser responsables los policías si las pericias balísticas demostraron que ellos fueron los que dispararon? La sentencia del Juez Otero es una vergüenza total.” Acto seguido afirmó que “de cualquier manera la decisión del juez no nos sorprende, es cómplice de la policía al dictar esta sentencia. Pero nosotros seguiremos luchando para que los policías paguen”. Y refiriéndose al proceso que tiene en su contra Diosnel declara indignado que “la causa donde me acusan a mí y a otros compañeros la dejaron abierta. Lo único que falta es que nos quieran meter presos a nosotros, los que reclamamos por el derecho a una vivienda digna y no a los que mataron y reprimieron salvajemente en el Indoamericano.”
Por otro lado Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo y querellante en la causa, aseguró: “me enteré por los medios, no nos notificaron. Así pasó con toda la causa, siempre nos enteramos primero por los medios que por los canales que corresponden. Si es así como se dijo y el juez Otero realmente considera que la policía no tiene ninguna responsabilidad, vamos a apelar la sentencia”. Y siguiendo con el contraste entre las dos causas comparó “a Luciano Nardulli y Diosnel Perez ya los quieren llevar a juicio sin ningún tipo de prueba. Acá hay un año de investigación, tiene 100 páginas la causa y el juez ni siquiera considera necesario escuchar al fiscal”.
Finalmente Victoria Donda, diputada nacional por el Frente Amplio Progresista y referente de la agrupación Libres del Sur, declaró: “esta decisión de la justicia es una verdadera vergüenza. Lo que sucedió hace poco más de un año en el Indoamericano nos impactó a todos como sociedad, porque fue la desidia total de las autoridades judiciales y políticas de la Ciudad y de la Nación, las que jugando con las necesidades de los más desprotegidos de la Ciudad no asumieron sus responsabilidades al no dar soluciones al conflicto”, dijo la diputada. Y agregó que “encima ahora la justicia deja prácticamente en foja cero la causa, sobreseyendo a todos los policías que en esos días vimos en los medios gráficos y televisivos cómo reprimían salvajemente a quienes pelearon por un derecho tan básico como es la tierra.”