Sobre la condena por el asesinato de Cristian Ferreyra

Con lo que hay, era de esperar. Eso es lo primero que sale decir sobre el resultado del juicio en Monte Quemado por el asesinato de Cristian Ferreyra.

La sentencia, computa 10 años al asesino material, el que realizó los disparos que terminaron con la vida de Cristian Ferreyra el 16 de noviembre de 2011, Javier Juárez, pero libera al resto de los imputados que fueron señalados por el MoCaSE-VC como autores intelectuales y partícipes secundarios: Jorge Ciccioli, Demetrio “Fabucho” Palomo, Carlos Abregú; Mario René Abregú; Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez. El fallo marca una línea argumental concreta: Juárez mató por motus propio, no existió un grupo armado trabajando en el área y, tal vez lo más relevante, el empresario que lo contrató no tuvo parte en el asesinato. Esta es la apreciación que se desprende de lo que los jueces fallaron en la mañana del 9 de diciembre en Monte Quemado. Deberemos esperar al 2 de febrero para conocer los fundamentos de esa decisión.

Y da bronca. Da bronca pero no por inesperado. Los campesinos de la comunidad de San Antonio, contaban en 2011, la cantidad de veces que habían ido a la comisaría a realizar la denuncia por los cortes de camino, por los matones armados, por el asalto a sus tierras. Pero la apreciación de los policías era, también, que no había grupos armados, ni alambres fuera de lugar. Contaban las veces que habían realizado la denuncia en la dirección de Bosques de la provincia, que validó el desmonte para un terrateniente en una zona reclamada como propia por una comunidad indígena. Pero la apreciación de los funcionarios era, también, que no había territorios indígenas, ni problemas para desmontar. Cuando Cristian se desangraba, no había ambulancia disponible. Cuando Juárez huía, la policía intentaba desentenderse en el tema. No, éste resultado no es inesperado. El resultado del juicio en Monte Quemado era previsible si uno observa el funcionamiento del estado provincial santiagueño, de su poder judicial y de sus lógicas institucionales.

La justicia santiagueña sigue funcionando -como lo hacía antes del Santiagueñazo en 1993, o antes de la intervención de la provincia en 2004- en beneficio de las élites locales. Esas élites agropecuarias que, conformadas en torno a la sociedad rural, a Parano Gelid y a Gerardo Zamora, disponen de la tierra y de quienes las habitan como al inventario de sus estancias. El lucro capitalista, en el carro del modelo productivo de los agronegocios, se ha afirmado como horizonte para la política y la justicia provincial. Condenar a un empresario, con este esquema de poder, se torna impensable. Del mismo modo, reconocer la participación del resto de los imputados implicaría sacar a la luz lo que todo el mundo sabe: que existen bandas parapoliciales en el monte santiagueño, pagados con el dinero sangrante del agronegocio y con el visto bueno de los poderes del Estado, para desalojar a los hombres y mujeres de los montes a través de la amenaza, la extorsión e incluso la muerte.

Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, los jueces del tribunal, forman parte de esa maquinaria que pone como prioridad ese modelo de desarrollo que el movimiento campesino denuncia y que se ha afianzado en Argentina en los últimos 30 años. La condena no implica una derrota para el MoCaSE Vía Campesina, porque lo más importante está hecho: mostrar las implicancias del agronegocio, los métodos que viabiliza y las caras que lo sustentan (a través de sus apreciaciones, desde el agente de la comisaría hasta el juez sostienen un modelo de muerte).

Falta, de todos modos, que se haga justicia, y eso da bronca. Pero la bronca es, también, un motor para la movilización de los pueblos. El tiempo de auge de los empresarios del agro, los funcionarios cómplices y los grupos armados, se está acabando. El juicio ha tenido lugar porque existió una movilización que lo hizo posible. El cambio social está en marcha y la sentencia no lo va a detener. Por Cristian Ferreyra, por Miguel Galván y por el campesinado todo, esas semillas sembradas deberán convertirse en la lucha que acabe con la opresión y la injusticia y haga nacer, finalmente, un mundo nuevo.

Marcha dialogó con Deo Carrizo, integrante del MoCaSE-VC, sobre cuáles fueron las apreciaciones luego de la sentencia desde el movimiento campesino, el dolor, la injusticia y el cómo seguir en lo que fue un proceso social histórico de organización y lucha del campesinado en una provincia que pretende arrancar, con todos sus dispositivos represivos, a los pueblos campesinos de sus propias tierras. Aun así, ese proceso histórico desembocó en un juicio, que sólo hacia el final, dejó un sabor amargo.

–¿Qué fue lo que dijo La Justicia y cómo responde el Movimiento Campesino Indígena frente a la sentencia?

-La Justicia santiagueña, el Tribunal que juzgaba a los asesinos de Cristian Ferreyra, decidió absolver a los cuatro integrantes del grupo armado al mando de Javier Juárez, el asesino, por mandato del empresario Jorge Ciccioli que también ha sido absuelto y dejado en libertad por este caso. Al sicario lo han condenado a diez años de prisión contabilizando los tres que ya lleva. Y que pague las cuotas que la querella le pidió por los daños ocasionados.

A nosotros como organización no nos sorprendió tanto la decisión del Tribunal sabiendo cómo es la lógica aquí. En esa misma lógica este Tribunal primeramente se avocaba a decir que las pruebas debían ser sólo las del día del hecho, después resultó ser que la defensa del acusado traía testigos que hablaban sobre la organización y todo el tiempo hablando de nosotros: que vamos, cortamos alambres, que rompemos topadoras. Y en ese sentido esa definición, a pesar de que también el Fiscal ha pedido condena para el empresario como partícipe secundario, mientras que para el asesino pidió catorce años. Pero bueno el Tribunal ha decidido otra cosa.

Más allá de esto, decimos que es un logro haber llegado hasta aquí. Es histórico puesto que en la provincia y en el resto de nuestro país, hay una impunidad permanente sobre el campesino. El campesinado viene sufriendo esta criminalización y viene sufriendo estos embates y la justicia no está para nada teniendo en cuenta procesos que involucren la identidad, no mira los procesos colectivos que hay en cuanto a la forma de producción y a la forma de vida en comunidad. Cristian era parte de una comunidad de un pueblo originario de Lule Vilela, y ni siquiera se mencionó esto.

–Teniendo en cuenta que es la primera vez que se realiza un juicio a un empresario rural, ¿qué respuestas dió el empresario? ¿Qué rol sigue cumpliendo en la provincia en cuanto al manejo de tierras?

-Sigue siendo un empresario sojero. Iba a plantar soja y maíz en las tierras que tiene más allá de la zona de La Esperanza, una localidad más al norte. Y ahí él estaba. Sentado en el banquillo de los acusados más allá de que estuvo estos tres años en prisión. Lo que él representa es el agronegocio que en nuestra provincia tiene al Ministerio de Promoción como su máximo promotor, incluso de las transnacionales, que se vienen afincando en la localidad en los últimos diez años.

Después de una intervención del gobierno provincial, tenemos la continuidad de un sistema feudal en el siglo XXI. Por ejemplo, los Juárez de este siglo, son los Samora, que ni han intentado resolver parte del conflicto. Han colocado mesas de diálogo pero que son estériles. Tanto el caso de Cristian Ferreyra, como el de Miguel Galván u otras situaciones donde intervinieron grupos armados, o intentos de desalojos por parte de la Justicia, tendría que haber intervenido el gobierno provincial.

–¿Cuál es la situación del Movimiento después de este dictamen del juez y cuál es el plan de lucha a partir de esto?

-Nosotros vamos a continuar con las denuncias, con las movilizaciones, pronto nos esperan las fechas en que se inicia el juicio por Miguel Galván y bueno después seguiremos denunciando. Esto no es una derrota. Para nosotros es un logro llegar hasta aquí. Hubiésemos esperado que la Justicia hubiera tenido otra mirada de la situación. Ha desconocido que este asesinato se ha cometido en el marco de la lucha por la recuperación de las tierras. Pero vamos a seguir, como dice aquella vieja frase que hoy está en el tapete de la democratización de la Justicia, pero una justicia real, sea con inclusión social y diversidad cultural y diversidad de formas de vida que existen en nuestra provincia y en nuestro país. Porque son más de 63 mil familias las que viven hoy por hoy situaciones de violencia permanente con empresarios que pretenden arrebatar y acaparar las tierras.

–En ese sentido, falta mucho por luchar y recorrer. El caso de Cristian nos deja en claro que aunque el condenado sea uno, los responsables son todos los que colaboran con el agronegocio, como el gobierno provincial, y de hecho la Justicia no lo está señalando.

-No, aquí la Justicia no ha señalado responsables políticos. En su momento algunos funcionarios tuvieron que renunciar porque han escondido pruebas que hoy hubiesen comprometido más a Juárez. Él no ha cometido un homicidio en defensa propia. Ha ido a matar a Cristian y a matar a Godoy porque lo estaban estorbando a sus trabajadores, o sea, al resto del grupo armado que pretendía seguir dañando el territorio para ampliar su feudo.

–¿Cómo relacionan este conflicto con la posibilidad de una nueva ley de semillas, impulsada sobre todo por el sector del agronegocio?

-Aquí hay una reserva impresionante de productores que siguen conservando sus propias semillas y que siguen siendo perjudicados, sobre todo los que están lindantes a los grandes sembradíos de soja. Nos fumigan con agrotóxicos que nos perjudican. Hemos tenido pérdidas recientes de hasta un 90 por ciwento de nuestra producción. Así las grandes transnacionales pretenden apropiarse también de las semillas.

–En relación a la recuperación de tierras, ¿en qué estado está el relevamiento que el Estado propuso hacer a través de la Ley 26.160?

-Hay algunas carpetas entregadas por parte de algunas comunidades de pueblos originarios y otras, como a la que pertenecía Cristian, que también han entregado. El 16 tenemos una reunión en la que nosotros vamos a estar planteando cómo se incluyen estas políticas que intentan encaminar el reordenamiento territorial en el marco de una mesa tripartita con el gobierno nacional y provincial. Ahora teniendo algunas novedades en el marco de las presiones que venimos haciendo las organizaciones campesinas.

–Estos conflictos visibilizan una relación conflictiva con el Estado y las empresas del agronegocio, ¿cómo se piensan en una relación futura con el Estado?

-Creemos que hay muchos pendientes. Hay una batalla ideológica que también tenemos que ir haciendo. Mismo con la Justicia. Aquí históricamente se ha tratado al campesinado como algo retrasado, sin embargo, somos un sujeto social importante. Lo hemos demostrado no sólo en nuestra localidad y en nuestra provincia, sino además, en nuestro país. Nos hemos ido organizando para enfrentar esa maraña que se ha tejido en relación a las empresas y al agronegocio, incluso de quienes aún se mantienen con presupuesto del mismo Estado. Poco a poco, estas relaciones tienen que romperse. Esto es una batalla cotidiana. No sólo pensando en legislación que pueda amparar y proteger nuestra producción, sino además, tratando de participar en espacios que podamos incidir.