¿Cómo afectó la pandemia el acceso a la información para el ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos? Conoceremos a activistas y colectivas feministas que nos acompañan a abortar y a ejercer nuestra soberanía desobediente en los territorios más conservadores del país.
Por Laura Salomé Canteros* | Arte: Iván Barrera
La despenalización social del aborto y la creciente movilización política de los feminismos llegaron en 2018 al debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, interpelando a los poderes tradicionales desde un rol histórico. Sin embargo, a pesar de los evidentes avances y que hoy, con otro signo político en el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación tomó las iniciativas de generar políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y (no) reproductivos, hay territorios del país donde abortar sigue siendo un sinónimo de desigualdad y de poner en riesgo la vida, la salud o la libertad.
Con Estados provinciales y municipales ausentes y poderes judiciales presentes para criminalizar y encerrar, las mujeres y personas con capacidad de gestar ejercen la soberanía sobre sus cuerpos- territorios y abortan o piden auxilio de la mano de redes feministas y profesionales de la salud o de las leyes que circulan de boca en boca.
Por eso, aun con un tipo penal que transforma en delito nuestras decisiones, mujeres, lesbianas, bisexuales y varones trans ejercemos soberanía desobediente. Y muches más, acompañamos. En esta parte del especial “¿Quién defiende a lxs defensorxs” realizado por Marcha, nos proponemos visibilizar historias, testimonios y problemáticas de personas que abortaron o padecieron un evento obstétrico y sus acompañantes en: Tucumán, Corrientes, Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires. Para eso, entrevistaremos a colectivas autónomas de acompañamiento en abortos. Mientras caminamos a la mayor conquista de los últimos años, aborto legal, seguro y gratuito.
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SOBERANÍA / Def. Economipedia. Capacidad o derecho de regir las directrices políticas, administrativas y económicas de un determinado territorio. Por lo tanto, se considera como el poder más elevado en una sociedad. / |
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DESOBEDIENCIA / Def. Farlex. Falta de obediencia. Resistencia que realizan los (las, les) ciudadanos de un país contra la imposición de unas leyes que se consideran injustas. / |
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En Argentina, la emergencia sanitaria por el COVID-19 implicó que se determine el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional desde el 20 de marzo de 2020. Esto, ¿cómo afectó la difusión de información para el acceso a abortos seguros? ¿Cómo las restricciones de movimiento amplificaron las vulneraciones de derechos en aquellas provincias o territorios más conservadores política y socialmente?
La problemática no es una cuestión sectorial -ni mucho menos ideológica- y habla sobre el acceso (des)igualitario al derecho a la salud integral de más de la mitad de la población; ya que en Argentina, según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, son entre 370.000 y 520.000 los abortos por año -41 por hora- y son 39.025 las internaciones por consecuencias del aborto inseguro. En Corrientes, 1.278; en Córdoba, 1.325; en Mendoza, 2.392; en San Juan, 1.008; en Buenos Aires, 13.819; y de Tucumán no hay datos.
Y según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2018, 2.350 niñas menores de 15 años fueron obligadas a gestar y parir; y 84.768 adolescentes entre 15 y 19 años se convirtieron en madres. Situaciones biográficas que refuerzan el mandato heteropatriarcal y colonial de la maternidad obligatoria, quitando soberanía en un mensaje violento y disciplinador sobre los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres.
Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la articulación que nuclea a más de 700 organizaciones alrededor de la demanda, no garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, con un Estado presente con sus instituciones, presupuesto y capacitación para les profesionales de la salud, constituye una problemática de salud pública. Y una deuda con la justicia social y los Derechos Humanos.
Según el informe de la Red de Socorristas, con presencia de colectivas feministas organizadas en casi todas las provincias del país, solo en 2019 acompañaron a 12.575 mujeres, lesbianas, bisexuales y varones trans en sus abortos para la salud integral y desobedientes. Siendo las regiones del noroeste y bonaerense donde más les contactaron, respectivamente. Son aquellos accesos seguros, con medicamentos, que no pertenecen al sistema público y en una etapa única, ya que tras 2018, se registran la mayor cantidad de consultas, denuncias y pedidos de acceso a la información.
La demanda política obliga a reconocer y garantizar derechos desde el momento en que fue emprendida.
Sin embargo, ¿cuáles son las historias tras las cifras? ¿Cómo es abortar en pandemia en los territorios más conservadores? ¿Quiénes están dispuestas a acompañar y cuáles son los principales obstáculos para esa tarea feminista? ¿Cuáles son las historias representativas de los obstáculos que nos impiden el derecho al aborto? Y finalmente, ¿por qué seguimos exigiendo la gran deuda de la democracia: aborto legal, seguro y gratuito?
DESDE MAÑANA, LEÉ ESTAS ENTREVISTAS COLECTIVAS EN:
*periodista feminista. Editora de la sección Géneros. Activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito