Por Sandra Aguilar en Desde el Fuego*. Con la denuncia deAndrea Fernández, sale a la luz la necesidad de políticas públicas contra la violencia heteronormativa.
Lo que vivió Andrea Fernández, mujer trans de 47 años que denunció abusos de parte de dos camilleros cuando estaba internada en el Hospital Interzonal de La Plata Rodolfo Rossi, lamentablemente, forma parte de la experiencia cotidiana de las personas trans y travestis de Argentina. Pero hubo una diferencia esta vez, resaltó la militante: “Ellos pensaron que yo era una más de la calle.” Y en su lugar se encontraron con una mujer trans que es activista dentro del movimiento LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersex) que no sólo no va a callar lo sucedido sino que ya realizó una presentación pública cuyo objetivo es que los camilleros no trabajen más en ese centro sanitario público ni en otros.
La socióloga y activista lesbiana Ana Mines rescató el valor de la denuncia de Andrea como un modo para establecer un tope a la impunidad gratuita, una forma de visibilizarla. “Esto es parte de la transformación cultural que tenemos que hacer. Desde el activismo, además de los escraches, habría que intentar que la formación médica y los servicios de salud tengan un piso mínimo que no puedan desconocer, ni actuar de forma paralela a eso como si eso no existiera. Hay regulación, contamos con un marco de derechos humanos”, resaltó. “Hoy necesitamos avanzar en otra tarea. Necesitamos que eso empiece a permear en los servicios de salud. Para el sistema médico, que exista la ley no implica que ésta se cumpla. Cada hospital funciona como un estado, con sus propias capacidades regulatorias y sus incapacidades regulatorias”, cuestionó.
Promover el cambio
Marcha le consultó a la especialista respecto de las medidas que lleven adelante tanto organizaciones sociales, de diversidad sexual como estatales, para trabajar contra la discriminación que profesionales, trabajadores y trabajadoras de la salud ejercen hacia personas travestis y trans. Algunos municipios tienen capacitaciones para algunos circuitos específicos.
Existen “circuitos amigables”, planteó. “Es complicado armar un piso mínimo desde el cual se garantice un trato contemplado en un marco de derechos humanos. Hay servicios de atención primaria en algunos lugares de la provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se autopresentan como “amigables” y que tienen trabajo territorial con la población trans. Aparecen de manera segmentada. Hay en los partidos de Morón y La Matanza, donde estuvo trabajando Diana Sacayán. Pero no hay en hospitales, allí solo se maneja cierta información en relación a médicos con nombres y apellidos según la especialidad, no son servicios enteros.” Y agregó: “si bien hay un trabajo de la militancia y se empezaron a abrir algunas fisuras, también es cierto que las instituciones son muy duras. Es complicado que un hospital no sea una institución violenta”.
Por otro lado, destacó que desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en 2012 Florencia Gemetro y Gabriela Vacin realizaron la “Guía para Personal de Salud sobre Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de la Violencia hacia Población LGTB”. También la Secretaría de Salud del distrito bonaerense de Lomas de Zamora y el Ministerio de Salud de la Nación elaboraron materiales en clave de sensibilización de algunos servicios.
El problema es que, en general, las capacitaciones y la lectura de estas guías que elabora el Estado no suelen ser obligatorias. Por otro lado, esto tampoco existe como contenido mínimo obligatorio de derechos humanos en la formación de médicos, enfermeros y otras profesiones de la salud. Entonces los trabajadores sanitarios reproducen los mismos prejuicios que poseían antes de su formación. No hay capacitación inicial ni durante su desarrollo profesional. Esta formación queda librada al azar y a las propias voluntades individuales.
Otra iniciativa valorada por Mines es “la guía “Aportes para pensar la salud de las personas trans” de la organización CAPICUA, que es “muy buena” y fue presentada en la Facultad de Medicina y en centros de salud de barrios del sur de la Ciudad, con la presencia de Mauro Cabral. El problema en este caso obedeció a que a pesar de haber armado presentaciones con invitados e invitadas potentes hubo muy pocos estudiantes y profesionales, con lo que su alcance fue relativo. Mines analiza que el sector médico es un medio duro, difícil de permear. Se muestran con más predisposición quienes se dedican a las especializaciones de atención primaria y médicos generalistas que en otras áreas.
La clave está en la organización
Denunciar y luchar por el respeto a los derechos del colectivo trans es la clave, no quedarse en silencio. En ese sendero se ubica Andrea Fernández, que forma parte de la comisión organizadora de la marcha del Orgusho disidente de La Plata. Es una activista conocida dentro del movimiento LGBTTTI de esa localidad. Según aseguró, se sintió muy acompañada por los activismos platenses. Militantes de Putos Mal y Malas como las Arañas se acercaron no sólo a expresarle su solidaridad sino a proponer la organización de un escrache, que se va a realizar luego de la cirugía que Andrea enfrentará esta semana.
El objetivo de la manifestación será exigir que se esclarezcan los nombres de quiénes fueron sus agresores. Por otro lado, también La Ciega, un colectivo de abogados y abogadas populares, junto otras organizaciones que trabajan violencias hacia las mujeres, manifestó su adhesión y acompañamiento en una declaración pública que firmó la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres.
(*) Colectiva diversa y antipatriarcal.