Por Sandra Aguilar en Desde el Fuego*. Andrea Fernández, mujer trans, denunció que dos camilleros abusaron de ella en el hospital Rossi. Transfobia como expresión del funcionamiento del sistema de salud.
Andrea Elizabeth Fernández, mujer trans de 47 años, ingresó de urgencia al Hospital Interzonal Rodolfo Rossi, de La Plata, para ser operada por una afección intestinal. Fernández denunció que luego de la operación, durante el traslado del quirófano hacia la habitación, dos camilleros se burlaron de su género insultándola con injurias tales como “maricón”, “puto”, “viejo” y “travesti”, la golpearon y la manosearon. Fue una clara situación de cisexismo, de rechazo a su identidad autopercibida.
Andrea presentó una carta formal ante el Hospital y las autoridades en la que denuncia “transfobia, abuso y violencia institucional”. Como respuesta, las autoridades aseguraron que identificarían a los agresores. Al día de la fecha no recibió respuesta y es motivo de preocupación para ella ya que debe volver a operarse la semana entrante.
Hoy contamos con la Ley de Identidad de género 26.743 que reconoce el derecho a la identidad de género estableciendo en su primer artículo que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género”. A pesar de contar con este marco normativo, las situaciones de acoso, violencia, maltrato y discriminación se siguen sucediendo también en los hospitales públicos. Lo que le sucedió a Andrea Fernández, lamentablemente, es un escenario posible que enfrentan en su vida cotidiana las personas trans y travestis de nuestro país.
La Ley de Identidad de Género tenía como meta el reconocimiento de las identidades trans, al mismo tiempo que el acceso a la salud integral de esta población. La atención sanitaria todavía es una deuda, no sólo porque no se reglamentó el artículo 11 que garantiza el acceso a la salud integral sino también porque los cambios culturales tienen otros tiempos, que no se rigen por los normativos.
En diálogo con la socióloga y activista lesbiana Ana Mines, que investiga acerca de “saberes, representaciones y prácticas médicas sobre el sexo y la/s sexualidad/es, inclusión y exclusión en la atención en ginecología y urología en servicios médicos públicos y privados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Marcha le consultó acerca del panorama actual de trabajadoras, trabajadores y profesionales de la salud en relación a sus representaciones y prácticas médicas sobre las sexualidades y las identidades sexo-generizadas disidentes.
Al respecto, comentó: “El personal que te toca en un servicio público es azaroso, no hay nada que garantice en el sistema de salud un buen trato. Ni siquiera el hecho que exista regulación explícita. Como los casos de los abortos no punibles donde, a pesar de haber abundante normativa, los médicos hacen lo que quieren. En el caso de las personas trans y travestis, existen varias regulaciones: Ley de Identidad de Género, el marco de derechos humanos y otras más específicas”. A esto agregó que “en los hospitales se presenta una situación de vulnerabilidad extra porque las personas van cuando están enfermas”. Categóricamente afirmó, en relación a la situación que le tocó vivir a Andrea, que “hubo una situación de tortura, no sólo de maltrato”.
Y aquí, de acuerdo a Mines son varias las cuestiones que intervienen. Por un lado, el nivel de impunidad que tuvo la actitud misma de los camilleros en esa situación que se desarrolló durante el postoperatorio, encerrados en el ascensor, Fernández aún bajo el efecto de la anestesia, relación completamente asimétrica. Ella se encontraba en situación de vulnerabilidad muy alta.
Además, la socióloga mencionó otros agravantes que hacen al acceso a la salud integral de las personas trans, “no sólo lo que tiene que ver con sus derechos a la atención médica, la identidad de género, la adecuación de su cuerpo como lo desean, sino ante cualquier episodio de enfermedad que pueden tener durante su vida. No por nada para el colectivo la esperanza de vida promedio es de 35 años. El sistema de salud está funcionado de manera tal que muchas personas trans y travestis, previendo que solicitar atención será una situación complicada, se autoexcluyen y no asisten a estas instituciones”.
Según aseguró la misma Andrea Fernández, esta cuestión que comenta Mines también fue un factor que jugó en contra de su salud. Entre otros motivos personales, Andrea postergó ir al hospital porque suelen ignorarla cuando va al servicio de urgencias. “En los hospitales no respetan nada. Fuimos al Rossi porque tuvimos compañeras internadas en el pabellón de hombres, para que se les respete su identidad, para que las cambien de pabellón o de habitación y que puedan estar solas. Si no figura en el DNI, no respetan nuestra identidad. En varias oportunidades les dijeron ‘cuando cambies el documento, te vamos a llamar por tu nombre’”.
Para Mines, hay que poner el foco en las culturas institucionales de los hospitales, la corporación médica y la formación profesional que reciben los y las efectores de salud. En la relación que hay entre eso y los marcos normativos que regulan sus prácticas, en los diferentes tiempos que hay entre los primeros y los segundos. “Hasta que las leyes permean las instituciones, el proceso es complejo”, aseveró.
(*) Colectiva diversa y antipatriarcal.