Por Leandro Albani. La tensión con respecto a Siria no ha disminuido. Estados Unidos, la UE, las monarquías del Golfo Pérsico y la dirección de la ONU buscan crear más justificaciones para la intervención extranjera en la nación árabe.
Se podría hablar de Deja Vú. Si el año pasado Estados Unidos y sus aliados esgrimieron toda clase de argumentos para invadir militarmente Libia, por estos días la imagen se repite con Siria. Pero la diferencia en esta situación fue marcada el fin de semana pasado, cuando Rusia y China rechazaron un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentado por Marruecos. El texto tenía el aval de la Casa Blanca y, en resumen, reclamaba la salida del poder del presidente sirio Bashar Al Assad. Frente a esto, Moscú y Beijing plantaron posiciones y dejaron en claro que no permitirían que el conflicto interno sirio sea resuelto con interferencia extranjera.
Las posturas de ambas potencias despertó, automáticamente, la crítica de quienes buscan la intervención en Siria. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, coincidieron que las posiciones de Rusia y China eran inaceptables. A ellos se sumó Francia que anunció que prepara nuevas sanciones contra Damasco.
Aunque desde Occidente las agresiones se acrecientan, el canciller ruso Sergei Lavrov, viajó esta semana a Damasco y se entrevistó con el presidente Al Assad. El ministro afirmó que Rusia apuesta a una solución pacífica del conflicto interno y defendió la postura de Moscú en el Consejo de Seguridad. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Liu Weimin, también defendió el voto de su país expresando que “todas las partes han de detener la violencia en Siria, restaurar el orden en el país lo antes posible y respetar las razonables peticiones de reforma formuladas por el pueblo sirio”.
Uno de los puntos de discordia fue precisamente el de la violencia. Estados Unidos y sus aliados condenan a Damasco, pero dejan de lado el accionar de los grupos irregulares armados que operan en la nación árabe. Atentados, asesinatos de civiles y militares, y sabotajes forman parte de las actividades de estas bandas calificadas por el gobierno sirio como “terroristas”
Como represalia contra Siria, Washington anunció el retiro de su embajador, aunque no informó sobre si cortaría las relaciones diplomáticas. Esta postura fue seguida por las monarquías del Golfo Pérsico, apuntadas como los principales desestabilizadores en Siria a través del financiamiento y entrenamiento de mercenarios que luego ingresas a la nación árabe.
En los últimos días, cadenas informativas como Press TV e Hispan TV han denunciado la presencia de mercenarios extranjeros en Siria. El martes pasado se conoció que fuerzas sirias capturaron al agente de la inteligencia saudita, Nasser Al Ariqi, quien comandaba y participaba en las acciones de los grupos irregulares en la ciudad de Homs. Este miércoles la agencia de noticias Sana informó que una refinería de esa ciudad fue blanco de proyectiles de mortero, lo que provocó el incendio de dos tanques de combustible. A esto se suma el ataque de las bandas armadas contra la Universidad de Al Baath en Homs. Diariamente, en Siria cae bajo fuego opositores entre cinco y diez personas, sean civiles o militares. Meses atrás, el gobierno de Al Assad presentó un informe ante la ONU donde denunciaba que desde marzo pasado más de tres mil civiles habían sido asesinados por los grupos armados. Días atrás, el ministro sirio de Electricidad, Imad Khamis, confirmó que los costos por los daños materiales directos por los sabotajes de las bandas opositoras contra la red energética del país ascienden a más de 13 millones de dolares. Precisó además que las pérdidas por los daños colaterales e indirectos para la economía nacional se elevan a 418.182.000 de dólares.
Mientras esto sucede, el gobierno de Al Assad confirmó que mantiene el plan de reformas acordado con distintos sectores de la oposición, incluidos opositores que rechazan la violencia. La creación de partidos políticos, la descentralización de los recursos para las regiones y una nuevo proyecto de Constitución que será llevado a referendo popular son algunas de las medidas que ya están en marcha. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni Ban Ki moon se han pronunciado sobre estos hechos.
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