El problema por la falta de insumos en los hospitales públicos llego hasta la Corte Suprema. Diferentes entidades gremiales presentaron una apelación para que se garanticen los derechos ciudadanos a la atención sanitaria.
Con una movilización al Palacio de Tribunales, los trabajadores nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) y en la Asociación de Profesionales de la Salud (Cicop), expusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Cicop, con representación en los 77 nosocomios de la provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado en el cual señala que ya pasaron “dos meses desde que se inició una campaña de denuncias sistemáticas por la falta de insumos y la paralización de las obras, tanto reparaciones como construcciones de nuevas salas o consultorios. Esta situación se resiente en las prestaciones, al punto que deben reprogramarse operaciones”. Si bien la salud pública desde años se encuentra en ‘terapia intensiva’, el escenario ha empeorado por la escasez de elementos importados, debido a las trabas que aplica el gobierno nacional a través de la Secretaria de Comercio que conduce Guillermo Moreno.
En el último semestre los actores privados habían alertado por posibles complicaciones. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo, La Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPTI) reveló que escasean bombas de insulina en el país; y por su parte, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina advirtió sobre las limitaciones que hay para reponer el stock porque los pedidos se retrasan. Incluso el Ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Ángel Cappiello, aprovecho la ola de acusaciones y dijo que “la producción nacional no alcanza”.
En este contexto, Viviana García, titular de Cicop, detalló a Marcha: “Hicimos una presentación legal junto a Fesprosa, porque es un problema que involucra a diferentes provincias”.
– ¿Qué pedido le hacen a la Justicia?
Es un amparo por violación de los derechos colectivos tanto de trabajadores como de pacientes y usuarios por la falta de insumos sanitarios y también por la paralización de obras edilicias. El tema tiene dos aristas fundamentales, por eso hablamos de corresponsabilidad entre el gobierno nacional y el de la provincia de buenos aires.
– ¿Cuáles son esas aristas?
Una de ellas, que nosotros conocemos en detalle porque somos bonaerenses, son los problemas históricos de la salud publica en el conurbano, y a esto se suman los recortes presupuestarios que aplica el gobernador Daniel Scioli, al pagarle a los proveedores con bonos, y por eso las licitaciones de mitad de año no se pudieron efectuar, porque los proveedores no se presentan o lo hacen para cotizar los fármacos a precios exorbitantes. Y ahora aparecieron las dificultades por las restricciones en las importaciones. Hay medicamentos parados en la aduana, y a veces la salud, como sabemos, no puede aguantar mucho tiempo.
– ¿Y la intención con este reclamo ante la Justicia?
Pretendemos que los magistrados intervengan, y le indiquen a los funcionarios que tienen que garantizar los derechos de la población y facilitar el acceso a la salud publica. Pero más allá del reclamo legal, iremos incrementando las acciones gremiales.