Por Sergio Álvez* En la localidad de Indumar, Misiones, la Justicia y el Estado siguen desaparecidos. El recuerdo imborrable de su familia, y un reclamo que ciñe de luz las sombras de la impunidad, ésas que asolan la falsa democracia en la provincia.
Otro 24 de marzo se acerca y con él, el recuerdo atroz de tantos desaparecidos en años de dictadura. Sólo tres días después, el 27 de marzo, siete años se cumplirán de otra desaparición, esta vez en democracia. Siete años desde que Mario recorrió el camino de la Picada de Indumar, su lugar natal, hacia Oberá para un turno médico. Después de salir del consultorio de la doctora Serra de Gross, Golemba desapareció para siempre. En ese marco, ayer por la tarde se realizó una reunión abierta en la Facultad de Humanidades para visibilizar en la ciudad de Posadas, capital de Misiones, el caso de Mario. Aunque algunos medios, y alguna autoridad policial, osaron decir en todos estos años que “a Mario se lo tragó la tierra”; bien sabe esta picada silenciosa, que la tierra no se traga a nadie.
La tierra que lo vio partir
La Picada Indumar se encuentra a unos cuatro kilómetros del centro de Dos de Mayo. Una sucesión de parcelas rurales enclavadas a los costados de un típico camino de tierra roja conforman este paraje, donde la mayoría de las familias subsiste de la yerba, el té y en menor medida el tabaco. Aquí nació, creció y vivió toda su vida Mario Golemba, a quien en la colonia recuerdan como un muchacho sencillo, bondadoso y muy creyente, que gustaba de jugar al fútbol y pescar; que tocaba y cantaba canciones en la iglesia y estaba a punto de casarse con Angélica, una chica que también acudía a la Iglesia de Dios. Tenía sueños, proyectos y enormes esperanzas de un futuro próspero y feliz. En eso andaba hasta que el 27 de mayo de 2008 desapareció.
“Estoy en una plaza. Parece que va a llover. Tengo que hacerme unos análisis a la tarde” fue el último mensaje de texto que Mario le envió a su madre, Irma Komka esa tarde a las 14.43.
Dos días después, el 29 de marzo, la familia de Mario radicó la denuncia en la comisaría seccional Primera de Oberá, donde el caso quedó caratulado como “desaparición de persona”. No hubo novedades hasta esa fecha hasta que en el primer trimestre de 2009, Antonio Golemba, padre de mario y su esposa se entrevistaron por separado con tres presos de la Unidad Penitenciaria de Oberá, que en la noche del 27 de marzo de 2008 estaban en calidad de detenidos en la comisaría de Dos de Mayo. Estos testigos (Ramón O.; Marcelo O. y Vas A.) coinciden en sus relatos. Aseguran y describen, haber visto y escuchado cómo esa noche, entre varios policías de esa seccional –a cargo entonces del comisario Ewaldo Katz– ingresaron a Mario esposado, para luego darle una paliza y volver a llevárselo en un vehículo policial vaya a saber dónde.
Cuenta Antonio Golemba: “Los tres testimonios son coherentes. Lo vieron entrar a Mario esposado, y al ver a uno de ellos, que lo conocía porque es un muchacho que vive en el barrio Macuco a pocos kilómetros de Indumar, le pidieron que dejaran de golpearlo”.
La actitud cambiante del Gobierno y una causa que no progresa
Los testimonios de estos testigos fueron incorporados a la causa, que lleva adelante –sin avances significativo en la investigación– el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá, a cargo de la jueza Alba Kunnzman de Gauchat, quien pese a los reiterados pedidos de la defensora de la familia, la doctora Mónica Sosa, nunca ordenó la prueba fundamental: el careo entre los testigos y el personal policial actuante esa noche.
Respecto del Gobierno provincial, hay un antes y un después muy marcado en la relación que estableció con el caso Golemba. Previo a los testimonios de los presos, a través del ministro Jorge Franco (responsable político de la Policía de Misiones), el Estado ofreció toda la contención posible a la familia, bajo promesa de mantenerla informada una vez por semana. Corrió por cuenta del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia la impresión de afiches con el rostro de Mario que fue dispuesta en todas las comisarías, terminales y organismos de la provincia.
En agosto de 2008, el propio gobernador Maurice Closs y el ministro Franco rubricaron el decreto 1.480, que proponía una recompensa de 100 mil pesos a quienes pudiera aportar datos fehacientes sobre el paradero de Mario Golemba. Curiosamente, un artículo del decreto excluía de la posibilidad de recompensa a los policías de la provincia.
Cuando quedó involucrada la Policía de Misiones a partir de testimonio de testigos de la causa, según Antonio Golemba “el Gobierno se hizo a un lado totalmente, nos abandonaron”. Además de disponer de inmediato el traslado del comisario Evaldo Katz y de diez efectivos policiales de la comisaría de Dos de Mayo hacia otras localidades luego de conocerse la declaración de los presos. Katz encontró asilo justamente en la propia ciudad del gobernador Closs: hoy es comisario de Aristóbulo del Valle.
En 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), compuesto en su totalidad por magistrados que son parientes directos, probados amigos o ex funcionarios del gobierno provincial –un caso único en todo el paí– rechazó el pedido de juicio político a la jueza de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, impulsado por el abogado posadeño Jacobo Mass, y dispuso el archivo de las actuaciones. El pedido de juicio político a la jueza, derivó a partir de sus desempeños en casos emblemáticos de impunidad en Misiones. Uno de ellos, es el asesinato de Marylin Bárbaro, y el otro, la violación y asesinato de Silvia González, en Campo Viera. Estos casos tienen, además de mantenerse en la absoluta impunidad, una característica en común: en ambos pesan las sospechas de culpabilidad sobre parientes directos del poder político, los llamados “hijos del poder”.
Sobre su accionar, la abogada de la familia Golemba, Mónica Sosa, relató: “La doctora Gauchat nunca se ha expedido a favor o en contra de incorporar la figura del actor civil que le hemos solicitado, hemos presentado una queja por retardo de Justicia pero recién el 16 de septiembre de 2012 pasó el primer voto del ministro Sergio Cesar Santiago y el último viernes el de Roberto Uset. Hasta que no pase por los siete ministros que componen el tribunal no sabemos si van a dar lugar a nuestra queja. Todo se dilata más de lo debido. Es vergonzoso que tengamos que recurrir a la Justicia nacional por la desaparición de un ciudadano misionero y teniendo todos los elementos necesarios para descubrir la verdad, pero no nos dejan otra opción”.
Mientras en Posadas se sigue intentando visibilizar esta desaparición tan ocultada en la provincia, la abogada Sosa es contundente: “Los tiempos pasan y en las causas penales el tiempo juega en contra de la verdad”.
* Periodista de revista Superficie – www.revistasuperficie.com.ar