Por Germán Gómez. Desde septiembre de 2006, la causa judicial que investiga la desaparición forzada de Jorge Julio López, tras su declaración contra el ex comisario genocida Miguel Etchecolatz, está teñida de un accionar judicial y policial que obstaculizó cualquier avance.
Desde un principio la voluntad política para accionar no fue clara y marcó una postura al no tomar la declaración de López en los juicios contra los represores como una causa directa de su desaparición sino que sólo se hablaba de una persona que se había perdido, sin hacer hincapié en que el comisario juzgado venía de la misma fuerza policial (la bonaerense) que accionaba junto a la Justicia provincial en el comienzo de la causa.
Guadalupe Godoy, abogada querellante en el juicio al genocida Etchecolatz y actual magistrada en la causa, señaló que desde el comienzo de la investigación “hubo una decisión del Procurador de La Nación de seguir accionando provincialmente, ya que pasó tres meses diciendo que la causa tenía que seguir en la Justicia provincial porque no había elementos para hablar de secuestros y tampoco para relacionarlos con los juicios”.
La última novedad de la causa tiene que ver con un pedido de la Fiscalía, al cual accedió el Ministerio de Seguridad de La Nación, para que regresen a la investigación funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y así completar el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, ya que por falta de equipamiento la Policía Federal no podía efectuar ese procedimiento.
Este último pedido de la fiscalía es el dato más novedoso luego de que, dos años atrás, existiera una pista “prometedora” de un testigo de identidad reservada sobre el parque Pereyra. “Lo que pasó en el Pereyra fue pirotecnia con el modelo típico de irresponsabilidad que tienen para estos casos el ministro de Seguridad y Justicia Casal y el Gobernador Scioli , planteando que estábamos ante una pista firme, que prácticamente ya sabíamos donde estaba Julio, cuando ni siquiera este testigo de identidad reservada había declarado en la Justicia”, dijo Godoy.
Por otra parte, para la magistrada el paso del tiempo es un condicionante, sumado a un despliegue judicial que mutó en estos seis años. “Tardamos un año y medio en apartar a la Policía Bonaerense de la investigación y a partir de ahí se sucedieron las distintas fuerzas de investigación al igual que el trato judicial; lamentablemente la causa está en una situación de archivo”, concluyó Godoy.
Bajo la lluvia
El pasado martes se realizó en La Plata la marcha de la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada para seguir pidiendo la aparición con vida de Jorge Julio López y el esclarecimiento del caso que lo tiene desaparecido desde el 2006.
En díalogo con Marcha Nilda Eloy, de la Asociación de ex detenidos desaparecidos y una de las referentes de esta lucha, sostuvo que “a las fuerzas represivas le es necesario esta impunidad”, por esto “exigimos al Gobierno nacional y provincial la aparición con vida de Julio”. También se refirió al accionar policial, que sigue teniendo un aparato represivo heredado de la dictadura: “están acostumbrados a repetir muchas veces prácticas que se usaron en dictadura, hay casos emblemáticos como el de Luciano Arruga y los chicos de Rosario, sumado al cotidiano, el de cualquiera de los pibes que si entran a una comisaría saben lo que les va a pasar”, concluyó Eloy
Por otra parte, el documento leído al finalizar la movilización se refirió a los últimos acontecimientos que involucran directamente la figura de Julio López: “Entendemos que la utilización por parte del Estado del nombre de Jorge Julio López para nombrar plazas o para nombrarlo ciudadano ilustre, sin denunciar la complicidad del Gobierno y la Justicia, sólo sirve para naturalizar la desaparición y termina siendo un arma de persecución política de testigos y querellantes. Jorge Julio López no es ciudadano ilustre, es un compañero desaparecido en democracia por haber señalado a los genocidas”.