Por Francisco J. Cantamutto. Los candidatos patronales han insistido en los últimos días de campaña con la necesidad de seguridad jurídica y el establecimiento de políticas de Estado. ¿De qué hablan?
El último tramo de campaña de la elección del pasado domingo parece haber ido aclarando las posiciones de los candidatos. Algunos, como de Narváez, cantaron sus cartas desde el comienzo. El juego de Massa de “no imponer ideas” y “escuchar a la gente” se fue desmontando solo, por el peso de su propia idiosincrasia. De la Sota y Schiaretti critican las retenciones porque perjudican el negocio agrario cordobés. El peronismo se abre en variantes más conservadoras para proponernos una gigantesca interna pública donde el propio partido pueda tramitar el cambio de rumbo.
El radicalismo no se queda lejos. El triunfo de “voto no positivo” Cobos en Mendoza contrasta con el bajo rendimiento de Stolbizer en Buenos Aires. Su versión más prometedora -modelo de alianzas, según Ricardo Alfonsín- es el UNEN en Capital, donde se pretenden reafirmar como una variante progresista. Quedará por verse si la interna radical se fagocita las esperanzas de Solanas y Donda, o promueve el ajuste de Lousteau y Prat Gay.
El gobierno ha hecho su esfuerzo también, en este mismo sentido. La reapertura del canje y el deshonroso arreglo en el CIADI son señales fuertes al capital, específicamente, al más predatorio: el financiero internacional. Señales de disposición a dar continuidades claras en los órdenes de fondo de la economía. Cómo conjugar esto con las apelaciones al modelo nacional y popular es un desafío intelectual difícil de resolver.
Es que por donde se lo mire, entre radicalismo y peronismo se esfuerzan por mostrarse como candidatos seguros para el capital. La anterior semana desfilaron en el 49° Coloquio de IDEA, el centro de confluencia del gran empresariado local. Ahí, tanto como en sus giras por los canales de televisión y radios, se encargaron de enfatizar la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo. De la misma manera, insistieron con la necesidad de “políticas de Estado” que vayan más allá de los gobiernos de turno.
¿De qué hablan exactamente?
La presentación de que las reglas deberían estar claras y ser estables en el tiempo, más allá de vaivenes ocasionales, es algo que encuentra eco entre la gente. ¿A quién no le gusta saber que el futuro no es puro caos, que al menos en parte sabemos cómo nos manejaremos? La promesa, enunciada así vagamente, trata de arrimarse a esa necesidad de seguridades que la mayoría se enfrenta en un contexto de inestabilidad laboral y dificultades para garantizar el poder de compra. Pronunciarse contra la imprevisibilidad, contra la arbitrariedad, contra el capricho, parece ser algo que a todos nos funcionaría.
Sin embargo, no es de eso de lo que se habla. Prometer esto ante el empresariado local más concentrado es una forma de buscar su anuencia bajo la declaración abierta de subordinación. El Estado es un reflejo de la sociedad en conflicto, y por ello mismo, replica sus tensiones. Intentar negar esto es buscar zanjar la disputa social en un sentido o en otro: si se les promete a los grandes empresarios, se está anunciando quién será el ganador.
El gran modelo de seguridad jurídica y política de Estado en nuestra historia reciente es la Convertibilidad: un conjunto de reglas muy claras, establecidas por ley (y por ello no sujetas a cambios improvisados), con definiciones estables en el tiempo. ¿Alguien recuerda cuál fue el problema? Que esas reglas, muy claras, beneficiaban a un sector muy concentrado de la sociedad, mientras el resto nos debíamos sumir en la pobreza, la precariedad y la flexibilización.
El capital concentrado está demandando reglas estables que lo beneficien de modo directo, sin mediación sistemática del Estado. Lo que cuestionan es la forma de Estado surgida en la crisis, donde la intervención política debe negociarse a cotidiano, estableciendo el riesgo de perder o tener que dilatar negocios. Esta maquinaria de intervención ha cumplido un rol central en evitar una radicalización popular: contuvo las demandas populares, dándoles cierto lugar sobre la base de mediarlas en el Estado.
El costo ha sido que algunas fracciones del capital (la gran burguesía agraria, el capital extranjero financiero y en las privatizadas) se vieron desplazadas del comando político de la sociedad. Pero esas fracciones siguen siendo poderosas económicamente porque el proyecto de sociedad actual nunca apuntó a desmontar las bases de su poder. A esos sectores se han ido sumando otras fracciones del capital que encuentran demasiado oneroso mantener un Estado que atienda siquiera algunas demandas populares. Para todo este conjunto llegó la hora de volver a un Estado excluyente, uno que defina sus intereses de modo claro, abierto y estable en el tiempo: que tenga políticas más allá del gobierno de turno y las sostenga jurídicamente.
A ese público se le habla cuando se insiste con la seguridad jurídica y las políticas de Estado; no a las grandes masas de trabajadores. El programa de transición de aquí a 2015 parece estar signado por esta propuesta desde los partidos patronales, incluyendo importantes sectores dentro del propio gobierno. Es tarea de las organizaciones populares evitar que esto ocurra.