A partir de la iniciativa del diputado kirchnerista Héctor Recalde, se comenzaron a discutir diversos proyectos que buscan gravar la renta financiera. Los debates en torno al miso y su vinculación con el impuesto a las ganancias, y la coyuntura electoral.
A partir de una propuesta presentada por el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, el gobierno busca avanzar en una reforma impositiva que permita gravar la renta financiera. Junto al proyecto del legislador kirchnerista, se suman también otros proyectos surgidos del propio bloque como el de Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y de diputados de la oposición, como el sostenido por Gerardo Milman, perteneciente al GEN, el partido liderado por Margarita Stolbizer.
Si bien como sostiene el propio Recalde aun se está comenzando a discutir, primero dentro del propio bloque oficialista y luego se buscará incorporar elementos de los otros proyectos, la piedra angular del mismo se apoya en que deberían grabarse toda compra-venta de acciones, distribución de dividendos, o plazos fijos, que superen un determinado valor, es decir se buscaría gravar aquella rentabilidad que se obtiene por dejar el dinero en el sistema financiero. Para el abogado laborista el monto mínimo desde el cual se debería gravar la renta financiera es de $100.000, mientras que Carlos Heller propone que sea desde $300.000.
En relación a este debate, Recalde sostuvo: “No toda la renta financiera puede ser sometida a gravamen. Por ejemplo, el ahorro nacional del pequeño ahorrista. Hay que ver qué resultado puede dar gravar la transferencia de acciones en montos, cuánto puede recaudar el Estado”, ya que sostiene que no hay que entorpecer la inversión privada. Se deben “medir costos y beneficios y sobre todo pensar que estamos enfrentando a una de las corporaciones más fuertes que existen en nuestra sociedad: la patria financiera”. Sin embargo lo fundamental, afirma el actual diputado por el Frente para la Victoria, es que no “exista un privilegio impositivo para la renta financiera”.
La lógica de obtener beneficios y ganancias mediante la actividad financiera, tiene en Argentina una historia medianamente corta, y sus orígenes se remontan a las modificaciones económicas llevadas a cabo por el equipo de Martínez de Hoz, durante la última dictadura militar. Con esto no estamos queriendo decir que anteriormente no existieran compra-venta de acciones o distribución de dividendos dentro de las grandes firmas que operaban en el país. Sin embargo, si hay un momento de quiebre en este relato, es a partir de mediados de 1977, cuando Martínez de Hoz, en ese entonces titular del palacio de Hacienda, implementó la llamada reforma financiera. El objetivo central era la creación de un mercado financiero, y por lo tanto sujetos inversores que interviniesen en dicho mercado.
La reforma financiera implicó por un lado la liberalización de las tasas de interés, que dejaron de estar controladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y ahora se regían por mecanismos propios del mercado, la descentralización de los depósitos, y la garantía sobre los mismos que corría por cuenta del propio BCRA. Entre el paquete de medidas sancionadas se encuentra la aun hoy vigente Ley de Entidades Financieras. Este proceso de liberalización, marcado por un notable aumento de las tasas de interés, y una expansión constante de la base monetaria, así como un aumento del financiamiento tanto público como privado vía créditos externos, abrió un ciclo de acumulación conocido como “valorización financiera”, y cuyas consecuencias posteriores en la vida económica y social de la Argentina son harto conocidas.
Los proyectos de ley en curso, buscan desmontar parte de este andamiaje instalado hace más de 35 años. Aunque gran parte de las críticas de la oposición están enfocadas en torno a problemas que exigen una reforma impositiva integral (aumento del mínimo no imponible) que el kirchnerismo aun hoy no ha tenido voluntad política de llevar adelante.
“Esto tiene una baranda electoral”
Carlos Burgueño, periodista de Ámbito Financiero, se refirió en dialogo con el matutino Llevalopuesto de FM La Tribu de esta manera al ser consultado sobre los proyectos en curso que buscan gravar la renta financiera. Al señalar que tanto el oficialismo como la oposición buscan sacar rédito político-electoral de este proyecto de cambio del sistema impositivo.
Burgeño vinculó los proyectos presentados tanto por Heller, Recalde, así como los de legisladores vinculados a Sergio Massa, “con la bronca que genera el impuesto a las ganancias”, y que obligan a una suba del mínimo no imponible, que se sostendría con un impuesto que comience a pagar el sector financiero por diversas operaciones económicas que lleve a cabo.
Sin embargo, agregó Burgeño, el gravamen a la renta financiera significaría “un efecto sobre la economía que sería positivo”, ya que “se liberaría plata a un sector de la economía que la gasta, es decir mejoraría la actividad económica, vía generación de consumo”. Por otro lado el periodista de Ámbito Financiero, indicó que esta reforma impositiva “no alcanzaría al público mayoritario”.
Por último, sostuvo Burgueño, que los proyectos en discusión se conviertan en ley, es parte de una decisión política, “este gobierno demostró que en 15 días te saca la ley, te la reglamenta y la pone en práctica”.