Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ingenio Ledesma, fue procesado por participar como supuesto cómplice en la privación ilegal de la libertad de 29 personas secuestradas en lo que se conoció como “La noche del apagón” en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy.
El juez federal Fernando Luis Poviña dictaminó el jueves pasado el procesamiento del empresario dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y del ex administrador general, Alberto Lemos, por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, torturas, homicidio y violación de domicilio”. Además, dictó un embargo por 11 millones de pesos para Blaquier, mientras que en el caso de Lemos el embargo alcanza a 5 millones y medio de pesos. Los acusados permanecerán libres pero imposibilitados de abandonar el país.
Esta es la primera sentencia a nivel nacional que establece la relación de la responsabilidad de un sector civil, en este caso la empresa Ledesma, con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
La acusación remite al operativo conocido como “La noche del apagón” o simplemente “El apagón”. Ese operativo ilegal, que tuvo lugar las noches del 20 al 27 de julio de 1976 en los pueblos de Calilegua, Libertador San Martín (dónde funciona el ingenio Ledesma) y El Talar, terminó con la detención de alrededor de 400 personas, de las cuales más de treinta permanecen desaparecidas.
Entre los cargos contra Blaquier y Lemos expresados por el juez se encuentra el hecho de haber puesto a disposición de grupos de tareas integrados por militares, gendarmes y policías, vehículos de la empresa en los cuales se trasladó a los detenidos a distintas comisarías de Ledesma y posteriormente fueron llevados al centro clandestino de detención en el paraje de Guerrero, a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Para el fiscal de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la dictadura, Pablo Pelazzo, este procesamiento “marca una línea muy importante en cuanto a la responsabilidad de civiles” en el terrorismo de Estado. Por su parte la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Inés Peña declaró que “el juez Fernando Poviña ha comprendido el reclamo de familiares y la Noche del Apagón no es un mito, sino un hecho trágico, una tragedia social”.
Desde la empresa Ledesma se emitió una solicitada publicada en diversos diarios del país donde afirmaron que esta decisión fue tomada “sobre la base de una interpretación sesgada del contexto histórico vigente hace cuarenta años” y opinó que “las numerosas pruebas que aportó no fueron valoradas ni tenidas en cuenta”. La empresa ratificó que “nunca prestó camionetas para la detención ilegal de personas” y que quedará demostrado que “Ledesma y sus directivos nada tuvieron que ver con la dictadura”. Además sostuvieron que la defensa apelará el procesamiento.
Con este fallo judicial se avanza en el esclarecimiento de la responsabilidad civil en el terrorismo de Estado implementado por la última dictadura (1976 – 1983) en nuestro país.
El juez Poviña sostuvo que se desprenden del análisis historiográfico y los testimonios recogidos “los fuertes nexos existentes entre grandes industriales, lobbistas y autoridades estatales y militares durante aquel ajetreado ciclo golpista de persecuciones y represión, que alcanzó su paroxismo con la última dictadura militar”. Además expresó que las acciones de los acusados son delitos de lesa humanidad porque “tuvieron lugar dentro de un plan sistemático y organizado de ataque generalizado a la población civil, pergeñado por las Fuerzas Armadas”.