Por Fernando González. A raíz de un amparo presentado por el ex legislador Facundo Di Filippo, Rafael Gentili -actual legislador por Proyecto Sur- y Félix Cariboni -integrante del Espacio Chico Mendes- la justicia suspendió este martes la licitación que aprobaba los pliegos para concesionar el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB) de la Ciudad.
El Juez Martin Furchi, entendió que los argumentos esgrimidos por los demandantes eran suficientes para dar lugar a la medida cautelar. El principal de ellos es que, por la Constitución de la Ciudad, tiene que tener intervención la Legislatura para aprobar una concesión por un plazo mayor a 5 años (art. 82, inciso 5), como el que prevé la ley del STPB. Otra presentación en la Justicia por parte de la Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad, Graciela Muñiz, también impugnaba el decreto en ese mismo sentido.
Este sistema es presentado por la actual gestión porteña como el bastión de la Ciudad Verde y del Plan de Movilidad Sostenible. Sin embargo, el mismo fue creado a partir de la ley 2586/07, luego de una iniciativa del (ex) diputado Pablo Failde -por entonces miembro del Frente para la Victoria-. En sus versiones originales, estaba pensado para ser un servicio estatal pero el bloque del PRO, para aprobarlo, exigió que exista la posibilidad de concesionarlo. Así, fue aprobado por unanimidad.
En los años que el servicio lleva en pie, el Estado ha invertido en la creación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema, ha adquirido las bicicletas, las estaciones y todo lo necesario para generar la demanda del servicio. Según cálculos estimativos, son más de $6.000.000 de presupuesto público que se han destinado a este sistema (sin contar las bicisendas) que ahora se busca concesionar. Sumado a ello, el decreto que llama a la licitación establece un canon de $135 millones a favor del beneficiario. Esto quiere decir que “se hará efectiva con fondos públicos sin aporte alguno de parte de los beneficiarios de la concesión” en palabras de Graciela Muñiz.
Otras denuncias también pesan sobre los negocios privados que se están realizando en torno a las bicicletas públicas. En particular, legisladores han denunciado que el fundador de una ONG que hace lobby a favor del STPB (1automenos.org), Diego Worlecik es uno de los proveedores de rodados, repuestos y herramientas del mismo sistema. Eso no sería nada malo, si no fuera que aún siendo un proveedor del Estado figura en la AFIP como autónomo y con ingresos de hasta 25 mil pesos anuales.
Una vez más la política del macrismo, lejos de ser la de un Estado ausente, es la de un Estado que instrumenta activamente política a favor de diferentes sectores privados. Así, la “ciudad verde” no es más que una estrategia de valorización de la ciudad tendiente a generar mayor atracción para los diferentes inversores que buscan apropiarse de las condiciones generadas por la propia ciudad.