Por Soledad Arrieta, desde Neuquén. Comienza este jueves el tercer tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Neuquén y Río Negro conocido como “Escuelita”. Un repaso de la causa, los acusados y los responsables de juzgarlos.
El juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en Río Negro y Neuquén se inició en el año 2008, cuando se realizó el primer tramo, y prosiguió en el 2012. La tercera parte del proceso conocido como “Escuelita”, en relación al mayor centro clandestino de la “subzona 52”, comenzará este jueves y está previsto que se prolongue al menos hasta febrero del 2014. Serán juzgados los genocidas que se encontraban prófugos en las otras instancias y quienes fueron apartados por motivos de salud.
Desde la apertura de la causa en el 2005, la justicia optó por llevarla adelante bajo una modalidad fragmentada que revictimiza a las víctimas haciéndolas declarar una y otra vez y obligándolas a enfrentarse con sus torturadores a sabiendas de que, en su mayoría, gozan de la libertad que ellos mismos restringían o cumplen una cómoda prisión domiciliaria.
Quienes sufrieron directa o indirectamente las consecuencias de la violencia institucional entre 1976 y 1983 deberán prestar una vez más su testimonio y padecer los tormentos a los que vuelven a someterlas y someterlos los defensores de los genocidas en protección de sus pactos de silencio por la decisión judicial de no unificar los casos.
Subzona y lesa humanidad
En el año 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, se emitió la directiva N° 404/75 que imponía “operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas Armadas, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas”, mandato que se efectivizó con la división del país en zonas, subzonas y áreas. Así, Argentina quedó segmentada en cinco.
La zona 5 abarcaba la región patagónica y el sur de la provincia de Buenos Aires. La llamada subzona 52 hacía referencia a toda la provincia de Neuquén y a los departamentos de General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Bariloche y 25 de Mayo, de Río Negro.
El número de víctimas -denunciado- en esta parte del país durante la última dictadura cívico militar fue de cincuenta y seis, de las cuales diecisiete fueron, además de secuestradas y atormentadas física y psicológicamente, desaparecidas. De las treinta y nueve personas privadas de su libertad y sometidas a tormentos, treinta y siete fueron liberadas, una escapó y otra fue torturada hasta la muerte. Cuatro ex detenidos fallecieron antes de conocer la justicia aplicada a sus represores.
En el año 2005, el juez federal de primera instancia Guillermo Labate declaró los crímenes estatales en dictadura como delitos de lesa humanidad, es decir imprescriptibles, y comenzó a investigarlos. En el 2008, tras la primera fase de la investigación, se determinó que existió un plan sistemático y clandestino de represión implementado de forma organizada en el marco del gobierno de facto.
A donde vayan los iremos a buscar
En la primera etapa del juicio “Escuelita” el Tribunal a cargo condenó a ocho militares por considerarlos penalmente autores y partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad ante diecisiete víctimas. Los imputados alcanzados por la justicia en este tramo fueron el ex general de Brigada Enrique Braulio Olea, el ex jefe del Comando de Brigada de la subzona Oscar Lorenzo Reinhold, el ex jefe del Destacamento Inteligencia Mario Alberto Gómez Arenas, el ex jefe de la división personal Luis Alberto Farías Barrera, los oficiales de Inteligencia Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín, el médico militar y ex jefe de sanidad del comando Hilarión de la Pas Sosa y el ex suboficial de Inteligencia Julio Francisco Oviedo.
Para el segundo trayecto del juicio, que sucedió durante el 2012, se habían imputado a veinticuatro represores por los casos de treinta y nueve víctimas, pero finalmente fueron veintiún los juzgados. Los trece condenados (se suman a la lista Osvaldo Laurella Crippa, José Luera, Raúl Guglielminetti, Charles Casagrande, Máximo Maldonado, Antonio Camarelli, Gustavo Vitón y Miguel Quiñones) recibieron penas muy inferiores a las solicitadas por las querellas y hubo ocho absoluciones, en su mayoría para personal policial.
Con más de doscientos testimonios de personas afectadas por la última dictadura cívico militar en la región, se pudo determinar que además de la “Escuelita” funcionaron como centros clandestinos de detención las comisarías de Cipolletti y Cutral Co, la sede de la Policía Federal en Neuquén capital y la Unidad Penitenciaria N°9.
Durante la etapa que comienza este jueves serán juzgados dos de los tres represores que se encontraban prófugos en los tramos anteriores y los tres cuyas imputaciones durante el segundo período fueron suspendidas por problemas de salud.
Jorge Di Pascuale, ex integrante de Inteligencia del Ejército, está acusado por cincuenta y seis víctimas y se encontraba prófugo en la localidad de La Plata. El ex comisario de la Policía Federal Alberto Soza, que estaba escondido en España, será enjuiciado por diecinueve casos, mientras que el ex comisario de la policía de Neuquén, Héctor Mendoza, que se había ocultado de la justicia en Paraguay e iba a ser incorporado a este período, finalmente no se presentará por enfermedad. El último tuvo un rol fundamental en el llamado “Operativo Cutral Co” y los al menos diecisiete secuestros que significó.
El médico militar Hilarión de la Paz Sosa, el ex jefe de inteligencia del destacamento 182 de inteligencia Mario Alberto Gómez Arena y el ex Jefe de Personal del Comando Luis Alberto Farías Barrera fueron apartados de “Escuelita II” por haberse descompensado, pero sus acusaciones por treinta y nueve víctimas fueron incorporadas a este tramo.
Quiénes determinarán las culpas
A mediados del 2002, en plena democracia, la Justicia rionegrina determinó que un acto de protesta como el corte de una ruta era delito. La víctima de esa criminalización fue la docente Marina Schifrin, condenada a tres meses de prisión y a la prohibición de participar de manifestaciones públicas. El juez que determinó que reclamar en defensa de la educación pública constituye una infracción fue Leónidas Moldes, el presidente del Tribunal que juzgará a los genocidas en este tercer tramo del juicio “Escuelita”. Es juez federal de primera instancia en Bariloche.
Diego Barroetaveña, integrante del Tribunal Oral de Capital Federal, intervino junto a Horacio Días y Carlos Bossi en la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, por cuyo crimen fue condenado a 15 años de prisión el líder de la Unión Ferroviaria José Pedraza.
El Tribunal de “Escuelita III” además estará integrado por el juez de la cámara federal de Fiske Menuco (General Roca) Richard Gallegos.