Por Julia Varela. Tras movilizaciones en todo el país y fuerte represión policial, el Congreso paraguayo aprobó la ley de Asociación Público-Privada, que le da plenos poderes al ejecutivo para privatizar servicios y entes del Estado.
Las calles paraguayas amanecieron movilizadas. Durante todo el día de ayer miles de personas cortaron rutas, caminos y marcharon diciéndole No a la ley de Alianza Público-Privada que el Congreso paraguayo aprobó en una sesión extraordinaria de Diputados.
Cuando el proyecto de ley “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, se terminó de votar, las calles de los principales departamentos del país estaban sitiados por la policía montada que disparaba balas de goma a los manifestantes.
Después de las reformas hechas por el Senado paraguayo, los Diputados la aprobaron 60 votos contra 15 y más de 50 mil firmas presentadas que decían No a la APP.
La Alianza Público-privada tiene muchas similitudes con proyecto de Reforma del Estado que Carlos Menem llevó adelante en nuestro país en 1989, y le otorga al Ejecutivo paraguayo la potestad de autorizar inversiones sin la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas ni la intervención del Poder Legislativo para la aprobación de proyectos. Sólo es necesario que se presenten informes sobre el proceso de las inversiones autorizadas.
“Los contratos de participación público-privada podrán comprender proyectos de infraestructura y de gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, proyectos de hidrovías, de dragado y mantenimiento de la navegabilidad de los ríos; los de infraestructura social; infraestructura eléctrica; proyectos de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano; abastecimiento de agua potable y saneamiento; entre otros proyectos de inversión en infraestructura y servicios de interés público. También podrán comprender la producción de bienes y la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte”, dice el artículo 3 de la Alianza Público-Privada. Entonces, la luz, el agua, las rutas y los puertos serán privatizados.
Aún así, Horacio Cartes dijo ser “enemigo” de las privatizaciones y esta medida simplemente permite “al sector privado hacer inversiones donde el Estado no tiene los debidos recursos”.
En el artículo 41 se menciona la necesidad de implementar un árbitro que pueda fallar cuando haya algún tipo de desacuerdo, y según el periódico local E’a, ese juez sería el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el mismo que en Argentina presionó para la sanción de la ley Antiterrorista en diciembre de 2011.
La ex Vice Ministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, sostuvo que las leyes nacionales quedarán subordinadas a los contratos, puesto que se deja sentado que las disposiciones legales regirán para las iniciativas público-privadas, y que la aplicación de este modelo ha generado fuga de capitales, precarización del servicio y aumento de desigualdades.
Uno de los 15 diputados que votó en contra fue Ramón Duarte, del Frente Guasú. Antes había pedido un lapso de 30 días para poder debatir esta ley con la ciudadanía a través de un referéndum, pero se le denegó el pedido. Tras la aprobación dijo que la ley va a “facilitar el despojo a nuestra República, que no será más que una oficina de remate de nuestro patrimonio, administrada por el señor presidente, a quien ya dimos el control sobre nuestras FF. AA. con la modificación de la Ley de Defensa y sobre nuestro presupuesto con la irresponsable Ley de Responsabilidad Fiscal”