Por Guido Turdera. El movimiento estudiantil retoma la iniciativa en las calles contra el gobierno de Sebastián Piñera. La única respuesta oficial es más represión y criminalización de la protesta.
Una vez más, las calles de las principales ciudades chilenas se vieron ocupadas por los fuertes pasos del movimiento estudiantil. En un claro acto de retruco hacia el gobierno derechista de Piñera, las universidades y los liceos secundarios han salido nuevamente a manifestarse por una educación gratuita y de calidad. La lucha que vienen dando los estudiantes encuentra su comienzo en el año 2006, cuando la “Revolución de los Pingüinos” (así se les llamo ese movimiento de estudiantes secundarios) puso en cuestión al sistema educativo privatista heredado del pinochetismo durante el gobierno de Bachelet. No obstante, sería el año 2011 el que pusiera en el tapete a nivel internacional el conflicto por la temática educativa chilena, jaqueando al gobierno y su incapacidad (o desinterés) de resolver conflictos con este sector de la sociedad. En este período, el programa de demandas que había elaborado la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), organización que aúna a las federaciones universitarias chilenas, se regía por tres ejes elementales: 1) acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula; 2) aumentar el financiamiento público en educación superior como porcentaje del PIB; y 3) democratización del sistema de educación superior. No hace falta aclarar que pasado un año, nada ha cambiado en cuanto a lo sustantivo del reclamo. Se puede apreciar en los dichos del presidente Piñera la oposición a estas ideas: “requerimos en esta sociedad moderna una mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo”.
Ya entrado el año 2012, nuevas caras aparecieron en torno al conflicto educacional. Si bien mantiene presencia en los medios, la popular Camila Vallejo resultó ahora ser vicepresidente de la CONFECH, mientras que las riendas las llevan Gabriel Boric (presidente del FECH), Noam Titelman (presidente del FEUC) y Eloísa González, quien con sólo 17 años es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En la vereda de enfrente, encontramos a Harald Beyer, ministro de Educación y al polémico Rodrigo Hinzpeter, en el Ministerio del Interior.
Una de las medidas que tomó el gobierno para paliar el conflicto educativo fue la reforma tributaria. La misma generaría unos mil millones de dólares por año para la educación, cifra que no convence ni a la oposición ni al movimiento estudiantil. Para Boric, este proyecto es más bien un ajuste, ya que no termina por contemplar el conflicto estructural de la educación en el país.
La primera movilización del año se convocó el 25 de abril por parte de la CONFECH, ACES, CONES y el Colegio de Profesores. De a poco el flujo del movimiento se fue reactivando. En palabras de González, “agosto no será un mes cualquiera para las movilizaciones estudiantiles”. Dado que no encuentran eco a sus reclamos dentro de lo institucional, el movimiento popular ha optado por tomar medidas de lucha propias para combatir por un sistema educativo más justo. La toma de colegios, las movilizaciones masivas por la Alameda, el paro nacional convocado para el 28 de este mes son sólo la punta del iceberg de un reclamo global, esto es, modificar sustantivamente este aparato educativo heredado de la dictadura de Pinochet, privatista y de elite.
Entre estas medidas, la toma de liceos constituye uno de los puntos cruciales como avance del movimiento social. El Instituto Nacional, principal colegio público de Chile, fue tomado hace unos días por los estudiantes. Estos ejemplos se replican en otros contextos junto con otras formas de acción, como el encadenamiento al Ministerio de Hacienda, en tanto signo de rechazo a la reforma tributaria antes descripta, la huelga de hambre de 11 estudiantes en el Instituto Superior de Comercio (luego 5 de ellos serían apresados) o la ocupación de las dependencias de la UNESCO.
La respuesta de las fuerzas represivas estatales no se hizo esperar. La imagen de los carabineros ocupando los colegios, pegándole a los estudiantes y pernoctando allí para que no puedan ser tomados, tal como sucedió con el Instituto Nacional, acarrea una imagen terrorífica que evoca las peores épocas dictatoriales de la historia chilena. Por otro lado, también se registraron denuncias de abuso sexual por parte de carabineros a estudiantes mujeres luego de ser detenidas durante una marcha pacífica hacia la Plaza de Armas de Santiago. Allí donde se cristaliza de la mejor forma esta política represiva por parte del gobierno chileno –al cual no le tiembla el pulso al momento de dar la orden de reprimir a jóvenes de 15 o 16 años- es la nueva Ley de Resguardo del Orden Público, mejor conocida como Ley Hinzpeter, en referencia a su ideólogo. De manera sumamente controversial, la ley termina por criminalizar la protesta social y el derecho a manifestarse. La misma establece el nuevo delito de “desórdenes públicos”, y sostiene que serán castigados con “presidio menor en grado medio”, esto es, de 541 días a 3 años de cárcel, aquellos que paralicen o interrumpan algún servicio público, invadan u ocupen establecimientos fiscales o municipales, impidan la libre circulación, atenten en contra de la autoridad, y hasta aquellos que hayan “incitado, promovido o fomentado los desórdenes”. De esta manera, el trastrocamiento del ejercicio de derechos humanos en delito es una de las formas más directas de bloquear su propio ejercicio, como puede ser manifestarse de manera pacífica, convocar a una marcha o participar en espacios de discusión crítica.