Por Fernando Vicente Prieto. Como un regreso a lo peor de la crisis de 2001-2002, ahora en gran medida como farsa, la administración Scioli juega con fuego e instala la posibilidad de desdoblar el pago de salarios.
El primer rumor comenzó hace algunas semanas, pero en los últimos días pasó a recorrer abiertamente los lugares de trabajo. Docentes, empleados de ministerios, secretarías y entes descentralizados, policías, médicos de hospitales públicos y varios rubros más son quienes comentan la noticia con incredulidad y al mismo tiempo, algo de incertidumbre, como si en el fondo supieran que todo es posible. ¿Patacones y atrasos salariales después de ocho años de crecimiento récord? ¿O estrategia para marcar la cancha e incumplir los acuerdos de paritarias? Diversas fuentes sindicales señalan que son las dos cosas, y relatan conversaciones donde los funcionarios dicen en privado lo que niegan en público.
Versiones oficiosas
En varios casos los Directores Generales de Administración (DGA) y otros responsables de finanzas públicas son quienes alimentan los trascendidos, deslizando que “se habla de pagos desdoblados”. Ante la pregunta sobre la desproporción de la medida -atendiendo a las consecuencias que tendría sobre la imagen pública del gobernador-, un director insiste: “Sí, impensable en diciembre de 2011 pero eso es lo que dice la realidad de este 2012. Hay que aceptarlo. Nación no está soltando un peso”.
Otro alto funcionario advierte a los delegados gremiales de base: “Ojo que pueden llegar a venir los patacones, eh”. O también: “No jodamos que la situación está muy mal en serio. Si no decime cuándo pasó que los estatales cobraran después de Semana Santa, encima con una semana de tres feriados”.
Así, por un lado la ministra Silvia Batakis descarta totalmente los rumores, pero los equipos de las DGA parecieran contradecir esta estrategia, instalándolos sistemáticamente en uno y otro lugar. En este contexto, la CTA provincia se manifestó muy preocupada y anunció que le pedirían reunión a Batakis, a fin de que aclare los rumores. Por otro lado, resurgen conflictos en estatales de la administración pública (ley 10.430).
Paritarias sectoriales ¿y generales?
Hace poco más de dos meses, el gobierno de Scioli anunció un acuerdo con dos de los tres gremios de estatales, para una recomposición al básico del 19,7%, que implicó una mejora efectiva de aproximadamente el 17% para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Un porcentaje demasiado bajo para el nivel de aumentos de los demás sectores, a lo que se suma que desde hace al menos dos años los empleados públicos están quedando muy rezagados respecto a las tasas de inflación real. En consecuencia, consolida la tendencia de caída del salario real de los estatales.
Este acuerdo fue cerrado por UPCN y los gremios locales, más pequeños, que integran Fregeppba (Frente de Gremios Estatales de la provincia), sin impulsar asambleas para consultar a los trabajadores. ATE, en cambio, lo rechazó, indicando que “absolutamente todas las reuniones en los lugares de trabajo lo consideraron insuficiente”.
El argumento de UPCN y Fregeppba, ante el malestar generalizado, fue que se aceptaba ese porcentaje con una condición: la reapertura de paritarias en julio, para agregarle una nueva actualización. Supuestamente la provincia asumió esa condición, pero en eso coinciden todas las voces oficiales: no están pensando en cumplir el acuerdo. En este contexto, no resultaría extraño que los rumores de las segundas líneas directivas –primeras en las negociaciones sectoriales- tuvieran el objetivo de “marcar la cancha” a los reclamos, instalando que “no hay plata” y todo debe seguir exactamente como está.
Actividades en los sectores y un paro provincial
En la súltimas dos semanas se realizaron asambleas, radios abiertas y otras actividades en al menos cuatro instituciones públicas: el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Cultura y Educación, la Secretaría de Participación Ciudadana y el Teatro Argentino. El próximo miércoles 30 de mayo, ATE provincia convoca a un paro activo en algunos sectores, que incluirá nuevas asambleas y movilizaciones. Además de la cuestión salarial, se propone incluir en las paritarias otros temas considerados “igualmente importantes”, como la vigencia de la carrera administrativa, la recategorización que dispone la ley, el descongelamiento de las plantas permanentes, establecimiento de estructuras, cumplimiento de un escalafón salarial objetivo e igual remuneración por igual tarea.
Desde ATE también se pronuncian contra el vaciamiento y la privatización de áreas y funciones del Estado. En particular, señalan la continuidad de relaciones laborales de extrema precarización. Por ejemplo, cuando el Estado elige privatizar parte de sus funciones, realizando contratos con empresas que le prestan servicios que antes hacía el mismo organismo público. O sea, lo que era parte orgánica del Estado, ahora “lo compra afuera”, sin trabajadores bajo su dependencia directa. La empresa se encarga de dirigir el negocio: gestiona el cobro del servicio, contrata a los trabajadores por muy bajos sueldos y se queda con la diferencia por esa gestión privada, a costa del Estado y los trabajadores. Es lo que se conoce como la “tercerización laboral”, que domina en el rubro limpieza y mantenimiento.
Contratos inexplicables y distintas prioridades
Adaptación local del “outsourcing”, de moda hace dos décadas en todo foro de gerenciamiento de las políticas neoliberales, la tercerización ha resultado en un costo mucho mayor para el Estado, con un servicio deficiente y trabajadores en pésimas condiciones.
¿Por qué se mantiene, entonces? Si el objetivo es ahorrar y esto le sale mucho más caro. Y si además existe un consenso social generalizado en “recuperar el Estado”, revirtiendo la privatización. No parece tener lógica política, salvo que giremos la mirada hacia posibles beneficiarios.
Desde que este sistema logró instalarse, con la ofensiva neoliberal de los 90, es un secreto a voces que el origen y la vigencia de estos contratos radica en que representan enormes negocios. En ellos participan empresarios y funcionarios políticos. Estos no necesariamente se quedan el excedente para sí, sino que “roban para la Corona”, es decir, para su partido o grupo político, que -si no es demasiado evidente- hasta puede llegar a encontrarse a ambos lados del contrato: firmando como contratante y también dirigiendo la empresa contratada. Muchas veces estas redes económicas se instrumentan bajo la figura de cooperativas o pequeñas empresas. Un ejemplo célebre es la llamada Cooperativa San Martín, que hasta hace pocos años tenía el contrato de los Centros Administrativos más importantes de la capital provincial: Torre 1 y Torre 2, frente a plaza Moreno, en el centro de La Plata.
Con un marco de conflicto ya instalado por la reforma tributaria que presentó en el Congreso -donde se cruzan modificaciones con sentido progresivo, por ejemplo que la valuación fiscal de los bienes se acerque al valor de mercado, con otras muy regresivas, como gravar el acto cooperativo con el impuesto a los ingresos brutos- y crecientes reclamos por parte de los trabajadores, el panorama no parece ser el mejor para Scioli, obsesionado por controlar cada peso que sale. Ante esta situación, las asambleas de trabajadores proponen terminar el despilfarro que suponen los contratos de privatización y tercerización de servicios, y esos fondos destinarlos a mejorar las condiciones de trabajo y el servicio que tiene que prestar el propio Estado.