Por Colombia Informa*. El encuentro de los dirigentes campesinos con el presidente Santos fue un hecho político de primer orden. La Cumbre Agraria mostró una plataforma unitaria e inteligente ante un mandatario dispuesto a ceder poco para ganar mucho.
Los contrincantes se fueron midiendo en los primeros combates. Se tomaron el pulso, estudiaron las fortalezas y las debilidades del rival para afinar estrategias de largo aliento, en una pelea que aún está en sus primeros rounds. Cuando las protestas se extendieron como reguero de pólvora durante el Paro Agrario del 2013, el presidente Juan Manuel Santos sintió los primeros golpes que lo descolocaron, y reaccionó mal: desconoció pública y políticamente al campesinado en lucha y priorizó la represión, con un saldo trágico de 14 manifestantes asesinados y cientos de judicializados; aún así, aquel primer round mostró a un retador popular con mucho potencial, que solo debía emprolijar sus tácticas ante un adversario que, aún perdiendo legitimidad, lo había dañado respondiendo con brutalidad letal. Las partes volvieron al ring en 2014; los movimientos populares, ya mejor organizados y con más espalda, sumaron a la agenda agraria y campesina a sus aliados naturales: indígenas, comunidades negras y movimientos urbanos. Pero en el ring el contrincante ya había levantado la guardia: Santos negoció el último Paro Agrario con mayor habilidad, sin represiones mortales y con la agilidad necesaria para terminar la vuelta con un saldo positivo para él, que se mostró con capacidad de manejar el conflicto social a pocos días de las elecciones presidenciales. En ese segundo round, manifestantes y gobierno se repartieron los puntos.
Esta tercera vuelta que tuvo lugar el viernes pasado en el Centro Memoria de Bogotá despertaba una justificada expectativa. Por un lado, venía a plasmar un compromiso tomado por las partes tras el “empate” que implicó la negociación del último paro: la constitución de una Mesa Única Nacional que reforzara la unidad del movimiento popular ante el Estado. Aún así, era difícil arriesgar pronósticos. ¿Se mantendría la unidad entre los distintos sectores sociales, que además de tener prioridades distintas se ven sometidos a maniobras diferenciadas de negociación de parte del gobierno? ¿La inédita posibilidad de diálogo fluido con un presidente de la República posibilitaría la cooptación de procesos sociales? ¿Reevaluaría Santos la conveniencia de exponerse ante un movimiento que lo desafió con fuertes luchas hace no tanto? ¿Resultarían suficientes las ínfimas concesiones hechas hasta ahora para que los campesinos y militantes populares allí reunidos recibieran al presidente con calidez, o podrían hacerle pasar un mal momento?
La unidad por sobre las diferencias
Parte de esas dudas comenzaron a despejarse por la mañana, cuando unos 800 delegados y delegadas de las distintas organizaciones que componen la Cumbre participaron de una Asamblea donde sus voceros intercambiaron pareceres y caracterizaciones. Jacinto, uno de los voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), sonó muy transparente cuando reconoció: “Sobre cada uno de nosotros sobrevolaban fantasmas cuando construimos la Cumbre: entre nosotros se escuchaban voces que si César (Jerez, de Marcha Patriótica) sería muy radical, o si los del Congreso de los Pueblos serían esto o aquello; lo mismo imaginamos que dirían de nosotros, que si los indios traerían flechas envenenadas.Pero fuimos construyendo confianzas, y reconociendo que no somos tan distintos, y aquí estamos, valorando la unidad”.
Las diferencias internas están, y tampoco se ocultan. Entre los delegados que escuchaban atentamente las palabras de cada uno de los voceros, no faltaron quienes alertaran que, por ejemplo, desde las comunidades negras parecían concentrarse demasiado en sus propios reclamos, sin integrar las demandas del conjunto; o cuestionamientos a que los voceros de la Marcha Patriótica insistieran en poner como eje principal de la Cumbre su propuesta de Zonas de Reserva Campesina. Esa insistencia choca con la figura de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afro existentes, pero también incomoda al movimiento campesino con mayor presencia territorial a nivel nacional, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) integrante del Congreso de los Pueblos. Este sector mayoritario dentro de la Cumbre prefiere hablar de Zonas Agroalimentarias y por eso su principal referente, Robert Daza, cuidando las formas fue contundente cuando aclaró, tras escuchar al representante de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc): “Defendemos todas las figuras, las Zonas de Reserva Campesina, pero también los resguardos, las Zonas Agroalimentarias, no hay un modelo único a llevar a cabo, la unidad debe hacerse sin atropellar a nadie, respetando los distintos procesos”. Esas tensiones existen, y de seguro seguirán existiendo. “Lo positivo es que ahora tenemos a esta Cumbre Agraria para dialogar en confianza esos problemas, por eso hay que reforzar la unidad”, dijo en su discurso José Santos, vocero del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Priorizar lo que une, poner en segundo plano lo que divide, parece ser el criterio capaz de guiar un proceso unitario que debe pensarse de largo aliento.
Campesinado y movimientos: sujetos políticos “de hecho”
El ambicioso pliego consensuado cuando nació la Cumbre parece más un programa político integral que un pliego reivindicativo sectorial. Los ocho ejes temáticos recorren: propuestas de reordenamiento territorial; el planteo de un modelo económico alternativo; el rechazo frontal a las locomotoras minero-energéticas; una nueva política hacia los cultivos de coca, marihuana y amapola; el reconocimiento de derechos sociales postergados; el impulso a una alianza ciudad-campo; una agenda de paz para la justicia social y la vida digna; y todo ello enmarcado en el reclamo de “reconocimiento político” de los derechos de los campesinos. El anhelo de que esos derechos y ese reconocimiento político se plasme en legalidad institucional seguramente requiera un camino arduo de más gestiones y más presión popular. “Estamos ante una perspectiva de negociación de largo aliento, de años”, señaló el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), Alberto Castilla, quien además es uno de los garantes políticos de la gestión con el gobierno junto a Piedad Córdoba e Iván Cepeda. La instalación formal de la Mesa Única Nacional de negociación entre el gobierno y la Cumbre es en sí mismo un reconocimiento de estos últimos como actores sociales y políticos, que logaron “sentar” al presidente Santos, primero para negociar y ahora para que la sociedad vea que hay quienes representan sus intereses ante la máxima autoridad política del país. Esto es así en los hechos, por más que el mandatario haya reclamado en su discurso del viernes que no se apele a “vías de hecho” sino que se priorice la negociación: paradójicamente, para ello el presidente debe reconocer como “sujetos políticos” a sus contrincantes, mal que le pese.
¿Posconflicto o continuidad de un conflicto social inevitable?
La idea de posconflicto es un pilar del discurso presidencial. De hecho lo fue en la locución que Santos hizo ante las delegaciones de la Cumbre Agraria el último viernes. Esta concepción propone que, a partir de los avances de las negociaciones con las FARC en La Habana y la eventual mesa de diálogo con el ELN, estas guerrillas se desmovilicen y entonces solo quede esperar la “paz del posconflicto”. Santos -y con él, el discurso dominante que propalan los medios de comunicación hegemónicos y hasta las publicidades empresariales- propone a la sociedad que, además de acabar con el conflicto originado por el alzamiento en armas de las fuerzas insurgentes, Colombia debe dejar de lado cualquier conflicto social. Ese razonamiento guía también su estrategia de negociación con el movimiento popular: pretende desmovilizarlo y con eso, lograr un complemento de los resultados de La Habana. Santos pretende un pueblo quieto, manso, resignado, y a eso llama paz.
Pero “hablar de posconflicto es desafortunado, mentiroso”, analizó en diálogo con Colombia Informa el historiador Renán Vega Cantor, dando otra interpretación a las negociaciones con la insurgencia y a la dinámica del movimiento social. En la entrevista publicada meses atrás, Renán explicaba: “Que se llegue a un acuerdo entre las FARC y el gobierno, y eventualmente entre el ELN y el gobierno, no quiere decir que el conflicto va a desaparecer, eso es lo que nos meten los medios de comunicación. Pero miren ustedes la perversidad que hay, cuando se dice que si en Colombia hay conflictos sociales es porque han existido conflictos guerrilleros. Y entonces cuando desaparezcan los movimientos guerrilleros automáticamente van a desaparecer los movimientos sociales, las protestas sociales. Esa es una estupidez, propia de los politólogos, las presentadoras de televisión y los candidatos presidenciales, que no se diferencian mucho”. Las protestas sociales no van a desaparecer en un supuesto escenario de posconflicto. Esto tendrá aún menos posibilidades de suceder mientras desde el Estado se insista, como en este caso, en que podrán negociarse aspectos reivindicativos pero no estará sometido a discusión el modelo económico. En factores estructurales residen las causas históricas que dieron contexto al surgimiento de las guerrillas en Colombia, y en la persistencia de aquellas injusticias estructurales residen los motivos de la movilización social que tanto preocupa ahora al presidente Santos y a las clases dominantes.
Pareciera difícil incluso para la izquierda escapar a la noción de posconflicto. Son pocos los análisis que se animan a desafiar un tópico del discurso de la paz que irrumpe con la fuerza de lo que parece inevitable. Sin embargo, a su modo, el movimiento popular parece comprender mejor de qué se trata la cuestión. Por algo el pasaje más aplaudido del acto de instalación de la Mesa Única de Negociación entre el gobierno y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular fue cuando la vocera del Congreso de los Pueblos, Marylén Serna, ante la mirada atónita del presidente Santos llamó “a las regiones, a que se alisten para la movilización si se incumplen estos acuerdos”. Los delegados y delegadas campesinos, indígenas, afro y populares que aplaudieron con ganas y entusiasmo opinaron así, a su modo, sobre la dudosa concreción de ese “tal posconflicto” de la paz de los cementerios que propone el discurso oficial.
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