Por Colombia Informa, especial para Marcha. “Ese tal paro no existe”, declaró el presidente Santos en agosto de 2013. Ahora que la protesta retomará las vías con más fuerza, cambió de táctica y recibió a los delegados populares, que reafirmaron la paralización del país a partir del 1º de mayo.
“El objetivo con el cual fuimos a la reunión con el presidente Santos se cumplió, no era una negociación sino un espacio de presentación de los tres puntos básicos: pliego de reclamos que unifica a todos los sectores, una mesa única con el gobierno para evitar que nos negocien por separado, y el Paro Nacional Agrario como instrumento de presión”, explicó el titular del Coordinador Nacional Agrario (CNA), Robert Daza a la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa.
El líder campesino proveniente de Nariño, una de las regiones donde es fuerte la protesta, manifestó un discurso abierto al diálogo pero igualmente firme en la decisión de la medida. Los incumplimientos con los que terminaron las gestiones el año pasado son un mal antecedente para quienes buscan mejores resultados y para ello se muestran más unidos y firmes esta vez.
Por las organizaciones populares asistieron al Palacio Nariño 14 delegados y delegadas, en representación de los procesos que dieron vida a la Cumbre Agraria, Étnica y Popular semanas atrás: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el CNA y el Congreso de los Pueblos (CP), la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) y Marcha Patriótica, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Mesa de Unidad Agraria (MUA), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), la Comisión de Organizaciones y Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOC) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
“Más allá de estas reuniones iremos reafirmando las fechas del Paro Nacional Agrario, para algunos a partir del 1 de mayo, y que para el 5 de mayo estemos todo el mundo en las vías”, concluyó Daza.
Ante el presidente de la República fue Juvenal Arrieta, vocero de la organización indígena ONIC, quien justificó las nuevas medidas de protesta. Describió la agudización de la crisis rural por los problemas con las semillas, el panorama minero energético y los Tratados de Libre Comercio (TLC) que perjudican a los pequeños productores.
También echó en cara el incumplimiento de las distintas mesas regionales y nacionales de negociación, y reclamó por la impunidad a las violaciones de los Derechos Humanos a los participantes de las protestas en el año anterior, que dejó un saldo numeroso de muertos, heridos y detenidos.
Por su parte, José Santos Caicedo, vocero de las comunidades negras, explicó los ocho puntos del pliego aprobados en la Cumbre. “La política actual pone en riesgo la supervivencia de los sectores populares rurales”, dijo ante el plantel oficial. Por Marcha Patriótica fue su vocero, Andrés Gil, quien exigió una “comisión de alto nivel” ante la que llevar adelante las negociaciones y reclamó garantías al ejercicio de la protesta social. Marylén Serna completó las ponencias en nombre del Congreso de los Pueblos.
La Cumbre Agraria realizada a mediados de marzo congregó a más de cinco mil delegados y delegadas no sólo de organizaciones campesinas. Fruto del encuentro quedó consensuado un pliego unitario, que fijó los siguientes ejes que articulan el actual reclamo: tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; una economía propia contra el modelo de despojo; minería, energía y ruralidad; cultivos de coca, marihuana y amapola; derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; derechos sociales; relación campo-ciudad; paz, justicia social y solución política. Tras esa agenda ambiciosa están confluyendo hoy las expresiones más sólidas y organizadas del movimiento popular. El paro será expresión de esa demanda política y esa potencialidad.
La preocupación del gobierno nacional por la firmeza con que vienen manifestándose los distintos sectores agrarios, étnicos y populares en la construcción del Paro Nacional anunciado para las próximas semanas, tuvo un gesto de inconfundible lectura en la convocatoria a los líderes sociales al Palacio presidencial. Santos encabezó la delegación oficial que incluyó al ministro de Trabajo, Agricultura e Interior, a viceministros de todas las carteras, a la directora del Departamento para la Prosperidad Social y al titular del Congreso de la República.
“Tanto nombre oficial, tanta institucionalidad hacen prever que el presidente Santos esta vez tomó nota del descontento social y difícilmente vuelva a referirse a la protesta en ciernes con el mismo desprecio con que lo hizo la vez anterior”, analizó Colombia Informa. La gestión convocó también a personalidades como “garantes”; entre ellos se encuentran el ex presidente Ernesto Samper, el representante a la Cámara y senador electo Iván Cepeda, el monseñor Sánchez Aponte por la Conferencia Episcopal, y Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia.