El 27 de enero de 2004 fue asesinada Sandra Cabrera, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) seccional Rosario. El crimen sigue impune, al igual que las situaciones de corrupción y abuso que ella denunciaba. Un breve repaso de los hechos y contexto.
Pasaron 8 años desde que un disparo en la nuca le quitó la vida a Sandra. Su cuerpo fue encontrado en las cercanías de la terminal de ómnibus de la ciudad de Rosario. Según Claudia Carranza, actual titular de AMMAR Nacional, articulado en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), esa “era zona liberada para la policía. Teníamos que vender drogas o pagar coimas para trabajar.”
Sandra Cabrera era reconocida por sus compañeras por el impulso que dio desde AMMAR al desarrollo de tareas de promoción de la salud y educación sexual por un lado y su compromiso con la denuncia de las situaciones de abuso de poder y corrupción a las que se encuentran expuestas las mujeres en situación de prostitución. Al respecto, Carranza analiza que “le quisieron tapar la boca porque había empezado a hacer denuncias sobre los prostíbulos en Rosario y la explotación sexual de menores”.
Desde el año 2000, Sandra realizó 15 denuncias a la policía provincial por amenazas, de las cuales alrededor de un tercio fueron en los últimos 3 meses del 2003, como indica el periodista Carlos Del Frade en su “Relectura de la investigación judicial por el asesinato de Sandra Cabrera”, del año 2008. En esa misma época, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declaró “su más enérgico repudio por las reiteradas amenazas de muerte realizadas en forma telefónica y anónima por individuos inescrupulosos sobre la hija de la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, filial Rosario, Sandra Cabrera, con el objeto de lograr entorpecer la lucha que dicha organización lleva a cabo en defensa de los derechos de sus representadas, a quien se les expresa la mayor solidaridad por tan abominable hecho, incompatible con el estado de derecho”. Es decir, las amenazas sobre Cabrera y su hija tenían pleno estado público.
Así las cosas, luego de las denuncias la policía le estableció una custodia personal desde el mismo 9 de octubre, fecha en que fuera amenazada de muerte su hija por teléfono. Pero duró poco. La custodia fue retirada tres semanas antes del crimen. El día 27 de febrero, entre las 3 y las 5 de la mañana según pudieron determinar las pericias, Sandra fue asesinada de un disparo de arma de fuego calibre 32.
Según la investigación realizada por el juzgado a cargo del juez Carlos Carbone, fue considerado autor material del homicidio Diego Víctor Parvluckzyk a quién se le ordenó prisión preventiva y fue procesado en junio del 2004. Parvluckzyk es un ex oficial de la Brigada Antinarcóticos de la Policía Federal que se demostró, y él mismo reconoció, haber estado con Sandra la noche del asesinato.
Cinco meses después, Parvluckzyck quedaba liberado por decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario. Y en el 2007 fue desvinculado por completo de la causa al no hallarse pruebas contundentes en su contra. Al mismo tiempo muchos de los y las testigos, terminaron sin declarar en la causa por miedo a las represalias policiales. Por último, no es menor la información de que el abogado defensor de Parvluckzyck, haya sido Carlos Hugo Varela. Como se puede leer en la nota “De oficio, defensor de asesinos”, el abogado es parte de una trama de poderes corruptos entre la policía, los narcotraficantes y los barrabravas. Hoy en día es él quien lleva la defensa de Sergio “El Quemado” Rodríguez principal sospechoso y único imputado en la causa de la llamada “Masacre de Rosario”.
En el trabajo de Carlos Del Frade, de relectura de la investigación judicial, se establece que en la misma “no se profundizaron los caminos que vinculan a dueños de boliches, policías federales y provinciales”. Y que estaría en esa articulación de poderes la responsabilidad última del asesinato de Sandra. A su vez el informe destaca como se descartaron casi de cuajo las denuncias por amenazas que Sandra había realizado.
Del Frade afirma: “En el año 2002, una investigación periodística reveló la explotación sexual infantil en la zona de la Estación Terminal de Omnibus Mariano Moreno de la ciudad de Rosario. Las escuchas telefónicas que hizo la justicia federal revelaron las complicidades de los policías de la seccional séptima y de Moralidad Pública. El asesinato de Sandra Cabrera se dio en ese lugar y tiene como principales imputados a oficiales y suboficiales que generalmente trabajan y trabajaron en la zona de la Terminal.”
AMMAR, a partir del momento del asesinato hasta el día de la fecha, lleva a cabo una campaña para exigir justicia por el homicidio, y al mismo tiempo continúa denunciando los vínculos entre el poder político, la policía y los tratantes de personas. La tarea militante de Sandra Cabrera ha sido continuada por sus compañeras. “A partir de la investigación por el asesinato de Sandra también se logró la derogación de los artículos contravencionales que afectaban el trabajo sexual en la provincia y no nos permitía trabajar”, declaró la dirigente de AMMAR Nacional Claudia Carranza. Los artículos a los que hace referencia eran del Código de Faltas y penaban con arresto la oferta sexual “escandalosa” en la vía pública, la “ofensa al pudor” y el “travestismo”. Fueron derogados en abril de 2010. Carranza manifestó también que “no pudieron tapar la boca a la organización, logramos sacar a ese tipo de policías y que se disuelva Moralidad Pública, que era una sección de la policía que levantaba a las trabajadoras sexuales y las llevaba presas”.
Elena Reynaga, también de AMMAR afirmó que “desde que falta Sandra, faltan valientes” y explicó: “no hay nadie que se preocupe en Santa Fe: cuando empiecen a depurar van a encontrarse con gente poderosa: insisto con que hay gente de la Justicia y de la política, y esto no es pavada, se tapan la mugre unos con otros”
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