Desde el 24 de octubre hasta el 11 de noviembre, 151 personas fueron asesinadas en la región metropolitana de San Pablo. Periodistas y organismos de derechos humanos afirman que los autores de la mayoría de los crímenes son grupos de exterminio de la Policía Militar.
Los números son de guerra. En poco más de dos semanas, hubo alrededor de 7 muertos por día en el Gran San Pablo. En toda la provincia – que posee 41 millones de habitantes – fueron más de 220 muertos en los últimos 30 días. De estos, 18 eran policías militares.
La prensa corporativa apunta que las muertes son resultado de la intensificación de los enfrentamientos entre la Policía Militar (PM) – bajo la responsabilidad del gobierno de la provincia – y el crimen organizado, más precisamente, el Primer Comando de la Capital, el PCC, grupo que controla cárceles, territorios y el narcotráfico en la principal provincia de Brasil.
La policía paulista es una de las más violentas del mundo. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2010, 2.262 personas fueron asesinadas por la PM paulista. En Estados Unidos, en el mismo periodo, según datos del FBI, las fuerzas de seguridad mataron a 1963 personas. En números relativos – comparando la cantidad de homicidios a cada 100 mil habitantes en los dos territorios – la policía paulista mata 5 veces más que la norteamericana.
Según informaciones oficiales, de la Secretaría de Seguridad Pública, solamente en la capital de la provincia, de cada 5 homicidios, uno es cometido por la policía. La justificación es siempre la misma: las muertes se producen en enfrentamientos con presuntos delincuentes.
Grupos de exterminio
El número de víctimas fatales de la policía es seguramente más alto, dado que la acción de los grupos de exterminio en las periferias de las ciudades paulistas no es un secreto, sino un hecho conocido hace décadas.
El origen de estos grupos se remonta a la época de la dictadura militar (1964-1985) y su modus operandi ha sido investigado tanto por periodistas e investigadores académicos, como por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Además, en las periferias y barrios pobres, dónde actúan estos grupos, no hay habitante que no sepa como los policías militares operan.
En mayo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sugirió que Brasil debería extinguir la Policía Militar con el objetivo de reducir la incidencia de “ejecuciones extra judiciales”.
En relación a las “muertes en enfrentamientos”, periodistas policiales (algunos amenazados de muerte y obligados a dejar el país, como es el reciente caso de André Caramante, del diario Folha de Sao Paulo) apuntan que las pericias demuestran que los asesinatos, en su mayoría, se encuadran en ejecuciones, en las cuales las víctimas no presentan indicios de haberse resistido.
La alteración de la escena del crimen también es una práctica común, según cuentan testigos o los propios policías militares – involucrados o no – que aceptan hablar bajo el anonimato. Casi siempre, los agentes de seguridad llevan armas y drogas en el patrullero y las colocan en la escena del crimen o junto a la víctima.
“Venganza”
Según una nota publicada en el portal Viomundo, un policía militar dio detalles acerca de la reciente ola de violencia a un periodista que no quiso identificarse. El policía afirmó haber matado, por “venganza”, a cinco supuestos integrantes del PCC en los últimos 20 días.
Una característica común de muchos de los recientes asesinatos es que son realizados durante la noche por motoqueros encapuchados. El entrevistado afirmó que 90% de esas muertes son realizadas por policías militares.
En los barrios de la periferia de la capital y de las otras ciudades del Gran San Pablo, escenarios de los crímenes, el miedo toma las calles y afecta a las familias de las victimas – que en numerosos casos ni siquiera presentan vínculos directos con el PCC, o mismo cualquier antecedente policial.
En 2011, la Policía Militar mató, según números oficiales, a 438 personas en toda la provincia. Este año, hasta junio, habían sido registradas 229 “muertes en enfrentamiento”. Sumadas las poco más de 220 sólo entre octubre y noviembre, seguramente habrá un aumento significativo en 2012.
El “partido”.
El PCC – llamado “partido” por sus integrantes – fue creado en 1993 por ocho detenidos en una cárcel de seguridad máxima en la ciudad de Taubaté, provincia de San Pablo. En aquel momento, afirmaban que querían combatir la opresión dentro del sistema carcelario paulista. Otro de los objetivos era vengar la masacre del Carandiru, en la cual 111 presos fueron asesinados por la Policía Militar, el 2 de octubre de 1992.
En menos de diez años, la organización dominaba los principales presidios de la provincia. En 2001, coordinaron una rebelión en 29 de ellos, simultáneamente. En mayo de 2006, instalaron el caos y pararon la principal provincia del país, San Pablo, en una acción que contó con rebeliones en 73 prisiones y alrededor de 250 ataques, la mayoría contra patrulleros, comisarías y otras instalaciones de la Policía; algunos contra civiles, como la quema de colectivos. Fue la acción militar – no realizada desde el Estado – más grande de la historia del país.
En el ataque, 41 agentes de seguridad del Estado fueron asesinados. Como respuesta, la Policía Militar reconoce la autoría de poco más de 100 homicidios “en enfrentamientos”, pero la organización de derechos humanos Mães de Maio (Madres de Mayo, formado por madres de las víctimas de aquel mayo de 2006 y también por otros familiares de víctimas de la violencia policial) afirma que las víctimas de la policía fueron al menos el doble, y contabilizan alrededor de 600 muertos en total en aquellos días.
Según varios reportajes en la prensa en aquel momento, muchas de las víctimas no tenían vínculo con el crimen o con el PCC. Hasta hoy, nadie fue castigado por los crímenes y la mayoría de las investigaciones policiales fueron archivadas.