Por Sara García Gross y Laura Salomé Canteros / Foto: William Adrian
Hoy se realizará en El Salvador la audiencia que definirá si Imelda Cortez, encerrada tras un parto extrahospitalario, será libre o condenada. Mientras, crece la campaña sin fronteras para exigir su liberación y que en el país centroamericano se deje de revictimizar desde el Estado.
Imelda Cortez tiene 20 años de edad, es originaria de un municipio rural del departamento de Usulután en El Salvador. Desde los 12 años, enfrentó las violencias sexual, física y psicológica de parte de su padrastro, Pablo Henríquez, un hombre quien ya suma 71 años. Producto de esas violaciones, sistemáticas y sostenidas, quedó embarazada y en abril del 2017, sufrió un parto extrahospitalario en una fosa séptica; episodio tras el que la llevan sangrando a un hospital, la denuncian por aborto y la acusan de homicidio en grado de tentativa.
Imelda está privada de su libertad injustamente hace exactamente un año y ocho meses, desde el 17 de abril de 2017. Está en la cárcel porque la Fiscalía General de la República, sin tener pruebas y solamente basándose en prejuicios, le arrebató la presunción de inocencia y le atribuye la presunción de culpabilidad. Este sistema, patriarcal y neoliberal, es el que persigue y discrimina a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza como Imelda, quien ha transitado de ser la víctima a ser la victimaria, el que la enfrenta a una pena de hasta 20 años.
“Él me había amenazado”
El mensaje de quienes ejercen funciones judiciales públicas en El Salvador es claro: sobrevivir al machismo y levantarse para denunciar, es motivo de persecución. En la única entrevista que se publicó, en Revista Factum, es la misma Imelda quien aclara, dando voz a lo imperdonable, cómo es su situación. Lo hizo en junio pasado, previo a la audiencia preliminar en la que el juez de Primera Instancia de la ciudad de Jiquilisco, Manuel de Jesús Santos, resolvió enviar su caso a vista pública, la instancia de revictimización que sucederá hoy, 17 de diciembre, y que será seguida por el activismo feminista sin fronteras.
“Él me amenazaba con mi familia”, afirmó Imelda refiriéndose a su violador. “(Me amenazaba con) que si yo le decía a mi mamá lo que me estaba sucediendo, él me iba a matar a mí, a mis hermanos y a ella”. “Él comenzó a tocarme cuando se acompañó con mi mamá”, contó, evidenciando lo que, en su historia y en la de todas las violentadas es norma impune: “A veces, yo estaba en la sala de mi casa y él llegaba. Mi mamá siempre se mantenía trabajando; llegaba tarde a la casa; y había veces que él me besaba. Y, a veces, mis hermanos alcanzaban a ver”… “(En la comunidad) se oían rumores de que la gente sospechaba. Cuando yo iba al molino, me decían que sospechaban que yo estaba embarazada y que él me estaba haciendo daño a mí”.
Cuando Imelda cumplió 18 años, Pablo Henríquez la dejó embarazada, paternidad que ha sido confirmada por la prueba de ADN realizada a la niña nacida en el parto extrahospitalario que tuvo, episodio por el que la acusan de homicidio agravado en tentativa contra su hija de un año y seis meses. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a veinte años de cárcel.
“Quería que yo fuera solo para él”, relató Imelda sobre el abuso de poder de Henríquez, “no soportaba que yo tuviera novio. Vino él y me dijo que ya no íbamos a andar de novios, que íbamos a terminar y que él se iba a ir, porque tenía miedo de que (mi padrastro) le hiciera algo”… “A mí él (mi padrastro) me había amenazado y me dijo que yo no podía salir embarazada de él, porque él no podía pegar hijos”, contó Imelda a la Revista, relatando que nadie le creía, excepto su abuela: “yo estaba consciente de que no había ‘metido las patas’ con otro hombre, sino que él era el que me estaba violando”… Henríquez siguió abusando de Imelda mientras estuvo embarazada, hasta que un día sintió fuertes dolores y fue al baño. “En lo que me empezaron a subir al carro, me desmayé. Yo vine a reaccionar hasta que ya estaba en la camilla del hospital. Cuando llegué, me metieron en un cuarto y la doctora me atendió. Me puso suero y un montón de guías porque había botado mucha sangre y mi mamá llevaba la placenta”… “Si yo hubiera querido hacer eso, había tantas cosas para querer abortar un niño. Pero yo no lo quería hacer porque, la verdad, yo tenía en mi mente que no estaba embarazada porque [mi padrastro] me había mentido”, contó.
“(La doctora) puso la denuncia de que yo había tirado el niño. Entonces vinieron los policías y fueron a sacar la niña; y dicen que ella lloró cuando ellos golpearon la taza; porque los mismos policías que la fueron a sacar, eran los mismos que me estaban cuidando a mí. Me dijeron que, cuando la llevaron, como a las 5:00 (de la tarde) que sucedió eso, a las 5:30 llegaron con la niña. Cuando la llevaron, yo le dije a la doctora que la quería ver… Pero ella me dijo que no”. Las violencias sobre Imelda no son solo de quien la violó y de quienes la pretenden condenar, sino también de parte de las y los profesionales de la salud que la maltrataron en las dependencias sanitarias cuando se ponía mal al recibir los amedrentamientos del violador: “Él me presionaba. Yo lo único que hacía es que me ponía a llorar, porque sabiendo que él era el papá de la niña, que solo él hacía cosas conmigo. Me ponía a llorar cuando él me decía así y me ponía bien mal. Y corrían las enfermeras a ponerme medicamento. Yo solo dormida pasaba en ese hospital”.
#SalvemosAImelda, una campaña sin fronteras
El Salvador es uno de los pocos países donde aún se penaliza el aborto de manera absoluta. Sin embargo, en Centroamérica, una región invisibilizada a pesar de tanta muerte, dolor y desigualdad, son tres los países donde las mujeres tenemos la total prohibición del aborto: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Esta situación ha hecho que la justicia se ensañe con las mujeres, despojándolas de derechos fundamentales y generando criminalización. Cuando la justicia es patriarcal y misógina suceden historias como las de Imelda. Además de la violación sistemática, el Estado salvadoreño también le niega el acceso a la pronta y cumplida justicia, el derecho al debido proceso, a no enfrentar tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta ahora se han suspendido y cancelado las audiencias en repetidas ocasiones: seis veces las audiencia preliminar y una vez la audiencia de sentencia.
El 17 de diciembre de 2018 se ha reprogramado su audiencia. Y a nivel nacional, regional e internacional se escuchan diversas voces que exigen Libertad para Imelda. Plantones frente al juzgado, conciertos en solidaridad para decir “fuerza Imelda”, acciones en Embajadas, campañas en redes sociales con el hashtag #SalvemosAImelda, activistas, feministas y Defensoras de Derechos Humanos en el mundo estamos exigiendo a la Fiscalía General de la República de El Salvador que solicite el sobreseimiento definitivo para Imelda, dejando de lado los prejuicios y asumiendo una postura respetuosa de los Derechos Humanos. Exigimos justicia y libertad inmediata para Imelda porque vivas y libres nos queremos. Exigimos al Estado salvadoreño que deje de perseguir, que deje de encarcelar y que deje de matarnos.
Imelda es sobreviviente de violencia sexual sistemática, ¿hasta cuando el Estado salvadoreño seguirá exigiendo conductas heroicas a las mujeres? El sistema judicial persigue y encarcela a una joven que ha vivido tortura convirtiéndose en cómplice de las violencias, perpetuando los tratos crueles, inhumanos y degradantes sobre una sobreviviente de violencia sexual. Si el poder judicial es patriarcal y misógino, la justicia será feminista. Por eso, decimos a quienes se suman “salvemos a Imelda”, para juntas exigir su libertad.