Por Daniel Avalos, desde Salta. El año nuevo político salteño confirmó lo que los últimos meses del 2012 anunciaban: la reyerta proselitista del 2013 se reducirá a los de siempre, a esas facciones estrechas pero poderosas que, coincidiendo en los intereses fundamentales, buscarán, sin embargo, sofocarse entre sí.
Una de las facciones responde al actual gobernador Juan Manuel Urtubey; la otra, a Juan Carlos Romero, quien gobernó la provincia durante doce años (1995-2007). Si este último fue el responsable de materializar exitosamente en la provincia la filosofía noventista, el primero es la persona que ahora administra lo que el otro había montado hace décadas. No importa que Urtubey diga que Romero materializa ese noventismo al que dice condenar. En los hechos, Urtubey prolonga lo que Romero había inaugurado: atraer e impulsar a capitales que explotan recursos naturales para verterlos al mercado externo; mantener y perfeccionar un tipo de Estado cuya legalidad está cuestionada por la historia latinoamericana reciente; y difundir sin complejos la idea de que el generador de riqueza, el actor capaz de posibilitar que la historia local se eche a andar… es el agente económico privado.
Urtubey y Romero, entonces, ocuparán la centralidad política del 2013. De allí que, en términos de estricto análisis político, algunos quedemos atados a aquello a lo que preferiríamos no quedar atados: a la observación de los movimientos protagonizados por ellos, al esfuerzo por identificar las formas como buscarán desgastarse políticamente entre sí o los modos que emplearán para intentar seducir el favor de los electores. Y la observación de eso ya deja ver algunas cosas: el oficialismo local renunció a la iniciativa. Juan Manuel Urtubey está políticamente a la defensiva. Por eso insiste en prometer a los salteños que prescindiría de expresiones electorales hasta junio de este año. Convengamos… es lo que las estrategias defensivas exigen: evitar movimientos riesgosos y aguardar el ataque del adversario con la esperanza de poder asestarle algún golpe salvador. Y si Romero es el que ahora ha tomado la iniciativa, ello obedece a que existen ciertas condiciones que lo hacen posible. El que cuente con una imagen provincializada luego de doce años de gobierno es la más elemental de esas condiciones. El que sea propietario de poderosos medios de comunicación gráficos y radiales capaces de horadar -mediante el empleo de lo que podríamos llamar la anti-propaganda- las bases civiles “U” resulta no menos importante. Pero lo indudable, no obstante, es que esa parte de la guerra psicológica que impulsa el ex-gobernador está determinada por una estrategia general que ha sido diseñada por una certeza de otro tipo: el actual gobierno provincial, a cinco años de haber asumido, no entusiasma a la sociedad, carece de grandes logros para reivindicar como propios y adolece de graves problemas de gestión. A partir de allí, todo lo otro es posible: pugilatos verbales públicos, informes periodísticos que resalten las irregularidades y carencias del gobierno, las frases hechas que enfatizan determinadas críticas y hasta la potencial conversión en verdadero de lo que sólo puedan ser puros chismes. Por varios motivos esa estrategia es ya exitosa. Entre otras cosas, porque ha trasladado el eje de la discusión a un terreno en donde el mismo Romero se siente cómodo: la gestión. Discutir desde allí lo libra de explicitar sus apuestas ideológicas hoy desvalorizadas, como así también de explicar las medidas antipopulares que esas mismas orientaciones imprimieron a sus doce años de gobierno. Así las cosas, podrá concentrarse en lo que él cree que lo diferencia claramente de Urtubey. A este último lo asocia ya con una gestión somnolienta, que parece no hacer nada excepto permanecer allí, inmovilizada y sin objetivos claros; mientras él, Romero, se autoproclama la materialización del político eficaz, ese capaz de llevar orden a un aparato burocrático estatal en donde reina la confusión, un hombre fuerte que organiza un ejército de funcionarios debidamente centralizados y disciplinados por un programa de gobierno que garantice a los votantes que el todo provincial, al menos, avanza en una dirección previamente pensada.
No es esta la única ventaja que el ex-gobernador busca aprovechar. Pretende también que Urtubey abandone el terreno en el que se siente más fuerte: su capacidad para ahogar la cuestión de los problemas concretos en las grandes abstracciones sobre el destino manifiesto de su gobierno, las disquisiciones sobre el carácter bondadoso y sumiso de nuestro pueblo, o las virtudes de los gauchos y el Señor y la Virgen del milagro para la salteñidad. Ese apego U por las grandes preguntas, las grandes y edificantes sentencias y su claro abuso de los grandes relatos que, según la coyuntura política del país, pueden asumir un tono socialdemócrata o nacional y popular. Estrategia U que ahora tambalea ante la emergencia de las discusiones concretas no resueltas: los problemas de vivienda y de acceso a terrenos que se acrecientan, los índices de desempleo más altos del país; el narcotráfico incontrolable en la frontera con Bolivia, plagado de asesinatos que asustan por contar con modalidades que recuerdan el inicio de los cárteles mexicanos, un interior provincial que se precariza, obras públicas que merman y villas de emergencia que se multiplican. Aclaremos de nuevo… Romero no ha impuesto esa agenda de discusión que es hija de la misma realidad. Romero es el hombre que cuenta con el poder para amplificarla y las posibilidades políticas de capitalizarla. El movimiento no es producto de elucubraciones complicadas, sino de una observación fundamental de conjunto: después de cinco años de gobierno, los grandes anunciados sirven poco. Incluso para cierta clase media progre que alguna vez asoció su progresismo a luchar contra el romerismo y que ahora asocia a Urtubey con eso contra lo que alguna vez luchó.
El desenlace electoral de esa disputa está abierto. Lo que se ha configurado, decimos, es el eje de discusión que atravesará a la misma: eficiencia versus ineficiencia en la administración de la provincia. Y allí radica, también, la impronta conservadora de los que protagonizarán la contienda legislativa del 2013: no hay entre ellos querellas ideológicas, de principios, ni de doctrinas, sino una riña entre personalidades que bregan por administrar un modelo de provincia que ellos consideran, en lo esencial, ya montado y exitoso. Por allí pasará la disputa. Por allí y por las denuncias de corrupción cruzada entre los bandos para el que contarán, indudablemente, con abundante material para hacerlo. Y aunque esto no reconciliará a los clanes con las preocupaciones e intereses de la sociedad, esta sociedad en estado de fluidez terminará optando mayoritariamente por esos contendientes. De allí que a la provincia podría aplicarse en este 2013 lo que alguna vez un intelectual ruso dijo sobre los propios rusos en medio del desmoronamiento de la ex URSS: la energía del pueblo salteño no se descargará en iniciativas salidas desde abajo, sino en el cumplimiento de la voluntad de las cúpulas gobernantes. Las organizaciones de abajo, admitámoslo, cargan en esto con algunas culpas.