Por Diego Herchhoren. El Estado denuncia que grandes productores sojeros han retenido las últimas cosechas para impedir la entrada de divisas al país y generar una espiral inflacionaria. Nostalgia de la Federación Agraria y la Sociedad Rural de los tiempos de la Resolución 125.
Unos cinco mil millones de dólares es el producto de la soja que, según el Gobierno Nacional, habrían retenido grandes firmas exportadoras de la producción de soja, con fines desestabilizadores.
Fue la conclusión a la que arribó el Gobierno Nacional ante el faltante de divisas que el Banco Central esperaba que se obtuvieran durante el mes de marzo, fecha en que se debería haber liquidado la venta de la oleaginosa. El objetivo, fue generar un aumento de precios en varios rubros que presionaría para una eventual devaluación, una maniobra especulativa de los grupos económicos muy común durante otros gobiernos.
El Ministerio de Agricultura en su reporte mensual de marzo estimó que la cosecha de soja 2012-2013 iba a ser de 51,3 millones de toneladas, una fuerte corrección a la baja de la cifra que difundieron en enero cuando proyectaron 55 millones. Estos eran datos proporcionados por las propias cámaras empresarias, cifras con las cuales el Gobierno había hecho la estimación de la liquidación del llamado “dólar sojero”.
“Es por el clima”
La argumentación esgrimida por los grupos productores de soja es que el clima no ha permitido cumplir con las expectativas de cosecha, algo que desde la Nación dudan e investigan.
En este sentido, el Gobierno esperaba que en marzo se comenzara a vender parte de la producción de la oleaginosa que, de esta manera, generaría una baja en la cotización del dólar ilegal o “blue”, que si bien es un mercado reducido, sin embargo es el parámetro de medición de los precios al consumo en la economía local, dado que los operadores más grandes tienen al “blue” y no al oficial como marco cambiario de referencia. Esto supone necesariamente, un alza en los productos básicos de la canasta argentina.
La emergencia económica no viene por tanto en función de los valores del “blue”, absolutamente inflados por grupos especuladores de influencia en el mercado de cambios, sino por ser este tipo el referenciador de todo el sistema de precios, lo que pone al Gobierno en serios aprietos al establecerse de nuevo una disputa económica que no se vivía desde la última etapa del alfonsinismo, la que confrontaba a los partidarios de una economía especulativa frente a los que apostaban por aumentar la producción.
Una de cal y otra de arena
Frente a este problema, los mensajes del Gobierno parecen contradictorios. Por un lado se puso de manifiesto esta maniobra especulativa de gravedad, realizada por la oligarquía sojera, que para el diputado oficialista y titular del Banco Credicoop, Carlos Heller, se trata de un verdadero “golpe del Mercado” con fines claramente desestabilizadores.
Pero el mensaje que lanzó la Presidenta Cristina Fernández el pasado jueves 21 parecía ir en otra dirección. Si bien el tono del aviso funcionaba como un alegato de defensa de los consumidores argentinos, Cristina amenazó con un hecho de gravedad para la protección de la industria nacional, como es que el considerar una apertura de las importaciones con el fin de obligar a los productores locales a bajar los precios, algo que en el pasado tuvo consecuencias funestas y que silencia la otra opción que tiene el país para sortear la escalada inflacionaria: intervención directa de las empresas estratégicas en materia de producción alimentaria por la vía de la Ley de Abastecimiento, o en última instancia, mediante su estatización.