Por Carina López Monja. Trabajadores de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron ayer a los Tribunales de Comodoro Py acompañando a jóvenes que denunciaron una red de explotación sexual en el barrio de la Boca.
“Que tu hija no declare porque matamos a tu hijo”. Las amenazas a varias de las víctimas de la red de explotación se sucedieron antes del juicio. Sin embargo, con la valentía como arma y el acompañamiento de trabajadores sociales porteños, varias jóvenes –de quienes se preserva el nombre-, víctimas de una red de de trata, prestaron declaración en el juicio en el que se investiga a cuatro proxenetas que conformaron una red de explotación y prostitución de niñas y adolescentes en el barrio de la Boca.
“Muchas de ellas tienen ahora dieciocho años. Pero tenían doce cuando empezaron a abusar de ellas. En general, comienza con un hombre que se acerca a niñas en una grave situación de vulnerabilidad social, con situaciones complejas en su familia, y le ofrecían un espacio, ayuda, dinero, refugio, protección, generaban un vínculo afectivo, de manera perversa, para luego explotarlas sexualmente. Las iban a buscar a la escuela y contactaban otras compañeras. Una situación de mucha impunidad, imaginate para que se acerque a una institución educativa sin ningún problema”, explica una de las trabajadoras porteñas que acompañó a las víctimas y que también pide preservar su nombre.
Los acusados en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 22 son Alberto Villalba, Jorge Forte, Jorge Rodríguez y Carlos Centurión, acusados por abuso sexual y promoción y facilitación de la prostitución, entre otros delitos. Ellos son los dueños de varios “kioscos”, uno de ellos ubicado en Piedras y San Juan, otro sobre la calle Brandsen, en La Boca, en donde, además de atender a los clientes del negocio, las niñas eran abusadas.
Luego de seis años de denuncias -la primera es del año 2006-, el lunes 28 de mayo se inició el juicio a partir de las acusaciones y datos recolectados durante varios años. Los imputados llevan un año y medio detenidos a la espera del juicio. Ayer, los trabajadores nucleados en ATE se movilizaron hasta la entrada de Comodoro Py, como forma de presionar y acompañar a las víctimas. Según explicaron, generalmente las denuncias son archivadas, ya que se trata de delitos difíciles de comprobar. Pero en este caso se logró avanzar.
El delegado general de la Junta Interna de Promoción, Mariano Skliar, afirmó: “Como trabajadores estatales nosotros vinimos para que las chicas se sientan acompañadas y poner toda nuestra fuerza para que los proxenetas sean declarados culpables. Además de pelear por nuestras condiciones salariales creemos que es nuestra tarea denunciar cuando el Estado vacía las políticas sociales, sobre todo en temas como estos. Y cuando el Estado no se hace responsable, es cómplice. Así que estamos acá para decirle que no nos callamos y que mantendremos la pelea hasta que sean condenados”.
En efecto, los trabajadores denunciaron que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que intervino en el proceso legal desde sus inicios, no se presentó a ratificar la querella en la causa, por lo que dejaron a las jóvenes víctimas de la trata sin abogados que las representen a lo largo del juicio.
En aquel momento, la titular del organismo, Beatriz Orlowski de Amadeo, debía presentarse y no lo hizo, por lo que, al pasar los tiempos procesales generó que las víctimas perdieran la posibilidad de tener un abogado querellante. “Eso genera una posición de desigualdad con los proxenetas, que se sientan junto a sus abogados en el juicio, mientras que las jóvenes que hoy atraviesan un proceso judicial contra quienes las han explotado sexualmente, no cuentan con un abogado que las acompañe”, afirmó una de las trabajadoras.
Frente a esto, reiteraron el reclamo de políticas públicas efectivas para desmantelar las redes de explotación y acompañar a las víctimas; “Este juicio se da en el marco de un Estado que no asume responsabilidades con las victimas de trata, que es cómplice de situaciones que se conocen y no hace absolutamente nada. El gobierno tiene políticas fragmentadas y de precarización desde los espacios donde se labura con los niños y las niñas. Necesitamos políticas serias e integrales”, reclamaron los trabajadores de Promoción Social.
Según informaron, se calcula que el juicio dure alrededor de dos meses. Junto a numerosas organizaciones sociales y políticas, los trabajadores se hicieron notar en las puertas de Comodoro Py. La expectativa: el avance del juicio y la condena efectiva a los proxenetas.