Por Agustín Bontempo. El pasado lunes, Gastón, de 13 años, murió en la villa Rodrigo Bueno tras caer en un pozo ciego. La demora de los servicios de seguridad, pero sobre todo el problema estructural de la falta de urbanización del barrio, resumen el encadenamiento de las causas que provocaron su muerte.
Podríamos relatar el hecho, paso por paso, con sus causas y evidentes consecuencias. Podríamos sumarlo a la larga lista de los niños y niñas pobres que mueren y sólo suman a la estadística. Sin embargo, este hecho obliga a poner el foco sobre los responsables de los padecimientos que se viven día a día en las villas de la ciudad de Buenos Aires.
El barrio Rodrigo Bueno nació a comienzos de la década del ´80 y, desde entonces, afronta decenas de luchas por su reconocimiento, por sus derechos y por las vidas de sus habitantes. La muerte de Gastón es la conclusión del accionar de todos los poderes del Estado actuando en contra de sus habitantes.
Un gobierno bien conocido
La gestión de Mauricio Macri al frente de la ciudad es una de las más cuestionadas en términos de garantías de derechos para los ciudadanos de las villas, al menos, desde la vuelta de la democracia. El PRO ha reproducido, sin miramientos, un enlatado de políticas neoliberales que favorecen a los grandes empresarios. A esto le sumó cada vez que pudo operativos de represión y control como gestión de conflictos. Ejemplo de esto fue la difunta UCEP o cuando las topadoras desalojaron a los habitantes del barrio Papa Francisco, reeditando así la intendencia de Domínguez de los ´90.
Sobre el actual poder ejecutivo, con la complicidad de varios bloques opositores en la Legislatura, recae la responsabilidad de que no se cumpla con la Constitución de la Ciudad, específicamente en su artículo 31, que pone el foco y garantiza la vivienda digna para los más vulnerados. Así como tampoco se cumple con lo que ordena la Ley 148 de 1998, que otorga un marco de regulación para urbanizar todas las villas de la ciudad.
En lo que hace al barrio Rodrigo Bueno, la gestión del PRO evitó cumplir con la sentencia de la jueza Elena Liberatori quien en 2011, ordenó la urbanización del barrio. En diálogo con FM Che Barracas, el ex diputado y actual integrante del Colectivo por la Igualdad, Facundo Di Filippo, se expresó respecto de esto y aseguró que es una de las únicas villas que “tiene una causa judicial por procesos de urbanización, con un fallo a favor” de la justicia. Cuando el gobierno porteño apeló, la “Cámara en lo Contencioso administrativo le dio la razón al Estado con una serie de argumentos retrógrados en cuanto a la imposibilidad de llevar el proceso de urbanización”. Esto visibilizó una “responsabilidad política por parte del poder judicial y una responsabilidad política por parte de la Legislatura porteña”, porque los proyectos de urbanización presentados “no han sido debatidos” y obviamente está “la responsabilidad política del ejecutivo de la Ciudad”.
En estas adversidades, los ciudadanos que menos tienen salen a demostrar que en las villas se vive humildemente pero que también se trabaja y se estudia, desmintiendo a los grandes medios masivos de comunicación. El esfuerzo parece doblegarse cuando se encuentran con la historia de un Gastón, un pibe que salió como todos los días a jugar con sus amigos y que encuentra la muerte tras caer en un pozo ciego. Se encuentran con que una vez más, la demora del SAME y el inaccionar de las fuerzas de seguridad, jugó en contra: por error, omisión, inacción o decisión, no hubo tiempo para salvarle la vida. Y como si esto fuera poco, la precaria infraestructura del barrio producto de la falta de urbanización, termina dando por tierra todas las chances. Según Di Filippo, la muerte de Gastón “refleja crudamente y en un solo hecho un Estado ausente, comprueba y reafirma qué poco le interesa a la gestión actual” el avance de los “procesos de reivindicación de derechos y urbanización”, que en cambio, privilegia el “maquillaje y la estética en los barrios de la Ciudad”.
En paralelo a este escenario, el modelo de ciudad macrista atado al desarrollo inmobiliario exclusivo, sella una y otra vez acuerdos especulativos con la vivienda. Mientras el 26 % de los hogares en la ciudad están vacíos, más de 200 mil personas viven en villas y alrededor de otras 10 mil se encuentran en situación de calle. Sin embargo, el ejecutivo porteño a través de sus legisladores y de los pactos con los bloques opositores, impulsó leyes como el Plan Maestro de la Comuna 8 que promueve acuerdos comerciales a merced de la lucha por la vivienda en los barrios de Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati. O el ejemplo de los negocios con IRSA para ejecutar proyectos inmobiliarios en la Villa Olímpica, que puso en riesgo la existencia del barrio Rodrigo Bueno y solo se detuvo con la organización de sus vecinos y de la movilización de organizaciones sociales comprometidas. Di Filippo aseguró que “el objetivo del PRO es tener ciudadanos con una renta alta” y esto “solo satisface al Estado y a la especulación inmobiliaria”. El ex diputado afirmó que es necesario de cara a un escenario electoral, debatir en términos “políticos y culturales, qué Ciudad queremos los porteños y las porteñas”.
Una solución: urbanización
Así como pareciera que este hecho conforma, como uno más, el relato de la larga lista de muertes que hay en los barrios marginales, producto del gatillo fácil, las zonas liberadas para el narcotráfico, los problemas estructurales como la falta de servicios y sus instalaciones precarias, también deben sumarse las decenas de acciones y decisiones que el jefe de gobierno porteño ha tomado para que esto parezca una historia sin fin.
Gastón ese día se había levantado, había ido a la escuela y luego fue a jugar con sus amigos. Los indicios para evitar este tipo de muertes tienen un solo desenlace e indican que ya es tiempo de urbanizar al barrio Rodrigo Bueno, así como a todas las villas de la Ciudad.