Por Francisco J Cantamutto. La presidenta Cristina Fernández viene insistiendo en la necesidad de regular la especulación financiera desde hace un tiempo, sin embargo poco se ha hecho en estos once años. Qué falta regular en el sistema bancario.
Las distancias entre dichos y hechos en el kirchnerismo han sido muy criticadas, por derecha e izquierda. Un eje en el que el Gobierno nacional ha intentado reducir la brecha en los últimos años es en materia regulatoria económica. La idea de fondo es aquella enunciada por Néstor Kirchner en 2003 de buscar un “capitalismo normal”, que, según se entiende de sus discursos, parece ser un capitalismo que produzca y genere empleo. La idea formada por el gobierno es que el capitalismo es un horizonte imposible de trascender, y por lo tanto sólo se puede apuntar a mejorar su “rendimiento” social. Para ello, el kirchnerismo está convencido que lo necesario es lograr buenas leyes y políticas públicas que orienten la acumulación en un sentido determinado. En este sentido, ha avanzado en materia regulatoria, con cierto sesgo estructuralista: con los incentivos y restricciones adecuadas, el capital podría valorizarse y al mismo tiempo dejarnos algo.
Ese “capitalismo normal” es una añoranza más del gobierno respecto de la edad de oro de la acumulación de capital, aquellos años de postguerra en los que se erigieron los Estados de Bienestar. Esa “normalidad” no tiene nada que ver con la normalidad de la historia completa del capitalismo, y menos aún con el carácter predatorio de la actual etapa mundial. La presidenta sabe esto, y por eso ha criticado sistemáticamente la especulación financiera a escala global, especialmente desde que comenzó el conflicto con los fondos buitres. Esto no le impide insistir en la idea de que, correctamente regulados, estos malos capitalistas se ceñirán a las reglas de juego y dedicarán sus esfuerzos a producir.
En este sentido, la presidenta señaló en la ONU, en año pasado, que la necesidad de regular los mercados financieros es una cuestión de derechos humanos. “Es necesario regular el flujo de capitales (porque) han convertido al mundo en un casino financiero que perjudica también a los países del primer mundo” dijo en conferencia con Vladimir Putin a mediados de este año. De hecho, se trató en la ONU la propuesta de crear una normativa para reestructuraciones de deudas soberanas.
¿Y por casa, cómo andamos?
Hace pocos meses, en ocasión de la cumbre del G77 en Bolivia, la presidenta habló de la Ley de entidades financieras aprobada en la dictadura como el inicio de la primacía de las finanzas sobre la industria, de lo especulativo sobre lo productivo. La semana pasada, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, pidió revisar “la regulación que ha dejado en manos del mercado la estabilidad financiera”. El tema, como se ve, está en la agenda y a la vista del oficialismo. Y sin embargo, poco se ha hecho. En el tapete está la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social que promueve el banquero Carlos Heller, que busca desconcentrar el mercado, y obligar a las entidades más grandes a destinar una parte de su cartera a préstamos a las PyMEs y a préstamos hipotecarios. No hay mucho más.
La Ley de Entidades Financieras (N° 21.526) fue aprobada en 1977 y significó el primer gran paso de desregulación del sector. Se terminó con ella la protección a la banca local y a la banca cooperativa, las tasas de interés pasaron a estar definidas por el “libre” juego de oferta y demanda. Esto significó una automática concentración de la banca (desaparecieron cientos de entidades), la casi desaparición de las cajas cooperativas (sólo quedó el Credicoop), y una fuerte extranjerización. La cartera de créditos se orientó al corto plazo, reduciendo fuertemente la disponibilidad de crédito para pequeñas empresas y el crédito hipotecario. Además de cerrar las posibilidades para los pequeños negocios o para adquirir una casa, esto elevó la exposición de Argentina a la movilidad de capitales. La ley se complementó con una Ley de Inversiones Extranjeras (N° 21.382) de 1976 –reafirmada por decreto en 1993- que permitía el igual trato entre capitales locales y extranjeros, permitiéndoles entrar y retirar sus recursos según su voluntad, en el momento que quisieran, sin trabas.
Sin embargo, ninguna de estas dos leyes claves, centrales y estructurales fue tocada por el kirchnerismo en once años de gobierno. Por mucho que se le pida al capital que se comporte bien, no hace sino aprovechar las ventas que el gobierno le da. Y bien que lo hace: de acuerdo a los datos oficiales, entre 2008 y 2013 se expandió un 126 por ciento en términos reales, casi cuatro veces más que el crecimiento del PBI total (34 por ciento). En 2013, los bancos obtuvieron ganancias por 26 mil millones de pesos, un 34 por ciento más que en 2012. Según el diario oficialista Página/12, “La banca argentina sigue siendo la estrella del modelo económico al que sus interlocutores critican sistemáticamente. La performance de la rentabilidad del sector financiero a lo largo del último lustro supera el desempeño de cualquier otro sector de la economía argentina”. Es decir, más allá de discursos de regulación, las finanzas se han mantenido como el sector quizás más beneficiado del kirchnerismo.
¿En qué se avanzó?
Durante todo el kirchnerismo, sólo en los últimos años se avanzó en poner algunas pocas trabas al libre movimiento de capitales. Las regulaciones aprobadas de 2011 a esta parte son las resoluciones de la AFIP (N° 3.210/11 y 3.333/12) que restringieron las compras de dólares, además de la resolución 3.550/13 que elevó al 35 por ciento el impuesto a los consumos en el exterior del país. En 2012 se aprobó una nueva ley mercado de capitales (N° 26.831), que regula la salida de divisas por parte de las empresas trasnacionales, que fue complementada por la modificación a la ley de impuesto a las ganancias (N° 26.893) en 2013, que eliminó la exención del pago de este impuesto de la que gozaban la distribución de dividendos y utilidades de las empresas, las transacciones de acciones de empresas, bonos y otros valores.
No hay más que esto: las leyes fundamentales que habilitan la especulación y el libre movimiento de capitales siguen intactas. Y el poder que tienen las finanzas gracias a ellas se demostró en la formación de un mercado de dólar paralelo (ilegal) como forma de extorsión. El gobierno sigue intentando poner parches para logra que el capital especulativo “se porte bien”, pero no cambia aquellos fundamentos que los habilitan a hacer sus negocios. La pregunta que sigue sin responderse es por qué motivo el kirchnerismo espera que los mismos actores que extorsionan con su especulación pueden convertirse en socios en el desarrollo del pueblo argentino. ¿Hay que regular las finanzas, o estatizarlas y terminar con su juego?