Por Francisco Cantamutto. Las últimas reuniones del gobierno nacional no se tratan de una novedad en materia del proyecto kirchnerista: es la reafirmación de su propuesta. La relación clave con corporaciones empresariales y las centrales sindicales afines para llegar al 2015.
Tras la derrota en las PASO, el gobierno ha decidido revisar algunos elementos de su propuesta política. Una de las acusaciones permanentes enarboladas desde la oposición es la supuesta negativa al diálogo del oficialismo. La respuesta no se hizo esperar: el gobierno está dispuesto a dialogar, pero no con cualquiera. En lo que sería un primer paso para desarmar la estrategia de campaña de la oposición, el miércoles 21 la presidenta Cristina Fernández se reunió en un hotel en Santa Cruz con los sectores a los que había denominado “los titulares”.
La primera observación al respecto fue hecha ya en este espacio por Ulises Bosia: esta declaración explica palmariamente quiénes detentan el poder político real. Los empresarios tienen más de un partido a su servicio, no nos podemos olvidar de ello. Los titulares son los representantes corporativos de clases sociales, no los personajes -más o menos fugaces- de la partidocracia local.
Las divisiones al interior de estos partidos y las diferencias entre ellos no ponen en cuestión los fundamentos de una dominación que atraviesa la sociedad. Las exorbitantes ganancias que el empresariado ha obtenido en estos años fueron descritas con detalle por la propia presidenta en la reunión en el Sur: no es una imputación ideológica, sino una declaración del propio gobierno.
La segunda observación es cómo entiende el kirchnerismo que debe organizarse el diálogo. Hasta el momento, el oficialismo no ha tenido problemas para negociar con otros representantes partidarios: la transversalidad del primer período (que incluyó al radicalismo) como intento de superar el peronismo, la vuelta al interior de este espacio político (que fortaleció al mismo aparato que hoy se le opone parcialmente), la multiplicidad de partidos que integran su frente. El problema no está ahí. El problema está en los fundamentos que dan sentido a ese diálogo: los fundamentos clasistas que hoy parecen escapársele.
Como tercer comentario, vale señalar que la propuesta del kirchnerismo para este problema ha sido desde un principio, y recuperando la tradición histórica del peronismo, la conciliación de clases. Esto no es nuevo: desde un primer momento, el gobierno buscó encontrar los espacios institucionales para desarrollar este diálogo. La recreación de la negociación colectiva de trabajo para establecer los convenios por rama y la reactivación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil son dos medidas impulsadas con fuerza desde 2004. En 2007, en plena campaña, la actual presidenta llamó a construir un Pacto Social, que buscaba profundizar aquellos acuerdos básicos. En ese momento, se refería de modo permanente al Pacto de la Moncloa en España, que diseñó las políticas de mediano plazo en una mesa de representantes corporativos. La convocatoria fue una reedición de esta voluntad de diálogo específica.
Fueron convocados los titulares de la Unión Industrial (UIA), Héctor Méndez; de la Cámara de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekian; de la Asociación de Bancos privados (Adeba), Jorge Brito; de la Cámara de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss; de la Confederación General Económica (Cgera), Marcelo Fernández e Ider Peretti, y de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide. Por los trabajadores, fueron los sindicalistas oficialistas Antonio Caló (CGT) y Hugo Yasky (CTA). Esto dejó afuera tanto al sindicalismo opositor (la CGT Azopardo y la Azul y Blanca, y CTA de Micheli), a las entidades del campo (FAA, CONINAGRO, SRA y CRA), de los servicios públicos (ADESPA), a la banca extranjera (ABA), a la cámara del comercio (CAC) y a la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Esta configuración del equipo titular tampoco es novedosa: los sectores excluidos son la mayor parte de los defensores a ultranza de la Convertibilidad (e incluso los que propusieron la dolarización) y la Mesa de Enlace agropecuaria.
Los que sí fueron llamados son el núcleo fuerte del llamado Grupo Productivo, el agrupamiento que diseñó la política de cesación de pagos y devaluación. Y este es un dato importante, la cuarta observación: al convocar a este sector, el gobierno está mostrándose dispuesto a pelearle a Massa su propuesta de política económica. Y en este sentido, tiene una ventaja: es capaz de convocar a una parte del sindicalismo, buscando garantizar a los empresarios cierta estabilidad del pacto, algo que Massa aún no puede prometer.
Un quinto punto es la única convergencia pública de acuerdo lograda en la reunión: la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta política, al igual que la negociación de los salarios mínimos, compone el piso y el techo del acuerdo institucional que el kirchnerismo ha sostenido en el tiempo. Beneficia a los trabajadores elevando su ingreso, y a los sectores de empresariales convocados, pues les sube la demanda por consumo. Más allá de este punto no se ha podido avanzar -repetimos, en instituciones- en esta década.
Por último, la presidenta remarcó que “lo importante es no desfinanciar al Estado”. La viabilidad de esta propuesta está ceñida a no quitarle al Estado la capacidad de continuar interviniendo. Tal como es el modelo populista de gestión de la política, el gobierno necesita de recursos para continuar equilibrando demandas. De lo contrario sería necesario tomar una definición de dominación más explícita, olvidando los intentos conciliatorios. Esta opción es explorada por la oposición patronal tanto como por el propio gobierno (en la figura de Scioli), tal como se los vio el en la reunión del conservador Consejo de las Américas.