Por Jonatan Emanuel Baldiviezo. La campaña electoral asentó los procesos de aceleración del Pacto PRO-K que busca instalar un paquete de leyes para consolidar una ciudad que huele a neoliberalismo. Políticas urbanas retro.
En plena campaña electoral, las comisiones de la Legislatura se reunieron varias veces por semana y despacharon proyectos de ley en tiempo express. En definitiva, trabajaron con una celeridad inusual. ¿Por qué sucede esto? Esta reedición del Pacto Pro-K tiene la ambición de superar su récord con la aprobación de un paquete mayor de leyes, con alrededor de 40 proyectos.
La historia reciente no queda sólo en las páginas de los libros. El por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, en la conferencia de prensa que marcó simbólicamente el inicio de la década neoliberal, sentenciaba el decálogo menemista de la Reforma del Estado cuyo primer mandamiento era: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.
Se suele creer que en la primera década de este milenio sus directrices han desaparecido. Precisamente, en las políticas urbanas existe plena continuidad de las políticas neoliberales profundizadas en la década de los ´90 que se han sostenido y han encontrado en la estructura jurídica y social construida en dichos años, la fuente para que la especulación inmobiliaria avance sobre los territorios de la Ciudad.
Un punto de inflexión ha sido el Pacto Pro-K, llamado así por asambleas y organizaciones, que consistió en un acuerdo político a fines del año pasado entre los bloques mayoritarios de la Legislatura, para la aprobación de un paquete de leyes que implicó la mayor entrega de tierras públicas a las corporaciones en la historia de la Ciudad. Se aprobaron 11 leyes en tiempo récord, con audiencias públicas absolutamente irregulares y la entrega de grandes extensiones de tierras públicas empresas como IRSA.
Lo que cuesta un pacto
Este año, el apetito especulativo de los grandes desarrolladores inmobiliarios ordenó a los gestores de sus intereses (el macrismo y los legisladores de los bloques del Pro, del FPV y aliados) que avancen para que la Legislatura disponga que la Ciudad se desprenda de grandes territorios públicos, para ser adquiridos o explotados por las corporaciones inmobiliarias.
A este pacto se agrega un “incentivo”: el recambio de treinta legisladores para el 10 de diciembre y la designación para ocupar alrededor de veintiocho cargos públicos en distintos organismos de la Ciudad por parte de la Legislatura (Defensor del Pueblo, Ministerio Público, Ente Único de Regulador de los Servicios Públicos, Consejo del Plan Urbano Ambiental, Consejo de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad).
Sesiones maratónicas, con aprobación de decenas de leyes en un día sin debate y sin consulta previa comunal y popular, con la contraprestación de votos por cargos públicos nos hacen rememorar al viejo y tristemente célebre Concejo Deliberante, recordado como “La Cooperativa” de concejales, que pese a ser de diferentes partidos, se unían para robar los recursos públicos.
El urbanismo privatista
Más allá del cotidiano déficit democrático en la discusión de estos proyectos, el problema radical es que están dirigidos a privatizar los bienes comunes y públicos, a autorizar la venta de decenas de inmuebles de la Ciudad que implican la pérdida de centenas de hectáreas, a permitir la concentración del territorio y del comercio en pocas manos, a incrementar el endeudamiento de la Ciudad, a profundizar la especulación inmobiliaria, a disminuir espacios verdes e intensificar las consecuencias de las inundaciones, y a liberar al Poder Ejecutivo de restricciones y controles para permitir mayor discrecionalidad a fin de continuar con el negocio de las obras públicas y las concesiones.
¿Cómo avanza este pacto? El día martes 22 de octubre el Cuerpo Legislativo convocó a una sesión especial (5 días antes de las elecciones del 27 de octubre) para votar el endeudamiento de 190 millones de dólares para la compra de 105 coches chinos para la Línea A del SUBTE y la autorización para la construcción de un Centro de Exposiciones y Convenciones aledaño a la Facultad de Derecho.
El primer proyecto de ley (Endeudamiento – 2103-J-2013) aprobado vuelve a avalar la política de endeudamiento del Pro y le da un cheque en blanco al Gobierno de Mauricio Macri, ya que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer préstamo financiero con el China Eximbank, y/o ICBC, y/o Bank of China, y/o China Devolopment Bank pero la única información que se brinda son las del China Eximbank (préstamo U$S 156.115.159, interés total U$S 44.974.654 monto total U$S 201.089.813) y no la de los restantes tres bancos de la República Popular China. Esto, porque no se acordaron la condiciones, las cuales pueden arreglarse ex post en condiciones no conocidas y a total arbitrio del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
A su vez, el Pro destina los recursos de la Ciudad en proyectos no prioritarios, con sobreprecios, lo distribuye entre sus empresarios amigos, gasta millones en publicidad y en obras marketineras y no soluciona las emergencias. Luego del despilfarro, solicita a la Legislatura que autorice el endeudamiento para obras necesarias.
El segundo proyecto de ley (Centro de Exposiciones y Convenciones – 2413-J-2013) fue aprobado por 54 votos a favor. Este proyecto no tenía despacho por lo cual se tuvo que habilitar la tabla (40 votos). Para llegar a esta cantidad necesariamente tienen que levantar las manos tanto el bloque del Pro como el bloque K.
Esta obra fue aprobada sin que exista evaluación de impacto ambiental. Cambiaron la altura de construcción. En un principio iba a ser una obra subterránea para aumentar los espacios verdes. No existe garantía que la superficie verde prometida sea la que resulte luego de finalizar la obra y esto no será posible saberlo hasta que se termine el Centro porque no fue aprobado con la ley ningún proyecto en especial. Tampoco existe ninguna limitación a que el macrismo decida invertir recursos de la Ciudad para la construcción de este Centro y luego una vez construido, sea concesionado a un amigo empresario, tal como lo quiso hacer con el Servicio Público de Transporte de Bicicletas cuya privatización fue parada por la Justicia
Esta nueva reedición del Pacto Pro-K implica que la Ciudad nuevamente sea puesta en venta cumpliendo el primer mandamiento sagrado del neoliberalismo en las urbes que aggiornado sentenciaría: “Ninguna tierra o bien común que deba ser estatal permanecerá en manos de la Ciudad”.