Quedan pocas semanas para las elecciones generales y el partido judicial mueve sus fichas. Frente al crecimiento de Sergio Massa en las encuestas, durante las últimas semanas, el poder judicial reactivó dos causas ya cerradas contra la vicepresidenta. La vieja confiable para intentar anular a Cristina.
Por Mauricio Polchi/ Foto Juan Mabromata. AFP
Después del golpe recibido en las PASO del 13 de agosto, y a pesar del escenario económico adverso que viven los argentinos y las argentinas por el alto proceso inflacionario y la inestabilidad que generó la deuda heredada con el FMI, en las últimas semanas la coalición de Unión por la Patria pudo ponerse de pie y logró retomar la centralidad política con una serie de medidas que beneficiaron a distintos sectores de la población y permitieron apuntalar la figura del ministro y candidato Sergio Massa. Para frenar a esa remontada, y al ritmo del Lawfare, se reactivaron los engranajes opositores de Comodoro Py y el poder judicial se metió a jugar fuerte en la campaña presidencial.
“Inminente decisión judicial sobre Cristina”, así se tituló la nota publicada el 10 de septiembre por el periodista Joaquín Morales Sola en el matutino La Nación. Como si se bajase una orden, Morales Solá marcó la hoja de ruta con los pasos que daría una semana después la Cámara Federal de Casación Penal. El lunes 17 de septiembre, puntualmente, se materializó la proclama del periodista y se reabrieron las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán. Tal como lo había adelantado Morales Solá, los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone dejaron sin efecto los sobreseimientos ya dictados y pidieron que se realicen juicios orales en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Barroetaveña y Petrone fueron elegidos por Mauricio Macri para ocupar el máximo tribunal penal del país en el año 2018 durante el gobierno de Cambiemos. A pesar de los cuestionamientos que pesan sobre los miembros de la Sala I, para Morales Solá ambos están “rodeados por un halo de jueces honestos e independientes”. Esas palabras utilizó el periodista para inmacular la imagen de los dos hombres que persiguen a la vicepresidenta desde la Cámara de Casación. Sin embargo, a contramano con el texto, en el párrafo siguiente Morales Solá trazó un bosquejo de lo que vendría y spoileó el fallo con una frase premonitoria: “resolverán que deberá haber un juicio oral y público”. A confesión de partes, relevo de pruebas.
El caso Hotesur-Los Sauces Kirchner es el talón de Aquiles de la vicepresidenta porque sus propios hijos están involucrados en las acusaciones sobre una supuesta asociación ilícita y el lavado de dinero a partir del alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. Y el otro es el del Memorándum con Irán, firmado en 2013 con el objetivo de destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes. A Cristina Fernández se la quiso juzgar por encubrir el ataque a la AMIA, junto con otros funcionarios, en una denuncia que tuvo su punto de partida con la firma del fiscal fallecido Alberto Nisman. En sintonía con el calendario electoral, se aceitaron los resortes del lawfare para instalar otro tema ante la opinión pública, ensuciar al peronismo, y atemorizar a Cristina una vez más.
La militancia del Lawfare
La caída de la macrista Patricia Bullrich en la intención de votos deja (por ahora) a la alianza de Juntos por el Cambio afuera de la carrera presidencial, ya que el libertario Javier Milei se mantiene en competencia y pelea por un triunfo en primera vuelta. Este escenario puso en acción a los jueces Barroetaveña y Petrone, con la intención de forzar una caída de Massa y meter a Bullrich en un potencial balotaje. La exministra de Seguridad de Macri fue la primera en celebrar la decisión judicial, con un violento discurso antiK. “Un tiro para el lado de la justicia”, lanzó Bullrich de forma provocativa. “¿Lo del tiro ya es una obsesión para vos y tu grupo no?”, le respondió la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al recordarle que nunca repudió el intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández.
La usina de operaciones de los Tribunales Federales de Comodoro Py decidió desempolvar el manual de estilo de las derechas latinoamericanas, tal como ocurrió con Rafael Correa en Ecuador o con Lula en Brasil. En Argentina, el lawfare se ejecuta para inmovilizar o quebrar a Cristina Fernández de Kirchner, con operaciones mediáticas y procesos sin pruebas, pero que sirven para influir y sembrar confusión entre la sociedad y los votantes. En ambas investigaciones contra CFK, las causas no son el objetivo ni el fin, sino un medio para debilitar, agredir, y proscribir su candidatura.
Esta avanzada judicial sucedió con un mínimo delay después de que CFK anunciara su reaparición pública. La excusa para que le hable a la militancia y a sus seguidores, algo que no sucede desde el 17 de julio, es la reedición del libro “Después del derrumbe, Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner“. Por ahora se sabe que la actividad tendrá un formato más parecido a un conversatorio que a un acto político, con una performance ya utilizada en las recorridas que hizo cuando presentó “Sinceramente”. La consigna de la charla que brindará en el Auditorio de la UMET es: “De castas, herencias, derrumbes y futuro”. Todavía se desconoce qué mensaje dejará ante la ciudadanía que próximamente concurrirá a las urnas. La expectativa es amplia y todo indica que será un momento bisagra de la campaña, con un sector del peronismo que le demanda un rol más protagónico, mientras el propio kirchnerismo espera que CFK afine la guitarra para crear, entre nostalgias y sueños, las nuevas partituras del movimiento nacional y popular.