Por Redacción Marcha. Luego que la presidenta Cristina Fernández anunciara el proyecto de ley para la estatización de los trenes, Randazzo anunció la recisión de los contratos con las empresas privadas. Paolo Menghini y Ruben Sobrero opinaron al respecto.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció, en la apertura del 133° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, una medida que abre una llaga tras tres largos años desde la Tragedia de Once: “voy a enviar un proyecto de Ley para recuperar la administración de los ferrocarriles argentinos por parte del Estado”.
Lo que enviará al Congreso reside en la creación de la Sociedad de Ferrocarriles, organismo que aglutinará a todas las empresas que hoy funcionan de manera privada en el país. Es decir, la estatización mencionada implicará el control y la administración de las operaciones del sistema ferroviario desde el Estado, lo que antes funcionaba de forma concesionada mediante privados.
Desde 2003, durante la primer gestión presidencial de Néstor Kirchner, hasta 2012, el sistema pasó a manos de la órbita estatal y se gestionaron subsidios a operadores privados, entre ellos, Trenes de Buenos Aires (TBA), Ferrovías y Metrovías. Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas fatales en la Tragedia de Once, alertó en diálogo con FM Che Barracas que no había que olvidar que “Ricardo Jaime era el responsable de supervisar a los Cirigliano, y hoy está procesado por múltiples causas de enriquecimiento ilícito: los dejó deshacer el Sarmiento o subcontratando en su empresa EMFER con plata del Estado y así quedarse con los subsidios”.
Lo cierto es que habrá que esperar a ver el proyecto de ley para analizar si tal medida implica además, un salto cualitativo en la recuperación del sistema ferroviario desde el Estado: fabricación, capacitación laboral, desarrollo tecnológico, control y sustitución de importaciones.
El anuncio se afianzó cuando ayer se publicó mediante el Boletín Oficial, una resolución de la cartera de Interior y Transporte que especifica a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), como la agencia que llevará adelante las medidas acordes a la anulación de los contratos con las empresas a cargo de las líneas Mitre, General San Martín, General Roca y Belgrano Sur, las que pasarán a manos del Estado. La decisión partió de la experiencia que Sofse ya acumuló con el traspaso de la línea Sarmiento.
La presidenta recordó en su discurso, los “más de 1.200 millones de dólares” invertidos “para trenes de pasajeros en área metropolitana de Buenos Aires” así como los 1.200 millones de dólares de inversión en el Belgrano Cargas, “inversión que no se hizo en más de 50 años y que también va a mejorar la competitividad del productor argentino”. Algo risueño de estos datos, más allá de los beneficios que ya disfrutan miles de usuarios, es que dichas cifras ocultan los corruptos negocios que la misma gestión sostuvo con los empresarios del sector, concesionarios actuales del servicio.
Menghini recordó la responsabilidad de la gestión kirchnerista en la Tragedia de Once. “Los ferrocarriles nunca debieron dejar de estar en manos del Estado. A la par de este gobierno, de dejar a los Cirigliano hacer lo que se les antojase con los ferrocarriles, vino toda una historia de desguace que los argentinos conocemos desde los 90´s”. Y aclaró que “los ferrocarriles nunca dejaron de ser del Estado, a lo sumo lo que se concesionó fue la explotación” y agregó que “lo importante es que el control sea real y eficiente” ya que la experiencia de “tercerización en manos de privados que este gobierno dejó avanzar, se llevó a Mariano Ferreyra, se llevó a nuestros familiares de Once, hizo perder al Estado argentino 3 mil millones de dólares y todo bajo este proyecto de gobierno”.
Por su parte, el delegado gremial ferroviario de la línea Sarmiento, Rubén “Pollo” Sobrero, advirtió en diálogo con FM Che Barracas, en qué contexto se dan los anuncios. “Venimos planteando que el tema de las concesiones es una estafa. Tenés concesiones, pero mientras tanto el Estado compra coches, arregla las vías, paga los sueldos, la reparación de las estaciones, y además paga el mantenimiento de las concesiones, era un negocio muy malo hasta desde el punto de vista capitalista”. Sobrero agregó que el debate debe darse con profundidad y que se “investigue que fue lo que pasó en estos últimos 15 años de privatización, a dónde fue la plata que puso el Estado en las concesiones” para que salga a la luz la “responsabilidad política y las estafas que hubo por parte de los empresarios y del gobierno”.
“Subite a este tren”
En el marco de la recisión de los contratos de los operadores privados, el ministro y precandidato presidencial por el kirchnerismo, Florencio Randazzo, sostuvo que llegó el momento de estatizar el servicio de trenes porque “el Estado demostró ser más eficiente que los privados” y se realizará sin “compensación” a las empresas. Randazzo también negó que su precandidatura estuviera atada a este giro y por tiro de elevación le pegó a su rival dentro de la misma fuerza, Daniel Scioli, “pertenezco a un proyecto y los proyectos no son individuales”.
El padre de Lucas remarcó la lectura inevitable que provoca este anuncio en un año electoral. “Cuando nos subimos a los trenes, no nos subimos con una boleta electoral en la mano, nos subimos a estudiar, a trabajar, a vivir, no a morir. Entonces es fundamental que el Estado tome el control con coherencia y sin ninguno signo de corrupción”. Y agregó: “Porque si no tenemos a Randazzo que hace campañas con la compra de los trenes y uno de sus slogans es: “Randazzo 2015, veni subite a este tren”. Y en ese tren quedaron nuestros familiares. Estamos hablando de resestatizar cuando este gobierno nunca se hizo responsable de lo que sucedió”.
El actual jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, también se expresó respecto de los anuncios y aseguró que es “insostenible” la estatización de los trenes porque “gestionar, es mucho más difícil que controlar. Cuando las tenés que hacer vos, requiere otras capacidades, vos tenés que tener a la gente”, concluyó.
A diferencia del jefe porteño, Menghini y Sobrero, señalaron como pieza fundamental en el proceso, el control con participación de los trabajadores. Mientras que el padre de Lucas aclaró que es necesario un “Estado que esté presente y que prevenga”, donde los trabajadores tengan un “lugar imprescindible porque son los que están en las vías, en los talleres, los que lidian con un sistema de señalamiento antiquísimo y colapsado. Los anuncios nos sirven si no se pone a los actores centrales de cada cosa a formar parte de ese proceso”. Por su parte Sobrero remarcó que en el ferrocarril Sarmiento aunque “no esté legalizado en ningún lado, estamos teniendo un control desde los laburantes en lo que era TBA y en el Estado ahora. Cuando nosotros hablamos de control de los trabajadores, lo hacemos de verdad. Lo ideal sería que fuera no solo un accionar gremial, sino que además este legalizado e incorporado a la dirección de la empresa” o del Estado.
Ambos coinciden en que fue necesaria una tragedia que se cobró la vida de 52 personas para visibilizar un entramado de corrupción entre la gestión estatal con acuerdos empresariales. Según Menghini fue “una decisión tardía porque los desastres ya pasaron y las vidas no vuelven”. Para Sobrero sólo “hubo un recambio de trenes porque hubo una masacre, sino no había trenes ni ministro nuevo” y señaló la necesidad de profundizar el debate de la re-estatización: “En la Argentina podríamos fabricar trenes como en los ’40, y en cambio se los compramos a China. Estamos perdiendo capacidad de desarrollo tecnológico propio dependiendo de tecnologías extranjeras. ¿Cómo no nos dimos una política? Sabemos que los chinos van a instalar una fábrica en el país y se van a ocupar del mantenimiento. Hay que ir hacia el desarrollo de una empresa nacional de fabricación propia, que desarrolle vagones propios, trenes y hasta incluso desarrollar para vender hacia afuera”. El dirigente alertó “antes dependíamos de los ingleses, ahora dependemos de los chinos”.
Menghini remarcó ante la declaración de la presidenta de que no la “mueve ningún afán estatizador”, que deben tomarse con seriedad y coherencia estas medidas: “Las masacres se llevan a la gente sin preguntarle como votó”. Actualmente se está llevando adelante el juicio por la Tragedia de Once. A la espera de que el tribunal avance con la decisión de sentencias condenatorias para los responsables, remarcó que “va a ser un triunfo colectivo, no solo de los familiares”.