‘Indignados’ españoles se manifestaron ayer en Madrid en los alrededores del parlamento durante el abrazo convocado para ‘Ocupar el Congreso’. Piden la dimisión del gobierno y los legisladores. Fueron brutalmente reprimidos.
La convocatoria se había hecho circular hace dos meses por las redes sociales. Los ‘indignados’ -en realidad una parte de ellos, ya que las plataformas más conocidas no adherían a la protesta- coparon ayer los alrededores del congreso español para pedir las dimisiones del gobierno conservador del Partido Popular guiado por Mariano Rajoy y todos los legisladores. El manifiesto publicado el julio prometía que los indignados iban a “permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, esta vez sí, la de un estado democrático”. Efectivamente, centenares de personas aún estaban en las calles aledañas a la legislatura al cierre de esta edición de Marcha, desafiando la autorización gubernamental que permitía su permanencia hasta las 21:30, aunque la Coordinadora 25s, principal organizadora, haya resuelto en asamblea volver al congreso hoy a las 19 horas.
“Esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicie el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia”, continua la convocatoria. Lo cierto es que la manifestación fue duramente reprimida por efectivos policiales que lograron detener a unas 20 personas. 19 resultaron heridas, una de las cuales en modo grave al sufrir una lesión en la médula, según reportaron autoridades médicas.
Y justamente la represión fue lo que más bronca produjo en los manifestantes, que denunciaron la presencia de policías de civil infiltrados, encapuchados en la marcha, causando destrozos en la céntrica plaza Neptuno, justo al lado de la cámara baja. Para mañana, además de una nueva manifestación en el centro de Madrid, está prevista una huelga general en el País Vasco, que se suma a los territorios españoles en crisis.
Crisis económica y política
El gobierno de Rajoy se encuentra ante graves crisis políticas y económicas. Poco antes que arrancara la marcha de los indignados el presidente de la Generalitat catalana, Arturo Mas, anunció el adelantamiento de los comicios regionales previstos para 2014 al próximo 25 de noviembre. Se trata evidentemente de una fuerte respuesta a las tensiones que precipitaron el pasado 11 de septiembre tras la multitudinaria marcha por la independencia de Cataluña. Mas y su coalición de centro derecha, Convergència i Unió (CiU), compuesta por los partidos de Convergència Democràtica de Catalunya, y Unió Democràtica de Catalunya, aprovecharon la agitación de la imponente crisis económica para plantear una suerte de ‘pacto fiscal interno’, que de mayor autonomía impositiva a su región. Cataluña es la región más rica de España, y aporta 16.000 millones de euros más en impuestos de los que recibe desde Madrid como presupuesto anual. La negociación, plantada en estos términos por Mas a Rajoy el pasado 20 de septiembre fracasó, y el CiU propuso hoy una plataforma que contempla “disponer de un Estado propio, tan dependiente o independiente como el resto de los Estados europeos”.
Este era uno de los temas que trataban los 50 diputados -de 350- presentes hoy en el congreso, “aislados y parapetados”, como admitió la diputada Laia Ortiz en declaraciones de prensa, mientras en las calles aledañas era reprimida la protesta.
“Dimisión”, fue el grito más escuchado en las puertas de la cámara baja española ayer. El cuestionamiento a la política de Rajoy se endureció tras el anuncio de un ajuste imponente, que intentará ‘ahorrar’ 165.000 millones de euros en dos años, a través de recortes a las jubilaciones, servicios y derechos laborales, además del aumento de impuestos directos e indirectos.
A esto se le suma el rescate que las potencias europeas han concedido al sistema bancario español, que ronda los 100.000 millones de euros y cuyas tasas de interés deberán pagar los mismos ciudadanos, y el hecho de que la situación está lejos de mejorar. El desempleo español supera ya el 25% de la población económicamente activa -dato cercano al de Argentina pre 2001-, y los mercados internacionales esperan el inminente pedido de un rescate global de su economía. Según los organizadores de la marcha, lo que Rajoy está permitiendo es una entrega de la soberanía nacional al poder financiero europeo. Sin embargo, desde el oficialismo tiran la pelota del otro lado. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, aseguró en vísperas de la protesta que “acampar dentro del Congreso como hizo Tejero o fuera, como ahora se pretende para el 25S, tiene idéntica finalidad: secuestrar la soberanía”.