Por Micaela Ryan, desde Santiago. En Chile, la educación pública y gratuita no existe. La Constitución impuesta bajo la dictadura de Pinochet instaló el sistema educativo más excluyente de América Latina. Eloísa González, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), relata su experiencia de lucha contra la mercantilización de la educación.
– ¿Cuándo surge la ACES y cómo se organizan?
– En el 2010 conformamos la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En realidad la reorganizamos, en el marco de los reclamos que los estudiantes universitarios venían sosteniendo y en el contexto pos terremoto. Conformamos un petitorio donde planteábamos la estatización de la educación, el pase escolar gratuito (de transporte público) los 365 días del año para todos los estudiantes y el control comunitario de la educación. A medida que fueron pasando los meses y a raíz de las movilizaciones y del reforzamiento de la organización estudiantil, logramos plasmarlo en un pequeño librito que se llama “Propuesta para la educación que queremos”.
– ¿Cómo fue el proceso de elaboración de la “Propuesta para la educación que queremos”?
– La formulamos el año pasado y la presentamos como ACES al Ministerio de Educación. Todavía estamos sin respuesta. Nos organizamos con los estudiantes secundarios, organizando las demandas que se fueron rellenando con contenido y datos más duros, a través de varios meses de discusiones dentro de la Asamblea. Se trabajó con distintos expertos sobre educación, gente de la OPECH, de otras organizaciones. La conformación de esta propuesta fue exitosa porque tiene directa relación con nuestro modelo asambleísta. Creemos firmemente que el único método efectivo mediante el cual la participación se va generando es teniendo discusiones mediante asambleas. Entendimos que ya no podemos pedirle soluciones a quienes hace más de 20 años llevan alternados en el Parlamento, en los Ministerios, como Presidentes, o los mismos municipios. La única manera de poder viabilizar algún tipo de solución es mediante la contínua creación de propuestas desde los diferentes frentes sociales hacia el problema de la educación y hacia otros tipos de problemas. Creemos que los únicos que pueden darle una solución al conflicto de la educación y a todos los conflictos sobre derechos sociales somos nosotros mismos. Somos las organizaciones y los frentes de lucha quienes tenemos el derecho y el deber de darle una solución a nuestro propio pueblo.
– ¿Qué implica el control comunitario de la educación?
– El control comunitario implica la participación real y efectiva del conjunto de la población en determinados territorios, incluyendo la educación y otros temas, como la salud. Esta forma de participación se transforma en trabajo real, que construye, es la forma en que debe organizarse la población chilena.
– ¿Qué significa la consigna de “funar” las elecciones del 28 de octubre?
– Vemos con bastante preocupación lo que sería la fecha clave para este año: las elecciones municipales del 28 de octubre. Hay diversos liceos que no cuentan con la infraestructura y las condiciones de higiene básicas y los chicos que reclaman por estas condiciones han sido perseguidos, han sido sancionados. Por otra parte, los millones de pesos que se siguen despilfarrando en las subvenciones municipales y la lógica de lucro que se ha desarrollado en estos establecimientos, es dinero que va directo a los bolsillos de los administradores de las escuelas. Esto demuestra de forma palpable la crisis que se vive en la educación escolar. Los candidatos municipales van levantando sus campañas a través de soluciones de “parche” que no resuelven de fondo el problema de la educación escolar. Se amarran al conflicto, desvirtuándolo hacia la disputa electoral. En ese sentido, comenzamos a convocar para acusar a quienes son los principales responsables de la crisis de la educación, los políticos, quienes nos están gobernando. Lanzamos nuestra consigna que es la “funalización” (el escrache) de las elecciones municipales, porque creemos que es una institucionalidad política que ya no nos representa.
– ¿Cuál es la situación represiva en Chile contra los estudiantes?
– Aquí llevamos muchos años con la ley antiterrorista vigente, desde la dictadura de hecho. A los comuneros mapuches se los ha procesado bajo esta ley, a varios dirigentes sociales y estudiantiles. Esta actitud se viene manteniendo durante los años, sobre todo con lo que se viene que es la aprobación de la ley Hinzpeter (Jefe de Gabinete del Presidente Piñera, principal impulsor de esta ley), que criminaliza aún más a los movimientos sociales. Cualquiera que se encapuche, puede ser detenido y estar preso hasta tres años y más. Esas distintas medidas que ha venido tomando el Estado es la reacción ante una violencia que nosotros reivindicamos, que es la violencia revolucionaria. Es una forma de resistencia, autodefensa, los mecanismos que tiene el pueblo para defenderse ante la violencia que proviene del Estado. Experiencias personales tenemos por montones, compañeros que fueron llevados detenidos en marchas, cargan con causas como maltrato o agresión a los carabineros, siendo que ellos mismos han sido abusados dentro de la comisaría. Quien tiene la institucionalidad, según el modelo actual de leyes, tiene la absoluta razón sobre los acontecimientos que pasan después de que te llevan detenido.
– ¿Existen articulaciones multisectoriales, a nivel nacional o local, entre diferentes organizaciones sociales?
– Establecimos contactos con los sindicatos, el apoyo a sus huelgas como también su apoyo a nuestros paros. Lo más necesario es generar coordinación, pero más que nada a nivel regional principalmente, ya que para conformar algo a nivel macro es necesario reforzar las pequeñas organizaciones incipientes, luego de muchos años de que no ha existido nada. El 8 de agosto realizaremos una jornada nacional de protesta, junto con los trabajadores. Esa articulación se va a dar en Santiago como en otras ciudades del país. Vamos a reclamar por la educación y también por la nacionalización de los recursos, en especial del cobre, ya que creemos que con esta nacionalización se podría financiar la educación pública y gratuita. También reclamaremos por el control comunitario de la educación.