¿Cuál es el peso de la explotación de los hidrocarburos en las economías provinciales? ¿Qué harán con las áreas en las que fueron revocadas las concesiones? ¿Qué otras empresas podrían verse beneficiadas?
La estructura impositiva nacional creada por las reformas neoliberales de la década del 90 dio lugar a que en el 2011 de cada tres pesos del gasto provincial tan sólo uno provenga de ingresos tributarios locales. El resto depende de recursos coparticipados por la Nación, de transferencias y adelantos girados por el Tesoro Nacional y de un creciente endeudamiento. Se entiende por eso el interés de las provincias en captar una porción mayor de la renta petrolera en función de paliar sus finanzas y al mismo tiempo de aumentar el margen de autonomía con el Estado nacional que les otorga la mayor existencia de recursos propios.
Hay que recordar que la Constitución de 1994 descentralizó la salud y la educación generando un aumento sustancial de los gastos de las arcas provinciales pero al mismo tiempo les otorgó las reservas de hidrocarburos presentes en cada uno de sus territorios, con lo que también les entregó una enorme fuente de ingresos. Cabe destacar también que se trató de una serie de medidas que fueron a contramano de la tendencia mundial y regional signada por una participación cada vez mayor de los Estados nacionales en esta actividad. Su objetivo era negar el carácter estratégico de los hidrocarburos y convertirlos en simples commodities para la exportación y el enriquecimiento de los inversores. El resultado fue que las grandes empresas petroleras se encontraron en una situación muy favorable para la negociación, habida cuenta de la diferencia de fuerzas entre el poder político nacional y los empobrecidos poderes provinciales. La creación de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), a comienzos de este año, aumenta la capacidad de negociación y de gestión de las provincias, aunque es sólo un paliativo mientras no exista la decisión política de una transformación estructural.
La recuperación del control estatal de YPF, de acuerdo a cualquiera de las variantes en estudio por el gobierno nacional, implica una negociación con las provincias respecto del lugar que ellas ocuparán en la gestión de la empresa. Pero independientemente de ello algunas de las provincias petroleras también tiene pensado crear o dar una mayor importancia a sus propias empresas. Es el caso de Jujuy, cuyo gobernador Eduardo Fellner advirtió que “la falta de inversión por parte de las empresas petroleras provoca pérdidas tanto a la Nación como a las provincias” y añadió que “hace tiempo que YPF dejó de estar interesado en concesionar la exploración en nuestras zonas, por lo que la política hidrocarburífera en Jujuy está muy relegada” y que por ese motivo su provincia decidió crear “una empresa estatal” para asociarse con el sector privado y encarar este tipo de proyectos”. Es decir que también en los casos en que se creará una empresa provincial será con el objetivo de asociarse con capitales privados.
La provincia de Mendoza también se alinea con este plan. Al momento de anunciar la reversión de los contratos en las áreas petroleras el gobernador Francisco Pérez dijo que obedece al “incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones de producción, mantenimiento y trabajo solicitadas a YPF por los yacimientos de Cerro Mollar Norte y Ceferino, en su contrato de concesión”. La decisión fue tomada a través del decreto 502 en el que se establece que la reversión se hará efectiva en un plazo de noventa días hábiles, momento en el cual la provincia llamará nuevamente a licitación para la concesión de las áreas petroleras. Finalmente el gobernador sostuvo que la provincia está abierta “a la inversión de todos aquellos que quieran hacerla de manera real y efectiva”.
Las provincias de Chubut y Santa Cruz fueron las más proclives a afectar los intereses de YPF al quitarle concesiones de importancia cuantitativa. Es el caso de Los perales-Las mesetas en Santa Cruz, un yacimiento que explica el 11% de la extracción de crudo a nivel nacional. Es llamativo que en estas provincias que más se arriesgaron en la confrontación con YPF opera Pan American Energy (PAE), la segunda empresa petrolera en importancia. Esta firma anglo-china-argentina podría verse beneficiada con la retirada de las concesiones a Repsol YPF. Por otro lado, el gobernador de Chubut y presidente de la OFEPHI Martín Buzzi explicó que “estamos buscando una salida a lo Petrobras” para la explotación de las áreas petroleras revertidas recientemente a YPF.” Buzzi aseguró que pretende lograr un “ensamble entre el sector público y el privado” porque consideró que “de manera combinada se puede obtener mucho más con una estrategia de desarrollo que simplemente concesionar para tener como renta las regalías”.
Por otro lado la provincia de Neuquén, principal productora de gas y segunda de petróleo, si bien participó de la quita de concesiones, al mismo tiempo tendió a despegarse del conflicto con YPF y se muestra preocupada por la explotación de los yacimientos no convencionales de petróleo. La preocupación parte de que la cuenca neuquina es la de mayor importancia del país, seguida por la del Golfo de San Jorge. Estamos hablando de la extracción de crudo diseminado en la roca a partir de técnicas que son normalmente comparadas a la de la mega minería a cielo abierto por el daño ambiental que provocan y por el enorme uso de agua que implican. A partir de la explotación de estos yacimientos nuestro país podría pasar de ser un sitio marginal en el mercado mundial de los hidrocarburos a ocupar un puesto central, o incluso a ser un exportador neto de esta materia prima, lo que da una idea de las cantidades de dinero que están en juego. Mediante un comunicado el gobierno provincial afirmó que estos yacimientos “requieren de inversiones sustanciales para que en plazos perentorios se ponga en valor a los mismos, a los efectos de aportar producciones adicionales tanto de petróleo como de gas natural que permitan cumplir con los objetivos que de común acuerdo han establecido el Gobierno Nacional y las provincias productoras”.