Esteban Righi, ex Procurador General de la Nación
Este martes, Esteban Righi, Procurador General de la Nación, presentó su renuncia al cargo luego de las acusaciones que el vicepresidente Amado Boudou hiciera contra el estudio de abogados que fundó y del que participan su hijo y su esposa.
El jueves pasado, el vicepresidente Amado Boudou dio una conferencia de prensa por las acusaciones que hay contra él en el llamado “Caso Ciccone”. En la misma disparó contra distintos frentes. Uno de ellos hacía eje en un estudio de abogados que le ofreció sus influencias para “aceitar las relaciones con los jueces” y no tener problemas en su carrera política. Según Boudou, en 2009, cuando estaba al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y en 2010, ya al frente del Ministerio de Economía, lo visitaron en su despacho miembros del estudio de abogados “García, Labat, Musso y Righi” para realizarle este ofrecimiento.
Durante esta semana, el vicepresidente convirtió sus acusaciones públicas en una denuncia formal dónde menciona con nombre y apellido a las personas del estudio que se presentaron en su despacho. Según él, una fue la mujer del ministro porteño Guillermo Montenegro, María José Labat; la otra, la de Righi, Ana García.
Esto motivó la renuncia del jefe de los fiscales durante el día de ayer. La misma fue aceptada por la presidenta el mismo día.
La renuncia
Righi presentó su renuncia formal mediante una carta a la presidenta Cristina Fernández. La misiva comienza diciendo: “tengo el honor de dirigirme a la Sra. Presidenta a fin de hacerle llegar mi renuncia al cargo de Procurador General de la Nación en el que me desempeño desde que fuera designado el 23 de junio de 2004”.
En una extensa carta donde abordó diversas cuestiones, incluida su trayectoria, el ex procurador afirmaba que había tenido “la oportunidad y el honor de servir al país, desde altas funciones públicas, en más de una ocasión. La primera vez, hace casi cuarenta años, siendo muy joven y en circunstancias muy difíciles, entendí que no había límites para esa responsabilidad y que no importaban los riesgos que hubiera que asumir para cumplirla plenamente. Y ahora pienso del mismo modo”.
De esta manera hizo referencia a su pasado como ministro del Interior del breve gobierno de Héctor Cámpora (mayo a junio de 1973). En aquella oportunidad dio un recordado discurso a la Policía Federal dónde aseguraba que “la Policía tendrá nuevas obligaciones y quiero enumerar algunas de ellas. Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable”. “Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista” concluía en aquel año 1973.
“También es verdad -continúa su carta de renuncia- que no creo posible desempeñar honrosamente una alta función pública si al hacerlo se compromete el propio honor o la honra familiar. La defensa del interés público y de la honorabilidad personal jamás deberían resultar incompatibles”. Para finalizar, sostuvo: “Animado por estas razones, y considerando que es la conducta que mejor favorece el éxito de su gestión -lo que francamente deseo- es que le hago llegar por medio de la presente mi renuncia al cargo de Procurador General de la Nación”.
Según varios medios, Daniel Reposo, actual síndico General de la Nación, sería el candidato para ocupar la vacante dejada por el renunciante. Su nombramiento requerirá del acuerdo de los dos tercios de los senadores presentes cuando se discuta su pliego en la Cámara alta.
En todos los frentes
Junto con esta presentación Boudou también llevó a tribunales una denuncia al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, por un supuesto ofrecimiento de dinero para que favoreciera a la firma Boldt. Según el vicepresidente esta empresa “se dedica a la explotación del juego en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, cuya concesión no licita desde1993” y también alquiló y operó durante un año la imprenta Ciccone.
Boudou busca de esta forma confrontar con las noticias de la investigación que pesa sobre él en la que está sospechado de haber colaborado en el levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, que se supone fue beneficiada con la concesión para imprimir billetes para el Banco Central.
En paralelo, desde el Gobierno se denunció al juez federal Daniel Rafecas (que lleva adelante la causa contra el vicepresidente) ante el Consejo de la Magistratura. La acusación fue presentada por el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Hernán Ordiales.