Por Carina López Monja. Al faltar poco más de un mes para el inicio del juicio por el asesinato de Ferreyra, la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del perito Roberto Locles por el delito de “inutilización de un objeto destinado a servir de prueba”.
“La noticia la recibimos con expectativa. Sabemos que el juicio por el homicidio de Mariano va a ser difícil y la defensa de Pedraza y compañía no dejan de provocar para dilatar el juicio. Pero nosotros queremos que empiece lo antes posible, que sirva para que se vea el trasfondo del asesinato de mi hermano, lo que es la tercerización y la responsabilidad de la Unión Ferroviaria en el crimen y la represión de ese día”, dijo Pablo Ferreyra, hermano de Mariano poco después de conocer el procesamiento de Locles.
Fue en la mañana del 22 de febrero de 2011. La jueza Wilma López había convocado a “una junta especial” en la División Balística de la Policía Federal. Locles fue propuesto por la defensa de uno de los acusados, del picaboletos Guillermo Uño, como “perito de parte”. Recordemos que Uño fue uno de los integrantes de la banda de matones que el 20 de octubre de 2010 atacó la protesta de los tercerizados y asesinó a Ferreyra, uno de los militantes del Partido Obrero que acompañaba el reclamo.
Allí, frente a peritos y ante la jueza Locles tomó la bala que asesinó a Mariano Ferreyra en 2010 y la golpeó reiteradamente sobre la mesa. Su objetivo, según fundamentó, era explicar una teoría sobre el recorrido de la bala. Sin embargo, lo que hizo fue modificar la forma del proyectil, golpeándolo “reiterada y continuamente contra la mesa de trabajo existente en el gabinete, provocándole deformaciones”.
La confirmación del procesamiento fue dictada por los camaristas Luis María Bunge Campos, Jorge Rimondi y Alfredo Barbarosch, quienes ratificaron la decisión del juez Alberto Baños al responsabilizar al perito por la alteración de la bala. Esta decisión judicial deja a Locles al borde del juicio oral por un delito que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel, según el Código Penal.
Maximiliano Medina es abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y representa a la querella de la familia de Mariano Ferreyra. Según él, el procesamiento de Locles deja en evidencia las maniobras de los abogados defensores: “Esto deja claro que la Unión Ferroviaria viene entorpeciendo de miles de formas el desarrollo normal del proceso judicial. A la obstrucción de la prueba, por la cual fue procesado Locles, se suman las amenazas a testigos, la causa por intento de sobornos para revocar una resolución contraria a los imputados. Esto es una muestra más de una maquinaria general, que buscar entorpecer y dilatar el juicio”, aseguró.
El abogado que propuso a Locles como perito fue Oscar Igounet, quien es parte de la defensa del picaboletos Guillermo Uño. En las últimas semanas, su tarea consistió en demorar el juicio oral: Igounet recusó y pidió el juicio político contra los jueces del Tribunal Oral Criminal 21 (TOC21) por la supuesta demora en una resolución sobre la excarcelación de Uño y los términos en que la rechazaron. La recusación la tratará el TOC12, para lo cual hay una audiencia convocada pasado mañana.
En efecto, en noviembre de 2011, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria a varios miembros de la UF, al agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme; al ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, y al secretario de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar por un intento de soborno a jueces de Casación.
Varias escuchas telefónicas revelaron el intento de dejar en libertad a la patota acusada del crimen de Ferreyra. Según informó otra de las abogadas querellantes, Claudia Ferrero, esa investigación hoy se encuentra congelada, a pesar de que las escuchas que delatan los intentos de sobornar a la justicia no dejan lugar a dudas, no hay un solo procesado.
Las conversaciones telefónicas que datan en el expediente de la causa son innumerables. Dan cuenta del poder de la Unión Ferroviaria, de la connivencia entre los jerarcas sindicales con el Ministerio de Trabajo y de un entramado de relaciones que garantizaban un control compartido en el manejo del ferrocarril.
En el juicio por el asesinato de Mariano hay 17 acusados. Sumados a Pedraza, también serán juzgados Cristian Favale, Pablo Díaz, Juan Carlos “Gallego” Fernández, Gustavo Alcorcel, Gabriel Sánchez, Salvador Pipito, Juan Pablo Pérez, Armando Uño y Juan Carlos González. Además, se sumaron los comisarios Hugo Lompizano, Jorge Raúl Ferreyra, Luis Alberto Echevarría, Gastón Conti, Rolando Garay y Luis Mansilla. Los policías están acusados por liberar la zona de Avellaneda y Barracas el 20 de octubre de 2010, cuando la marcha de los trabajadores tercerizados fue atacada por la patota de la UF, asesinando a Mariano y dejando heridos de bala a los militantes del Partido Obrero Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre.
“El juicio va a estar lleno de maniobras por parte de los abogados para que no se avance en la responsabilidad de Pedraza, igual que hicieron hasta ahora. El rol del gobierno va a ser importante, en la medida en que se insista a la justicia en el rigor y la celeridad que corresponden a un homicidio como este. La defensa de Pedraza ya habla de presión mediática, considerándolo culpable. Eso lo demostrarán los abogados. Lo que está claro es que la condena social ya existe, falta la legal”, aseguró Pablo Ferreyra.
Mientras tanto, se mantiene firme la fecha de inicio del juicio por el homicidio de Mariano, prevista para el próximo 6 de agosto. Las audiencias serán en el SUM de los Tribunales de Comodoro Py, el mismo lugar donde los familiares de Cromañón denunciaron hace pocos días las responsabilidades políticas de los funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra por el incendio desatado en Once en 2004.
