Por Ana Inés Cabral*. Cuatro personas fueron procesadas con prisión preventiva tras una serie de allanamientos que desarticularon una red de trata sexual. Se liberó a doce travestis de un sistema prostituyente que las discrimina y explota.
Cuatro personas acusadas de integrar una red de trata para explotación sexual fueron detenidas, procesadas y se encuentran en prisión preventiva luego de una serie de allanamientos realizados el primer viernes de julio en cuatro viviendas, tres de ellas ubicadas en la ciudad de Cipolletti y una en la ciudad de Neuquén. Del operativo participaron la Fiscalía Federal N.°2 de Neuquén -a cargo de la fiscal subrogante María Cristina Beute-, con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y del organismo de rescate de la Provincia de Neuquén. En la causa resultaron imputadas cuatro personas y luego de un mes de investigación, se pudo constatar que en Cipolletti existía un grupo de aproximadamente 12 travestis que eran obligadas a ejercer la prostitución sobre las Rutas Nacionales 22 y 151, aledañas a la ciudad.
Si bien el titular del Juzgado Federal de General Roca, Jorge García Davini, dictó el procesamiento con prisión preventiva, la medida fue cuestionada por la defensa. El magistrado denegó las excarcelaciones y ahora se espera que se expida la Cámara Federal de apelaciones. Por su parte, las víctimas están siendo asistidas por el punto focal provincial de Río Negro, con la colaboración de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Comité contra la trata.
La Fiscalía se opuso a los pedidos de excarcelación de las y el imputado ya que consideró que la modalidad utilizada indica que intentarán obstruir la investigación amedrentando a las víctimas que prestarán testimonio. El Juzgado Federal N°2 aceptó los argumentos de los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y decidió denegar las excarcelaciones. Las personas imputadas fueron indagadas el sábado 5 de julio por los delitos de explotación económica de la prostitución ajena, trata de personas con fines de explotación sexual, reducción a la servidumbre y lesiones graves.
La investigación se había iniciado el 25 de mayo pasado por un aviso a la Fiscalía, luego de que una de las víctimas ingresara al Hospital Bouquet Roldán de Neuquén con un cuadro de intoxicación. Las circunstancias que relató hicieron suponer al personal médico interviniente que podía tratarse de una víctima del delito federal de trata de personas con fines de explotación sexual.
Cómo funcionaba la red delictiva
La mayor responsable de regentear la red desarticulada sería una travesti de 46 años que actuaba como “jefa de área”. Las jóvenes que llegaban a la zona debían obtener previamente la autorización de “la jefa”. Las víctimas, 12 travestis de entre 20 y 30 años, que fueron obligadas a ejercer la prostitución en las llamadas “paradas” ubicadas en las rutas nacionales 22 y 151, aledañas a la ciudad de Cipolletti y quienes debían entregarle a la explotadora un monto de dinero diario o semanal por el ejercicio de control territorial que tenía sobre la zona.
El modo de captación fue el engaño e incluyó el uso de las redes sociales para detectar y abordar a algunas de las jóvenes, quienes se encontraban en situación social de vulnerabilidad. Cinco de ellas son oriundas de la provincia de San Juan y dos de ellas habrían sido contactadas a través de Facebook.
La rutina de explotación que soportaban las víctimas era de cuatro horas diarias -como mínimo-, desde las 19 hasta las 2 o 3 de la mañana en seis días de la semana. Soportaban un control y vigilancia permanentes a través de castigos monetarios, amenazas de muerte y agresiones físicas. Eran drogadas y les fueron inyectadas siliconas en sus cuerpos, lo que en algunos casos les provocó distintas afecciones en su salud como infecciones, hematomas, desplazamiento de las prótesis y deformaciones. Incluso, una de ellas relató que estas prácticas habrían provocado la muerte de una de las más jóvenes.
Amenazas y reducción a la servidumbre
Las travestis nunca habían denunciado el delito en Cipolletti ya que la proxeneta permanentemente se jactaba de tener protección policial y judicial, relatando que -algunos de ellos- serían, según ella, prostituyentes. En tanto, el marido de la imputada está acusado de amenazarlas diciéndoles que si a su mujer le pasaba algo, él mismo se iba a encargar de meterles un tiro “una por una”. También declararon que producto de las agresiones físicas que recibían -ya sea de parte de la principal acusada o de otras personas mandadas por ella-, a una de ellas le fracturaron una pierna; otras también denunciaron el intento de incendiarles la casa.
Según los testimonios de las víctimas, la principal acusada las amenazaba y les advertía que si escapaban, las iba a hacer volver; que si decidían ejercer la prostitución “por su cuenta” o en otro lugar les iba “a hacer la vida negra” o que las iban a “moler a palos”. Las más jóvenes denunciaron además que la coerción era tan grande que, si dejaban la zona debían directamente mudarse a otra provincia o región, dejándole a “la jefa” todas sus pertenencias.
Según el testimonio de las víctimas, además de las torturas propias de la explotación sexual, los insultos y agresiones cotidianas, la principal acusada les había impuesto un régimen severo con obligaciones tales como limpiar la casa donde moraban, dormir en el suelo sobre una frazada, solventar los gastos de alimentación de la imputada y su marido, cumplir una rutina horaria estricta, como levantarse temprano aunque hubieran estado en la calle durante toda la noche, o pagar los impuestos, entre otras.
Evidenciar la discriminación
Para María Cristina Beute, la totalidad de las estrategias delictivas relatadas tuvieron por resultado la intimidación y sujeción de las víctimas, quienes manifestaron no haber denunciado antes por temor a las represalias en su contra. “El proceso de investigación no solo permitió avanzar en el conocimiento del hecho que estábamos averiguando, sino que también permitió lograr que un grupo de víctimas, particularmente marginadas y discriminadas, que se sentían desahuciadas, se haya hecho visible pidiendo ayuda y haya obtenido una respuesta”, destacó en diálogo con Fiscales.
La representante del Ministerio Público Fiscal aseguró además que se trata del primer caso con estas características que reciben en la Fiscalía: “El primer aspecto particular es el lugar donde las víctimas de explotación ofrecían y prestaban los servicios sexuales, esto es, exclusivamente en las rutas nacionales 22 y 151. No existía un prostíbulo o espacio cerrado destinado a la explotación y donde la situación de regenteo puede resultar más evidente. Esta característica dificultó, en un principio, identificar la situación de explotación. Al principio parecía que las travestis ejercían su actividad en forma independiente y pública (…). Más adelante los testimonios revelaron que los mecanismos de explotación y sometimiento existían, y que se desarrollaban en forma solapada, durante el día y eran particularmente violentos y efectivos”.
La fiscal reflexionó sobre el caso y relató que “en apariencia eran personas que se movían libremente, en la realidad sufrían una severa restricción de su libertad, sujetas en todo momento a las órdenes de la proxeneta, que ejercía además un dominio emocional muy importante sobre ellas”.
Otra particularidad que destacó la fiscal es que al ser travestis la totalidad de las víctimas esto permitió evidenciar las situaciones de vulnerabilidad específicas que sufren las integrantes de este colectivo. “Los tratos discriminatorios y denigrantes, los obstáculos para acceder a empleos y otras formas de maltrato en razón de su género” son aspectos distintivos de lo implacable de la explotación que sufren las travestis en situación de prostitución y trata, permanentemente amenazadas y agredidas verbal y físicamente.
Denunciá la trata las 24 hs los 365 días del año al 145 en todo el territorio nacional
*Periodista de fiscales.gob.ar