Por Pablo Goldring. En la madrugada de hoy, la Legislatura se aprestaba a votar el presupuesto y la ley tarifaria para el año próximo. El mismo contempla recursos que alcanzan los $40.400 millones con un gasto estimado en $40.550 millones.
Frente a los datos duros del presupuesto, es preciso analizar qué Ciudad y qué políticas quedan expresadas a partir del mismo.
Hace años, el modelo macrista fortalece la intervención estatal, direccionando su política a favor de intereses corporativos y particulares, en desmedro del interés público y popular. En la Ciudad existe una apuesta a fortalecer cierto tipo de Estado. Lo que se observa entonces es una acumulación del capital financiero especulativo e inmobiliario entroncado en palancas claves del Estado, generando una ciudad exclusiva, que expulsa mediante las lógicas del mercado a grandes sectores sociales postergados.
Esta política queda en evidencia al leer el mensaje presupuestario enviado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad. Allí, el gasto público prevee un aumento nominal del 11,4%, que, teniendo en cuenta la inflación real, implica un ajuste en las cuentas públicas, especialmente en la inversión prevista para Salud, Educación, Vivienda, Cultura, entre otros.
Así, podemos hablar de una “dualización” de la política pública macrista, es decir, impone la reducción del gasto en áreas sociales claves, mientras profundiza los negocios con las empresas contratistas y subvenciona al capital privado.
Un ejemplo que surge de la lectura del Presupuesto 2013, arroja que frente a los 208 millones destinados a la Dirección General de Reciclado, cuya función principal es el pago de incentivos a las cooperativas de recuperadores urbanos, el gobierno destina para las empresas encargadas de la recolección de residuos más de $2.900 millones (donde CLIBA del Grupo ROGGIO se lleva el mayor porcentaje).
En esta misma dirección, mientras la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, que tiene por objeto la grandilocuente tarea de “transformar las villas en barrios a través de un diseño urbano inclusivo”, cuenta con un presupuesto de poco más de $80 millones; la Dirección General de Espacios Verdes perteneciente al Ministerio de Espacio Público y Ambiente contempla la friolera de 356 millones cuyo objetivo es “llevar adelante el cuidado que requieren los espacios verdes de la Ciudad (las plazas, parques y paseos requieren de diferentes metodologías, maquinarias, corte de césped, poda, etc.)”.
Cabe señalar que dentro del Ministerio de Espacio Público no se tienen en cuenta las políticas para las villas de la Ciudad, lo que manifiesta la dualidad en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Es decir, para los barrios urbanizados el macrismo invierte en plazas y parques; mientras que para las villas y asentamientos, destina políticas de emergencia y asistencialismo.
Otra jurisdicción que alienta estas dualidades es el Ministerio de Educación, cuya Dirección General de Educación de Gestión Privada contará con un presupuesto de $1.652 millones, frente a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Escolar que ronda los $139 millones. De espaldas a la comunidad educativa que reclama por el déficit de infraestructura en la escuela pública, el macrismo sigue orientando el gasto para favorecer la escuela privada.
Estos ejemplos son un reflejo de una política presupuestaria destinada a convalidar un Estado que privilegia la acumulación de los grupos económicos, estableciendo de esta forma las “externalidades” que el capital no es capaz de generar por sí mismo: se trata de exenciones impositivas, grandes planes de reconversión del sur, la instalación de los polos y distritos, entre otros beneficios destinados al capital privado.
Frente a un Presupuesto que niega a amplios sectores las condiciones para gozar del derecho pleno a vivir la Ciudad, es preciso unificar las luchas del campo popular, ampliando la participación y construir una alternativa mayoritaria que camine hacia una Ciudad inclusiva, democrática e igualitaria.