Por Jessica Dos Santos Jardim, desde Venezuela. En el diálogo con el gobierno, la oposición exige el indulto a varios presos condenados por su participación en el golpe de 2002. El trasfondo de este reclamo, lo que marca la Constitución y cómo están operando los medios.
Durante la madrugada del pasado 11 de abril, precisamente cuando se estaban cumpliendo 12 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, el pueblo venezolano visualizó a través de cadena nacional a algunos de los protagonistas de aquella acción sentados en el Palacio de Miraflores, dialogando con el mismo gobierno de entonces, pero ahora presidido por Nicolás Maduro, y exigiendo la pronta liberación de quienes asesinaron a 19 personas (opositores y chavistas, vale recordar) durante aquellos días. ¿Qué se esconde tras esta solicitud de la autodenominada Mesa de la “Unidad” Democrática (MUD) que agrupa a todos los partidos de la derecha? ¿Hay probabilidades de que sea complacida esta petición? ¿A quién le corresponde tomar esa decisión? Desde Venezuela, apartamos las vísceras e intentemos analizar seriamente el panorama.
¿Qué dice el chavismo?
Dentro del chavismo predomina un enorme rechazo ante la posibilidad de otorgarle la libertad plena o condicionada a los implicados en el golpe de 2002, mucho más si se trata de uno de los jefes de aquella masacre, el entonces secretario de Seguridad de la Alcaldía de Caracas, Iván Simonovis, quien lleva nueve años en prisión pero aún le faltan 21 de condena.
Pero, ¿quién ha dicho que es posible? Antonio “El Gato” Molina, integrante de la Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002 y parte del equipo de abogados que asumió el caso de Puente Llaguno, donde se procesaron y hallaron culpables a una serie de funcionarios de la antigua Policía Metropolitana, responde: “Creo que este tema ya está agotado, sobre todo porque el artículo 29 de la Constitución establece de forma contundente que todas aquellas personas que hayan sido juzgadas y condenadas por delitos de grave violación a los derechos humanos no pueden ser cobijados con ningún tipo de beneficio que conlleve a la impunidad, incluyendo el indulto y la amnistía”.
Sin embargo, los líderes de la oposición llevan años insistiendo en lo mismo, con particular énfasis desde el 2008. “No entiendo cómo insisten con un tema que cada vez que intentan impulsar ha obtenido la misma respuesta. Además, en la MUD hay cualquier cantidad de abogados, y abogados que se jactan de ser muy buenos porque tienen altos niveles académicos y son profesores de reconocidas universidades. ¿Por qué estos tipos no asesoran legalmente a los líderes de la derecha que ahora andan tratando de recuperar el terreno que perdieron con sus guarimbas (protestas violentas)? La Constitución es clara”, explica Molina.
La Constitución venezolana no permite indultos ni amnistía para estas personas, pero ¿qué es un indulto y qué es una amnistía? ¿De verdad no hay excepciones? “No. El indulto es una figura que está prevista para aquellas personas que ya están sentenciadas y es una facultad que tiene únicamente el presidente de la República. La amnistía es una facultad que tiene la Asamblea Nacional, y es para aquellas personas cuyo proceso judicial se encuentre en curso y aún no posean sentencia, por eso en este caso no es viable. ¿Qué piden estos señores? Señores que además meten en la misma solicitud, en el mismo saco, a los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, sentenciados por asesinar al honorable Fiscal Danilo Anderson. De paso los pretenden etiquetar de ‘presos políticos’ cuando ellos sólo eran ex funcionarios de la policía y no actuaron por motivos políticos ni tenían ninguna militancia activa”, detalla Molina.
Hace unos días, el gobierno venezolano, a través del vicepresidente Jorge Arreaza, propuso darles un derecho de palabra a las víctimas y familiares de las victimas de abril del 2002 durante el diálogo de paz con la oposición. “El sector del chavismo les pidió oír a las víctimas y a ellos no les quedó más alternativa que reconocer la existencia de estas víctimas, víctimas no reconocidas por más de 12 años. Eso ya es un triunfo desde el punto de vista legal y político. En ese derecho de palabra nosotros mostraremos la cantidad suficiente de elementos y razones que nos llevan a oponernos a que estos asesinos tengan alguna especie de beneficio. Además, ellos hablan de unos supuestos ‘exiliados’ o ‘perseguidos políticos’, pero que yo recuerde, en el caso del señor Oscar Pérez alias Cabeza de Motor, el señor Manuel Rosales, Carlos Ortega, Alfredo Peña y Pedro Carmona Estanga, simplemente se fueron huyendo del país ante un proceso penal, no ante una persecución”, aclara el abogado.
El dolor según los medios
Los medios de comunicación privados han emprendido, nuevamente, una campaña que pretende demonizar a los chavistas que se oponen a la liberación de estos personajes. Absolutamente todos, hasta es el ser más despreciable, tiene sus dolientes. Pero entonces, ¿por qué esos medios no le ceden el mismo espacio al dolor de los familiares y amigas de aquellos venezolanos asesinados en abril del 2002? ¿Por qué no entrevistan a quienes quedaron con heridas de por vida?
“Ellos siempre han invisibilizado a las víctimas del 11 de abril –remarca Molina-. Al esconder a las víctimas, no hay victimarios. Desde que ocurrieron estos sangrientos hechos, los medios tienen una campaña para presentar a los victimarios como víctimas y viceversa. Entonces ves que pasan la desgracia personal que supone para estos asesinos estar presos por los delitos cometidos, y ponen una música que hace llorar a los televidentes, pero no muestran el dolor de los familiares que perdieron a sus seres más queridos ni a aquellas personas que aunque sobrevivieron igual sufrieron graves lesiones que mantienen a algunas personas postradas en una cama sin posibilidad de recuperarse más”.
“Yo creo, y asumo todo mi responsabilidad ante lo que voy a decir, que esta solicitud fue elaborada desde fuera de nuestras fronteras, y se corresponde con un formato bien definido –reflexiona Molina-. ¿Por qué la gran preocupación únicamente por ciertos y determinados presos? Esa es una pregunta que debería hacerse la gente. Pareciera que para ellos hay presos de primera, de segunda y de tercera. En la oposición hay mucha gente que está presa por diferentes delitos y ellos ni los nombran, pero nombran precisamente a los que tienen cierto poder de reclamo, a apellidos con cierta alcurnia que le fueron impuestos a la MUD. Pareciera que la propia MUD tiene un compromiso con ciertos gobiernos y grupos de poder para que se beneficien a determinadas personas”.