Del dicho al hecho. Con 4 meses de gestión, las consecuencias del negacionismo explícito con el que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación son imperdonables en el área de los Derechos Humanos.
Por Luz Ailín Báez | Foto: Nadia Sur
El pasado 27 de marzo el ministro de Defensa Luis Petri junto con el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes, desmantelaron los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del área de dicha cartera que investiga crímenes de Lesa Humanidad de la última dictadura.
Se trata de un equipo conformado en 2010 de la mano del Decreto 4/2010 que permitió la desclasificación de archivos de Inteligencia del período 1976 y 1983, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que viene trabajando ininterrumpidamente desde entonces.
“Inicialmente el grupo llegó a ser de 30 personas. El macrismo hizo su primer achique pero la tarea, con sus dificultades, continuó”, cuenta Stella Segado, integrante del Área de Acervo documental de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de la Procuración General de la Nación.
Además de echar a 10 trabajadorxs, Petri y Erbes derogaron dos Resoluciones, la 308/2010 y la 1573/2023. Una otorgaba un carácter permanente a los equipos y la otra creaba y reglamentaba el reciente Sistema de Archivos de la Defensa.
Así, mientras enaltece con discursos rimbombantes a las “Fuerzas del Cielo”, el gobierno de Javier Milei desarticula una política pública de promoción y protección de los Derechos Humanos, pausando el camino de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas.
Estos despidos en el Ministerio de Defensa se dan en un contexto de avanzada particularmente violenta con quienes trabajan en temáticas de derechos humanos: ese mismo día, en el predio de la Ex ESMA donde funciona el Ministerio de Justicia y DDHH, varios trabajadores despedidos (al momento, 450) fueron amenazados con un arma de fuego por la custodia del actual secretario de DDHH, Alberto Baños, cuando se acercaron a consultar si habría empleados cesanteados.
Toda una marca de época.
Documento mata impunidad
Los equipos de Relevamiento y Análisis están conformados por una diversidad de profesionales: historiadorxs, comunicadorxs, licenciadxs en políticas públicas, abogades, entre otrxs.
-¿Hay copia de todo el material? ¿Es realmente posible destruir toda la evidencia recolectada en los informes?
-No es necesario destruir. Con ocultar o negar es suficiente… Un “no se encuentra” es suficiente.El trabajo del equipo es evitar eso.
Segado explica que la importancia del trabajo en los archivos de las FFAA se da en dos líneas importantes, la histórica y la de violaciones a los derechos humanos: “En la histórica se rescataron y pusieron en contexto documentos sobre partes de nuestra historia. Las listas negras, las actas de la junta militar 71-73 y 76-83 y el Informe Rattembach sobre Malvinas (por citar algunos) fueron desclasificados para que la sociedad pudiera tener acceso a parte de la historia que estaba vedada”, detalla.
Así, en el marco de la conmemoración del 40° aniversario, se digitalizaron todos los fondos y colecciones sobre la Guerra de Malvinas en guarda en los archivos históricos de las Fuerzas Armadas y, por primera vez desde el conflicto, se puso a disposición de toda la sociedad argentina, documentos de esos acervos en el sitio web Archivos Abiertos.
Es gracias a estos equipos que hoy cualquier ciudadanx puede acceder a los mismos con un solo clic.
Un trabajo con estándares internacionales
Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, expresó en su Informe 2023 para el Consejo de Derechos Humanos que los estándares jurídicos que son “pilares” de la justicia transicional son la verdad, la justicia, la reparación, la memorialización y las garantías de no repetición.
En cuanto a la conservación de registros y sitios históricos, señala que “deben derogarse las disposiciones que impiden desclasificar la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos”.
En ese sentido, el Equipo que el ministro Petri decidió desguazar ha sido reconocido regional e internacionalmente por ser un caso modelo de tareas de archivo realizadas por civiles en dependencias de las Fuerzas Armadas, que permitieron aportes claves a causas judiciales que investigan delitos de Lesa Humanidad.
Segado ejemplifica: “El equipo realiza la exploración de cruces documentales que permitieron producir información que no está contenida en los documentos tomados individualmente. Así se fueron delineando estrategias para recuperar organigramas de las estructuras operativas de las Fuerzas, formas de constitución de los grupos de tareas y grupos especiales y sus modos de operación en el terreno” (sobre documentos de la Inteligencia durante la última Dictadura, en 2020 salió una nota especial en Marcha).
¿Acaso no dimensiona Lucas Erbes, el director nacional de Derechos Humanos de La Libertad Avanza como abogado y especialista en Defensa y Garantías egresado de la Universidad del Litoral, la importancia de este equipo?
Pocos días antes de tomar esta medida, Luis Petri había dicho que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas”. El titular de las Unidades de Asistencia para Causas por violación a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de las jurisdicciones de Bahía Blanca y Neuquén, Miguel Ángel Palazzani (quien como fiscal pidió el procesamiento de Vicente Massot, ex director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad), se pronunció públicamente en una carta al ministro.
En ésta le solicitó “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento. Ello, en atención a que resulta de fundamental importancia como medio de prueba para las causas en trámite en la jurisdicción; asimismo los archivos constituyen elementos necesarios para dar cumplimiento a la obligación asumida por el Estado argentino de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, sus familiares y la sociedad toda”.
Lo realmente insólito fue lo que ocurrió luego: el procurador general interino Eduardo Casal sancionó al fiscal federal de Bahía Blanca. En otras palabras, lo mandó a silenciar.
El trabajo del equipo en cifras
En estos casi 14 años ininterrumpidos de trabajo los equipos de Relevamiento y Análisis aportaron a causas judiciales por delitos de Lesa Humanidad en todo el país:
- Presentaron más de 170 informes de investigación a la justicia.
- Relevaron más de 17 mil legajos (de las tres Fuerzas).
- Digitalizaron más de 9 mil documentos (al menos 50% legajos).
- Trabajaron para la consulta más de 1.500 documentos en Archivos Abiertos, en el marco de proyectos especiales de relevamiento, análisis y acceso.
Los Estados tienen la responsabilidad de preservar y transmitir la memoria sobre las violaciones de los derechos humanos y deben para eso, garantizar el derecho de todas las personas a conocer la verdad. Preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones es preservar del olvido la memoria colectiva.
*A la fecha en que se escribió esta nota 4/4/2024 ATE Capital denunciaba que los despidos en la cartera de Justicia y DDHH son 450.