Por Fernando Vicente Prieto y Micaela Ryan, desde Caracas. Tras varios meses de guerra económica y mediática, la situación en Venezuela parece haber entrado en un momento clave, a pocas semanas de las elecciones municipales del 8 de diciembre. En este contexto, el gobierno lanzó una serie de medidas, que incluyen mayor control sobre el Comercio Exterior y una Operación Nacional de Fiscalización.
Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo, en la Faja del Orinoco. No es de extrañar que grandes empresarios y sectores aliados a los EE.UU. intenten volver como sea a la posición que tuvieron desde principios de siglo XX hasta 2003, cuando el Estado venezolano recuperó la soberanía sobre los hidrocarburos y por lo tanto, sobre la mayor entrada de divisas al país. Desde entonces han sido varios los intentos de desestabilización que incluyeron la inflación y el desabastecimiento de productos para generar malestar en la población y legitimar un eventual golpe de Estado. Un manual que los sectores reaccionarios ya han usado en el continente, como es el caso de Chile hace cuatro décadas, con trágicos resultados para la población chilena y también para la unidad latinoamericana.
En Venezuela, el mismo esquema se utilizó en la previa al golpe de abril de 2002, que duró dos días. En los últimos meses volvieron las colas para conseguir algunos productos, que escasean en comercios regulares pero reaparecen luego en comercios informales con precios más altos. Al mismo tiempo, el precio del dólar paralelo se disparó hacia las nubes, multiplicando seis o siete veces el valor oficial. Esto también evidenció problemas internos de corrupción, teniendo en cuenta que más del 90% de las divisas son controladas por el Estado a través de los ingresos por exportaciones de petróleo. Sobre estos problemas se han venido enfocando las propuestas del gobierno bolivariano, que entre otras iniciativas solicitó a la Asamblea Nacional una ley habilitante para luchar contra el acaparamiento y la corrupción.
El miércoles, el presidente Maduro anunció nuevas medidas y acusó a los gremios empresarios Fedecámaras, Consecomercio y a la Cámara de Comercio Venezolano-Estadounidense (Venancham) de estar detrás del golpe.
Control del comercio exterior y fiscalización con el Poder Popular
Maduro señaló que “el país debe cambiar todo lo que sea necesario para lograr un nuevo orden económico nacional, para dirigir la transición al socialismo”. En tono autocrítico, sostuvo que muchas instituciones estatales “están agotadas”, porque “han sido perforadas, penetradas, envenenadas, en muchos casos por la corrupción controlada por debajo por la misma burguesía”, en un proceso al que volvió a llamar “cadivismo”, en referencia a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
La intención, según expresó, es “proteger al pueblo venezolano de la especulación de la burguesía parasitaria y de los mecanismos que han creado para saquear al pueblo”. Con ese objetivo anunció la creación de dos organismos: el Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación Nacional de Comercio Exterior, que manejarán todos los asuntos vinculados con las importaciones. De esta manera, podrá conocerse cuáles son las necesidades reales de importación que tiene el país en materia de alimentos, materias primas, bienes de capital, entre otros. Ambos organismos trabajarán de manera coordinada con los entes del Estado que suministran divisas. Desde el gobierno estiman que actualmente entre el 30% y el 40% de las divisas solicitadas por los importadores se justifican con sobrefacturaciones y una vez otorgadas, son inyectadas en el mercado de venta ilegal de divisas.
Además, Maduro lanzó la Operación Nacional de Fiscalización, para controlar el cumplimiento de los precios de todos los productos básicos a través de dos instituciones, Sundecop e Indepabis. Estas inspecciones ya comenzaron y se realizan con apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y una nueva instancia del Poder Popular: los comités de defensa de la economía.
El plan de EE.UU., Uribe y la derecha venezolana
Maduro también se refirió a la coincidencia entre el plan denunciado recientemente por la periodista Eva Golinger y lo que viene sucediendo en el país. El martes pasado, Golinger dio a conocer en Russia Today un documento titulado “Plan estratégico venezolano”, fechado el 13 de junio de 2013, que describe con precisión la secuencia de guerra económica y ataque al proceso revolucionario. El plan fue elaborado en una reunión en la que participaron la Fundación Internacionalismo Democrático, del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense FTI Consulting. También participaron dirigentes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Aveledo; el publicista J.J. Rendón y el encargado de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) para América Latina, Mark Feierstein.
El documento habla de un período de seis meses, desde junio hasta las elecciones municipales del 8 de diciembre, de “desgaste acelerado (y) paulatino de la gestión del Gobierno, facilitando el triunfo supremo de la oposición para ese evento”. Aunque aclara que “si (el desgaste acelerado y paulatino) fuera antes, mucho mejor”.
Al igual que entre el 15 y el 17 de abril de este año, tras las elecciones ganadas por Maduro -cuando el llamado de Capriles a “expresar la arrechera” (furia) terminó con once personas asesinadas-, los opositores plantean capitalizar el malestar generado con la guerra económica con manifestaciones en la vía pública que terminen en graves disturbios. Estremece la claridad con que el documento plantea el objetivo: “Crear situaciones de crisis en las calles que faciliten la intervención norteamericana y fuerzas de la OTAN, con el apoyo del Gobierno de Colombia. Cuando sea posible, la violencia debe provocar muertos o heridos”.