Por Laura Salomé Canteros / Foto: Tadeo Bourbon
Hace diez meses que Morelia está encerrada. Víctima de violencias, su historia nos recuerda a la de Reina Maraz y nos hace reflexionar sobre el paradigma que pretenden imponernos que dice que no somos dueñas de nuestros cuerpos. Para las mujeres no hay legítima defensa.
Morelia era víctima de violencias en su hogar y hoy lo es de parte del Estado. En marzo de año pasado su ex pareja, Brayan, intentó ahorcarla y se defendió hiriéndolo de muerte. Salvó su vida, sin embargo está acusada de “homicidio agravado por el vínculo”, recibiendo desde ese momento un trato de criminal y está encerrada en una Comisaría sin poder ver a su niña de apenas un año.
Morelia no está sola, está acompañada por el aprendizaje de los feminismos que liberaron a Ailén y Marina Jara, Yanina González, Reina Maraz o Celina Benitez, todas mujeres jóvenes y pobres que fueron criminalizadas y perseguidas por operadores/ as judiciales que en ocasiones carecen de capacitación con enfoque de género y disidencias y en otras actúan siendo cómplices involuntarios del sistema machista que nos violenta, viola y mata cada día.
Morelia debería estar en su casa a la espera del juicio, junto a su bebé y familia. Es por eso que la estrategia judicial, a cargo del abogado Ernesto Flores, de inmediato comenzó a trabajar para lograr, en la historia de esta joven migrante de 22 años, el cambio de carátula donde se contemple necesariamente que la víctima de violencias era ella, por lo que su acción en respuesta a la agresión violenta, constituye “legítima defensa”.
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Sin legítima defensa para Morelia
El pasado 7 de enero, las activistas populares y feministas que acompañan a Morelia y su familia organizaron una movilización en los Tribunales de Lomas de Zamora donde radica su causa. Una vez más, reclamando definiciones con perspectiva de género de una fiscal especializada: Fabiola Juanatey de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Femicidios, quien caratuló la causa con el delito que contiene la pena máxima del Código Penal argentino.
La fiscal es además quien llevó adelante la investigación por el femicidio de Anahí Benitez, asesinada entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 2017, y que pidió en diciembre pasado la elevación de la causa a juicio oral contra dos acusados que se encuentran detenidos. De la misma forma que como pasó con la poco célebre y recordada por los feminismos, Carolina Carballido Calatayud, fiscal quien enjuició por “mala madre” y revictimizando a Yanina González en 2015 en el distrito de Pilar, se exige a las y los operadores judiciales que la normativa internacional con perspectiva de derechos sea aplicada en la historia de violencias de Morelia, hoy convertida en un caso judicial.
Tras la acción en los tribunales, Morelia, la fiscal y el juez Jorge Walter López, titular del Juzgado de Garantías N° 1, firmaron el consentimiento informado y, al menos en los papeles, el arresto domiciliario quedó firme. Sin embargo desde entonces, se espera que consigan la pulsera electrónica, la modalidad que le asignaron. Y un número en una lista: Morelia está en el puesto 71 de una lista que arbitrariamente podría bien terminar o bien prolongarse.
Desde el Espacio de Mujeres y Disidencias del Frente Popular Darío Santillán, afirmaron que a Morelia “la están tratando como si fuera una asesina que tiene que estar constantemente monitoreada por una pulsera cuando actuó en defensa propia”. Sostienen que luego de 15 días de espera y con el arresto domiciliario firme, se debe concretar la excarcelación de Morelia “con la modalidad más ágil y accesible, en tiempos que contemple sus derechos y los de su hija de apenas un año”.
Paradojas de la herramienta del derecho. Justo en marzo del año pasado, mientras Morelia era agredida, el equipo de Juzgado de Garantías Nº 1 participaba de un encuentro de capacitación sobre “legítima defensa”. Así lo informan en la web. Esperamos por el buen desempeño como funcionarios/as del Estado que haya sido con perspectiva de género y disidencias.
Morelia Colque Carlos nació en Bolivia en 1996, vino a Buenos Aires a los 11 años donde se mudó con su madre, padre y hermanos a Tristán Suárez, en la provincia de Buenos Aires. En 2017 conoció a Brayan Daniel Huanca y en enero de 2018 tuvieron una hija. Él y su familia la violentaban sexual, física y psicológicamente; motivo por el que decidió separarse. El 27 de marzo de 2018, Morelia estaba con su bebé en su casa del barrio Tonghi cuando él entro a la fuerza e intentó asfixiarla. En el intento de defenderse, ella lo hirió de muerte y luego cayó desmayada en estado de shock. La ambulancia tardó más de 40 minutos en llegar y el joven murió en el hospital. Desde ese día Morelia está detenida en una comisaría, primero en Avellaneda y actualmente en Lomas de Zamora. La fiscalía que interviene es la especializada en géneros de los tribunales de Lomas de Zamora, sin embargo definió la causa como como “homicidio simple agravado por el vínculo”.