Barrio Aeroparque (Miramar)
Por Josiana García, desde Miramar. 80 familias del barrio Aeroparque de la ciudad de Miramar, organizadas en el Movimiento de Familias Sin Techo, ocuparon viviendas del Plan Federal abandonadas hace siete años.
En el 2004 se iniciaron las obras del Plan Federal de Viviendas en el barrio Aeroparque de la ciudad de Miramar. Son 350 casas que debían comenzar a ser entregadas a familias en emergencia habitacional un año después. Pero, desde hace siete años, las obras fueron abandonas por las empresas constructoras. Ante la necesidad de un techo, las viviendas comenzaron a ser ocupadas.
“Hay familias que están hace cuatro años y otras que llegaron al barrio hace un mes”, cuentan las integrantes del Movimiento de Familias Sin Techo. Actualmente, alrededor de 50 viviendas continúan deshabitadas. En las restantes, viven familias adjudicatarias del Plan Federal. Aunque, como las obras nunca fueron terminadas, no cuentan con los papeles correspondientes. Sólo algunos tienen un acta de entrega de preadjudicación. Los vecinos denuncian que este proceso ha sido irregular y que hay personas que vendieron sus viviendas o que fueron beneficiadas con más de una.
Cuando comenzó la ocupación, las casas no tenían puertas, ventanas, sanitarios y tampoco los servicios de luz y agua. Incluso, algunas no tienen techo. Quienes pueden, han ido mejorando las viviendas; pero aún hoy tienen que caminar hasta dos cuadras para conseguir agua en la casa de algún vecino. Intentaron iniciar los trámites en Obras Sanitarias y EDEA S.A, pero les respondieron que desde la Municipalidad dieron la orden de no iniciar las obras para que lleguen los servicios.
Desde hace poco más de un mes, los vecinos comenzaron a organizarse en el Movimiento de Familias Sin Techo de Miramar. “Somos mujeres que estamos luchando por nuestro techo digno”, afirmó Graciela, integrante del movimiento. Le exigen al Municipio una respuesta a su situación habitacional.
Las familias tienen miedo de ser desalojadas. Si bien hasta el momento el Estado no presentó ninguna denuncia, personal de la Fiscalía Descentralizada que interviene en la ciudad, afirmó que seis vecinos del movimiento recibieron notificaciones de mediación penal, ante la denuncia de algunos preadjudicatarios del Plan Federal y del secretario de seguridad local.
La estrategia del municipio fue entregar a cada preadjudicatario un certificado de tenencia precaria para que tomen posesión de las viviendas a pesar de que las mismas no tienen finalización de obra y se encuentren en estado de abandono. De esa forma, se desligan de futuras responsabilidades civiles y penales.
La situación se tensó durante la noche del domingo 1º de julio, cuando corrió el rumor de un desalojo. Los vecinos se movilizaron y lograron que el secretario de desarrollo humano, Ariel Zugazuga, se acercara hasta el barrio. En ese encuentro se acordó una reunión para el día siguiente. A las 8 de la mañana del lunes 2, la reunión se realizó en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario del barrio. Participaron Zugazuga y el secretario de Gobierno, Martín Scarpignato. En la reunión, los funcionarios dejaron en claro que no había ninguna posibilidad de desalojo. También reconocieron que en el barrio hay una organización y que cualquier negociación será colectiva. Además, coincidieron con la posición de los vecinos de que se está ante un conflicto social que debe resolverse desde la política y no con judicializaciones.
El primer paso será la realización de un relevamiento a cargo de las asistentes sociales del municipio. “Es necesario conocer la situación de cada una de las familias para encontrar soluciones”, afirmó Scarpignato. Según lo acordado, las entrevistas comenzarán el miércoles o jueves de esta semana. Con respecto a los servicios de luz y agua, los funcionarios negaron haber dado la orden a las empresas de impedir que lleguen los servicios al barrio. Zugazuga insistió con que “tienen que iniciar el trámite individualmente”.
Las familias son asesoradas por el equipo del Observatorio Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Regional General Pueyrredón-Balcarce y Mar Chiquita y recibieron la solidaridad de la organización Los Sin Techo de Mar del Plata y del Equipo de Acción Jurídica Popular La Grieta.