Foto: Los Ojos de Anita
Por Miriam Moreyra. En el día clave para la querella de los dos periodistas de la RNMA heridos con bala de plomo en el desalojo de la Sala Alberdi, dialogamos con Germán de los Santos, uno de los damnificados, sobre la presentación que se realizará.
Llegó el día donde se presentará ante la Justicia la querella iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) que fueron heridos con balas de plomo durante el brutal intento de desalojo del acampe de la Sala Alberdi del CC Gral. San Martín, realizado por la policía Metropolitana, el 12 de marzo de 2013.
LA RNMA, el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos (ENECA) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) realizarán además una Jornada Artístico-cultural desde las 10.30 frente a la Sala V de la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte entre Libertad y Cerrito. Dicha Sala deberá pronunciarse sobre la decisión de la Jueza de Instrucción, Wilma López, de declararse incompetente a favor de un juzgado de menores que investiga otros hechos ocurridos antes de los disparos con balas de plomo, en otra zona céntrica, cercana al operativo.
Recordemos que la brutal represión que la Policía Metropolitana llevo adelante el 12 de marzo, en el intento de desalojo del acampe de la Sala Alberdi, arrojando gases lacrimógenos y disparando balas de plomo sobre los artistas que se manifestaban en defensa de los espacios públicos culturales, dejó como saldo decenas de heridos apaleados, así como las lesiones con balas de plomo a un manifestante y a los periodistas de la RNMA -Germán Darío de los Santos (integrante de DTL!) y Esteban Ruffa (fotógrafo de la Agencia de Noticias ANRed)- quienes cubrían los acontecimientos ya entrada la noche.
Gracias al material aportado por la RNMA, la fiscalía pudo identificar e imputar a los Oficiales Mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, y el Oficial Nelson Maximiliano Acosta, por el delito de tentativa de homicidio agravado ya que se trata de miembros de una fuerza de seguridad. También están imputados en la causa dos miembros de la Policía Federal, el Comisario Pedro Carnero (de la Seccional 30), y el Comisario Inspector Guillermo Calviño (Jefe de la Dirección General de Conducción Operativa), por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión funcional.
Marcha y FM CHE Barracas dialogaron con Germán de los Santos, integrante del colectivo DTL Comunicación Popular, uno de los heridos por las balas de plomo de la metropolitana y querellante en la causa.
-Germán, como parte querellante de la causa, contanos en qué situación está y qué va a pasar el 17 de julio
-Germán de los Santos (GS): Después de haber cambiado varias veces la fecha de la audiencia, la Cámara Nacional de Apelaciones tiene que arbitrar debido a una apelación que nosotros tuvimos que hacer. Esto viene a raíz de un fallo de la jueza de Instrucción de la causa, para investigar todo y definir si se eleva a juicio o no. Esta causa comienza de oficio el día en que tres personas heridas con balas de plomo ingresan a distintos hospitales.
A partir de ese momento, Esteban Ruffa de Anred y yo iniciamos la querella bajo el patrocinio de CORREPI (Coordinadora Antirrepresiva) CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) Y COPOL (Colectivo Popular por los DDHH), tres organizaciones que trabajan en lo legal en lo antirrepresivo. Una tercera persona resultó herida en aquella ocasión, pero decidió no querellar.
Lo que sucedió desde aquel momento desde que nosotros nos presentamos como querellantes en adelante fue que básicamente nos aceptan la querella y después comenzó toda la etapa de instrucción. En el camino, nos enteramos de que la jueza Wilma López -que es la misma que entendió en el caso por el asesinato de Mariano Ferreyra en manos de la patota de la Unión Ferroviaria y con el auxilio y la complicidad de la Policía Federal- es la misma que está entendiendo en esta causa. Hace poco más de un mes, emitió un fallo donde se declara incompetente y toma la decisión de llevar la causa a un Juzgado de menores entendiendo que, en este caso, pretende unificar la causa de cuatro personas detenidas aquel día (en manos de la misma Policía Metropolitana) juntándolo con los tres damnificados por balas de plomo. Entonces, como uno de los detenidos es un menor de edad, cree razonable y que corresponde que toda la causa vaya al juzgado de menores que atendió por ese menor.
Por otro lado, en los argumentos que esgrime deja abierta la puerta a ser considerado como legítima defensa el ataque que hizo la Metropolitana hacia nuestras personas, entendiendo que hay un oficial que fue herido en la mano con un piedrazo, y que muy probablemente se haya sentido amenazada su vida y por eso definió disparar. Es decir, se lo toma como un justificativo para disparar balas de plomo. Entonces, hay tres imputados en esta causa: dos oficiales de rango mayor y otro oficial. Dos de ellos, son jefes de escuadrón y tenían armas largas ese día, y otro oficial, bajo las órdenes de uno de ellos, también participó del operativo con arma larga. De esas tres personas, salieron las balas de plomo.
-¿Cómo repercute este cambio que hizo la jueza, esta unificación de las dos causas?
-GS: Es totalmente negativo para el esclarecimiento de este hecho porque no tienen nada que ver el Juzgado de menores que entendía en la detención de una persona que se estaba manifestando. En sus argumentos, la jueza López sostiene que es un hecho único, histórico. A los cuatro detenidos se los acusa de desde romper las vidrieras del Centro Cultural Gral. San Martín, hasta romper los vidrios del Teatro Colón que están a 6 o 7 cuadras de ahí. Por ejemplo, esa situación de los vidrios que se rompieron pasó horas más tarde, después de que ellos hayan sido detenidos. Entonces, es imposible que ellos hayan hecho eso porque fueron detenidos a metros del Centro Cultural San Martín.
La acusación ya es falsa de por sí. Pero no sólo eso, sino que además, se los está acusando de un montón de otras cosas. Que ella (la jueza) crea que haya que vincular la represión que nosotros sufrimos con la detención de estos cuatro manifestantes es bastante antojadizo, ya que para llegar del lugar donde ellos fueron detenidos, en las puertas del CCGSM, al lugar donde nos disparan hay tres cuadras de distancia. En verdad hay 100 metros de distancia, pero hay que recorrerlos rodeando toda la manzana porque, en aquel momento, la calle Paraná estaba totalmente cortada por la misma Policía. Entonces ahí el recorrido es de 300 metros, apróximadamente, y esto sucedió más de una hora después. Por eso decimos que es totalmente un antojo creer que los oficiales que dispararon hayan tenido argumento o justificativo para habernos baleado.
Pero sobre todo lo que estamos rechazando es el argumento de legítima defensa que quiere dejar asentado la jueza. Nosotros vamos a ir con nuestros argumentos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal que está en la calle Viamonte, entre Liberdad y Cerrito. Por eso convocamos a toda la gente que se pueda acercar a apoyar esta causa justa, este hecho que va a quedar en la memoria. Desde nuestro rol como comunicadores en los hechos, podemos asegurar que no hay tantos casos de este tipo en nuestra historia reciente.
-Esta Jornada artístico-cultural en la Cámara Nacional de Apelaciones, ¿en qué consta y cuál es el objetivo?
-GS: El jueves 17 de julio va a haber una Jornada artístico-cultural, que comenzará cerca de las 10:30 horas, en apoyo a esta audiencia que vamos a tener para hacerles saber que nosotros, los que sufrimos la represión, no estamos solos: tenemos el apoyo de un montón de sectores sociales y culturales, que están tan preocupados como nosotros por lo que está sucediendo en la Ciudad y obviamente en el país. Mientras la ola represiva avanza y las privatizaciones avanzan, nos sentimos todos involucrados en lo mismo.
Estamos convocado a esta actividad desde varios ejes: uno tiene que ver con lo que está pasando en este último tiempo, como la clausura de centros culturales independientes; y el otro es la privatización de casi todos los recursos públicos que inició hace bastante el gobierno porteño de Mauricio Macri. Obviamente, cuando hay sectores que se organizan y luchan para evitar este tipo de saqueos, la respuesta es la represión. Ante esta vinculación, debemos denunciar.