Por Tamara Perelmuter. Del 5 al 9 de noviembre se realizará en Buenos Aires la 6ª Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA.
Se trata de una instancia alternativa de justicia ambiental que fue oficialmente constituida en el año 1998 y sesionó por primera vez en el año 2000. Hasta la fecha, se realizaron cinco audiencias: San José de Costa Rica (2000 y 2004); México DF (2006 y 2007) y Antigua, Guatemala (2008).
En esta oportunidad los casos a juzgar serán cinco y se contará con un jurado de notables internacionales: Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, Procurador de la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; la Doctora en derecho Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense.
El primer caso será el los Vecinos Autoconvocados de González Catán contra la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por la posible afectación de los mantos acuíferos en González Catán, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Se trata de la denuncia por contaminación del agua a partir del manejo inadecuado de líquidos lixiviados y la proliferación de graves enfermedades en los barrios cercanos al botadero de desechos dela CEAMSE.
En segundo lugar, se presenta el caso de la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) contra el Estado Nacional Argentino y la Provincia de Mendoza por los presuntos daños en el territorio de La Pampa ocasionados por el corte del río Atuel. La denuncia se funda en el hecho de que la construcción del embalse El Nihuil 1 en Mendoza ha acabado con la escorrentía permanente del río Atuel aguas abajo, afectando la disponibilidad hídrica para consumo humano y uso productivo en La Pampa.
El tercer caso es el del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Socioambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco – Región de Atacama,la Pastoral Salvaguarda de la Creación– Alto del Carmen y el Comité Esperanza de Vida – Alto del Carmen, Región de Atacama contra Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de Barrick Gold (Canadiense), y su proyecto minero Pascua Lama, que denuncian impactos perjudiciales e irreversibles en los glaciares andinos.
En cuarto lugar, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) denunciarán al Estado Peruano y a la empresa minera Yanacocha S.R.L. por la ejecución del proyecto minero Conga, que amenaza al medio ambiente y el derecho al agua. En palabras de Javier Bogantes, presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, tanto este caso como el mencionado anteriormente, “son los dos más emblemáticos de minería a cielo abierto en Latinoamérica porque, en esencia, presentan las características de se dan a menudo en este tipo de proyectos, pero las muestran con gran intensidad”.
Y finalmente, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México (ANAA) se manifestará en contra de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Salud por la posible afectación y merma del caudal hídrico en la República Mexicana.Lo que se denuncia es el deterioro general de los ecosistemas, la contaminación de los sistemas hídricos, el crecimiento urbano desmedido, el impacto en la salud pública y la represión estatal a los movimientos comunales y ciudadanos en defensa del Derecho Humano al Agua en México.
La problemática del agua se torna cada vez más relevante. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, esto se contradice con la postura de la OMC (Organización Mundial del Comercio), donde el agua se presenta como una mercancía transable como cualquier otra y por ende sujeta a las leyes del mercado y a la liberalización.
Quizá no haya mejor ejemplo del cercamiento del agua como bien común que el del agua embotellada. Los seres humanos toman el agua que fluye libremente en su estado natural, para colocarla en botellas de plástico y vendérselas unos a otros a precios. Como el agua embotellada, dependiendo de la marca de la que se trate, cuesta en todas partes entre 240 y 10.000 veces más que el agua por tubería, las ganancias de este sector de la industria son muy altas.
Para el abogado brasileño Rodrigo Ferreira, miembro de la Comisión de Casos de este tribunal, en conversación con el matutino radial Llevalo Puesto, de FM La Tribu, “en Latinoamérica nos queda gran parte de la reserva hídrica del mundo. El desafío es entonces, construir una alianza de personas, de organizaciones e instituciones en defensa del derecho humano al agua”.