Foto: Vero Canino Vázquez
Por Redacción Marcha. Con el objetivo de denunciar que se desarchive la causa penal para condenar a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki se realizó una conferencia de prensa. “Archivar la causa es volver a matar a Darío y a Maxi”, fue la consigna.
Con el objetivo de no claudicar como bandera, familiares, compañeros y compañeras de Darío Santillán junto a organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas brindaron ayer una conferencia de prensa en la Estación Darío y Maxi en la que exigieron se desarchive y active la causa judicial para de esa forma condenar a los responsables políticos e intelectuales de la Masacre de Avellaneda, cometida el 26 de junio de 2002.
Funcionarios y ex funcionarios como el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde; el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá; el ex Ministro de Justicia, Jorge Vanossi; el ex Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Álvarez; el ex jefe de gabinete de la Nación, Alfredo Atanasof; el ex Secretario de Seguridad bonaerense, José Genoud; el ex Ministro del Interior, Jorge Matzkin; el ex vicejefe de la SIDE, Oscar Rodríguez y el actual senador, Aníbal Fernández fueron los señalados.
Para Alberto Santillán, padre de Darío, es “otro 26 en el que venimos pidiendo justicia, exigiendo que se investigue a los responsables políticos e intelectuales de la Masacre de Avellaneda”. Santillán relató el cambio de estrategia y que a partir de ahora la familia cuenta con la representación legal de abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, organismo que ha impulsado causas como las de Luciano Arruga o Gabriel Blanco. La APDH, para Santillán representa la lucha mancomunada de “compañeros que vienen a poner el cuerpo para ir hasta donde hay que ir”.
La causa judicial
“Primero queremos anunciar que vamos a presentar el escrito para que se desarchive y active la causa, segundo denunciar y señalar públicamente la actuación del juez (Ariel) Lijo, quien no permite que del lado de las fiscalías se investigue a la clase política”, señaló Santillán a Marcha. La apelación a la responsabilidad de este magistrado, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, no fue la única durante la conferencia de prensa. También se denunció que desde hace dos años la causa fue archivada y que Lijo, no sólo no aportó ninguna prueba, sino que además rechazó el pedido de la Fiscalía de allanar el Departamento Central de la Policía Bonaerense, desestimando cruces de llamadas entre funcionarios y autoridades de las fuerzas represivas.
“En mi fuero íntimo yo sé que Darío fue perseguido y filmado. No fue asesinado al voleo sino que sabían potencialmente todo lo que podría haber llegado a dar”, expresó su padre. “Darío combatía la política del lado de lo social, era alguien incómodo”, remarcó.
La activación de la causa por la condena de los responsables políticos y la apertura de los archivos de la SIDE podrían ser los primeros pasos para despejar las dudas de los familiares.
En enero de 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a los ex policías Alfredo Luis Fanchiotti y Alejandro Acosta por el doble homicidio agravado de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Dicho Tribunal ordenó enviar actuaciones al Juzgado Federal en Comodoro Py para investigar al ex jefe de la SIDE, Carlos Soria y el ex ministro de Justicia, Jorge Vanossi, por falsos testimonios. Ahora el Tribunal tiene la obligación de responder si concede el desarchivo según lo exigen los abogados de la causa.
La continuidad de la represión y el silencio de los medios
La Masacre del 26 de junio de 2002 fue la materialización de la decisión política de reprimir desde el Estado para disciplinar al pueblo montando una operación inédita, coordinada entre las Policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería y Prefectura Nacional y la vigilancia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); continuidad que representa la actual decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de reprimir las manifestaciones populares, criminalizar la protesta social y la evidente intencionalidad de sancionar la Ley “Antipiquete” en el Congreso.
En la conferencia de prensa también hubo espacio para denunciar las situaciones de despidos y suspensiones en las fábricas Lear y Gestamp, los intentos de judicialización del grupo Cirigliano a delegados de Emfer-Tatsa, la brutal represión en Córdoba para aprobar la “Ley Monsanto”, las represiones a integrantes de naciones originarias en Salta y Chaco, la detención de delegados y trabajadores petroleros de Las Heras y la sospechada quiebra de la gráfica Donnelley.
Pocos medios registraron la denuncia de continuidad de la complicidad del poder político con las fuerzas represivas responsables de asesinar y terminar con la vida de Santillán y Kosteki. Para el escritor y filósofo Vicente Zito Lema, “muchos periodistas contribuyen a enterrar otra vez a Darío y a Maxi y a todos los compañeros asesinados en estos últimos tiempos de gobiernos constitucionales, aunque no democráticos”. Zito Lema rescató que la generación de familiares de víctimas “son ahora ejemplo de una nueva lucha” y alertó que “los nuevos compañeros que caen por los mismos sueños que los compañeros de mi generación son asesinados, pero pareciera que fueran luchadores de segunda categoría y eso es un insulto a su memoria”.
Para Pablo Pimentel, integrante de APDH La Matanza, esta es una lucha difícil pero no imposible y advirtió que “se debe profundizar en las investigaciones” y dejar de lado “las hipocresías de quienes levantan las banderas históricas de los Derechos Humanos”. “Esta es una de las tantas burlas que hace la política a quienes luchamos -concluyó Alberto Santillán-. Pero la demostración más clara es estar en la lucha, sacar fuerzas desde donde no las hay y seguir exigiendo la condena a los responsables políticos” hacia la búsqueda de “una palabra tan linda como la justicia”.
